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Una veintena de ONG han presentado hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se asegura que los derechos humanos se encuentran gravemente amenazados en España por las políticas de recorte adoptadas en respuesta a la crisis económica, además de alertar sobre la posible vulneración de compromisos internacionales. Las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la actual situación de crisis respetando estos compromisos.

El Comité DESC, integrado por 19 expertos independientes, está evaluando a España para ver si cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. En su examen, el organismo analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el Gobierno y estos dos alternativos presentados por las ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.

El informe elaborado por la coalición de ONG denuncia que el Estado español no está protegiendo los derechos sociales. Según el documento, las medidas de austeridad fiscal “no solo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales”.

Las organizaciones destacan “el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos”, la “elevada tasa de pobreza infantil” o “el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%”. Además, recuerdan el compromiso internacional de los estados de evitar los desalojos forzosos y, “en caso de que sea ineludible, la obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado”.

En el mismo sentido se pronuncia Amnistía Internacional en su informe, en el que, además, “ve con preocupación” los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden “agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud”. Así, recomienda al Ejecutivo que evalúe de forma “transparente” los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo que le pide que garantice que la Ley General de la Salud Pública se aplica “plenamente” en todas las comunidades autónomas.

Respecto a la violencia machista, la organización asegura que desde que comenzó la crisis económica, y especialmente en 2011, “determinadas” comunidades autónomas han limitado “considerablemente” la financiación de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y los refugios.

Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las víctimas se apliquen “plenamente” y que la crisis económica no menoscabe ni esa garantía ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitación y otros servicios vitales.

Un nuevo caso por posible robo de bebés apunta a sor María Gómez Valbuena, la única imputada hasta ahora. El juez de instrucción número 52 de Madrid ha tomado declaración hoy a un matrimonio que denunció en enero de 2011 ante la Fiscalía General del Estado el robo de su hija, nacida en 1980 en el hospital madrileño de La Paz. Una primera prueba de ADN con una joven que ahora reside en Murcia les da un 99% de posibilidades de haber encontrado a su hija. En el expediente de adopción de esa chica, datado un año después, en 1981, figura la firma de sor María, así como en varias facturas que la monja hizo pagar a los padres adoptivos.

“No la he visto ni he hablado aún con ella. No queremos hacerlo hasta que un juez nos diga que es nuestra hija. No queremos hacernos ilusiones y que luego todo quede en nada”, explicaba al salir del juzgado Luis Sánchez, padre de la supuesta niña robada.El juez ha ordenado practicar una nueva prueba de ADN para verificar el parentesco una vez que la joven presente denuncia en su juzgado. Hasta ahora solo María del Mar, una de los cuatro hijos del matrimonio, ha contactado con la que podría ser su hermana.

El juez también ha tomado declaración en calidad de testigo a una vecina del matrimonio afectado que trabajaba en el hospital La Paz como administrativa cuando se produjeron los hechos. “Nadie del hospital nos comunicó que el bebé había muerto. Fue ella, nuestra vecina, la que nos llamó y nos dijo que había desaparecido”, ha explicado Sánchez.Hoy, ante el juez, la administrativa, ya retirada, ha declarado que no recuerda haber dicho aquello a la familia porque ha pasado mucho tiempo.

“Dijeron que había muerto y yo siempre pensé que había muerto”, ha añadido Luis Sánchez, que empezó a sospechar cuando vio a otras familias en la prensa denunciando el robo de sus hijos. Ahora tiene dudas, pero no quiere hacerse demasiadas ilusiones hasta que la prueba de ADN ordenada por el juez confirme el resultado que les ha dado la que se han hecho ellos por su cuenta en un laboratorio privado.

Su mujer, Petra Gallardo, sí ha pensado durante todos estos años, que su hijo podía no haber muerto. Ni ella ni su marido llegaron a ver el cadáver. Personal del hospital les dijo que habían entregado el cuerpo a una universidad para investigar, pero dicha universidad ha confirmado por escrito al juzgado que no fue así.A ambos les dijeron, además, que habían tenido un niño, no una niña, como podría confirmar esa segunda prueba de ADN en el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La instrucción del caso abierto por la desaparición de los niños Ruth y José en Córdoba sigue avanzando. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado hoy de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba ha dictado auto de procesamiento contra el padre de los pequeños, José Bretón. El juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, procesa al padre de los menores por la presunta comisión de dos delitos de detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y con la agravante de parentesco, además de otro por simulación de delito. El magistrado mantiene así invariable los delitos por los que imputó a Bretón el 21 de octubre y que le supusieron el envío a prisión preventiva, por riesgo de fuga.

El TSJA deja claro que el auto de procesamiento no pone fin a la instrucción de la causa, sino que aún tendrá que practicarse la declaración indagatoria del ahora procesado. Después, el instructor emitirá el auto de conclusión de sumario tras lo cual la causa será remitida a la Audiencia Provincial de Córdoba.

La semana pasada, Rodríguez Lainz dirigió tres intensas jornadas de interrogatorios al propio Bretón, a la madre de los niños, Ruth Ortiz –personada como acusación particular-, a los abuelos de los menores y a varios amigos y familiares de la pareja. Ruth Ortiz está convencida de que su marido, con el que estaba a punto de iniciar el proceso de divorcio, asesinó a los pequeños y les hizo desaparecer. Para la acusación particular, la venganza por la separación es el móvil final de Bretón.

De la ecografía al quinto mes a un sencillo análisis de sangre. Ese es el avance, en tiempo, de un sistema desarrollado por la empresa española Mygen, asociada al Parque Científico de Madrid, que permite conocer antes y sin casi molestias el sexo del futuro bebé.

La prueba se basa en la identificación de un fragmento del cromosoma Y en la sangre de la madre. Como este cromosoma solo está en varones, si aparece querrá decir que el masculino es el feto. Si no, el futuro bebé será una niña en un 99% de los casos, una niña.

El método se basa en que durante el embarazo hay un trasvase de sangre del feto a la madre. Las de ambos se mezclan, y circulan por el cuerpo de la progenitora. Es la misma base de otros métodos, como el que se ha desarrollado para detectar anomalías genéticas: si aparecen en la sangre de la madre y esta no las tenía antes del embarazo, es que pertenecen al futuro hijo. Solo que esta vez es más sencillo, ya que no hay que ir gen a gen, sino que el fragmento que se busca es mayor.

La empresa, en un comunicado, indica que, de momento, las pruebas solo se ofrecen en algunos hospitales, pero que está desarrollándolo para que, antes de fin de año, pueda comprarse en farmacias a un precio de unos 100 euros.

El pueblo de Villar de Cañas, el elegido para albergar al almacén nuclear (ATC), vive pendiente del suelo. El alcalde ha dado tres meses a los dueños de los solares urbanizables para que vendan o amaga con ejecutar la urbanización forzosa. Mientras, los propietarios de los terrenos en los que podría ir el almacén de residuos siguen negociando al alza con Enresa, la empresa pública que hará la obra, de unos 700 millones de inversión. Para la plataforma contra el ATC —que ayer congregó a entre 400 y 1.000 personas en el pueblo—, se está presionando a los vecinos para que “malvendan” sus propiedades.

Villar de Cañas parece vivir al margen del hundimiento del valor suelo en España. Hay precios que casi se han triplicado desde que, a final de 2011, el Gobierno eligió esta localidad de Cuenca para acoger los residuos radiactivos de todas las nucleares españolas. Ante la perspectiva de recibir cientos de obreros e ingenieros que levanten el complejo, los dueños de terrenos y negocios aspiran a conseguir su parte.

Así, cuatro meses después de su selección para el almacén, Enresa no ha decidido entre los tres emplazamientos posibles ofrecidos por el Ayuntamiento. Se trata de 28 parcelas ubicadas en tres puntos a las afueras del pueblo. Según el informe que realizó el Ministerio de Industria, “tanto la extensión total de los terrenos, que es en los tres casos superior a 32 hectáreas, como la forma de las parcelas permite perfectamente la inclusión del ATC”. Los tres están clasificados como suelo rústico y ya han comenzado los trabajos sísmicos e hidrológicos para caracterizar el suelo.

Pero los propietarios, según fuentes de la negociación, pretenden cobrar a precio de suelo industrial. Es decir, si en la zona se puede conseguir una hectárea rústica de secano por unos 6.000 euros, los dueños de los terrenos aspiran a obtener entre 12.000 y 15.000 euros, añaden las mismas fuentes.

Con esos precios, si la opción es la finca más alejada, a unos cuatro kilómetros del casco, el único dueño podría obtener más de medio millón de euros. Si el ATC acaba en la finca situada a unos dos kilómetros, los más de 10 propietarios se repartirían algo menos, porque la parcela es menor. La tercera opción, la menos probable, es terreno municipal.

Además, el Ayuntamiento intenta desatascar la venta de solares urbanizables en el centro del pueblo. El alcalde, el popular José María Sáiz, se reunió con los propietarios en Semana Santa y les conminó a que rebajaran sus aspiraciones y pusieran las parcelas a la venta a precios razonables. El temor del Ayuntamiento es que los negocios que acudan al calor del ATC se instalen en otros pueblos si los precios en Villar de Cañas son demasiado elevados.

El consistorio esgrimió un informe jurídico en el que recuerda que esos terrenos son urbanos desde 1992 y que, si no se ha construido, puede “impulsar la construcción de los solares, evitando así una situación de finalidad altamente especulativa”. Además, asegura que “se dejó claro a los propietarios que el Ayuntamiento de Villar de Cañas no piensa expropiar a nadie, pero igualmente va a utilizar las diversas posibilidades que pone a su disposición la legislación” para construir allí, como sería la enajenación forzosa y la subasta.

Para la la Plataforma contra el ATC, eso constituye una presión intolerable para malvender los terrenos. La socialista Angustias Alcázar, alcaldesa del vecino pueblo de Belmonte, augura problemas con la obtención del suelo para el almacén si alguno de los dueños se niega a vender, y critica que el Ayuntamiento ofertase solares que no son de su propiedad.

Las pruebas de ADN dejaron al descubierto recientemente la falta de control con la que actuó el responsable de una clínica de fecundación de Reino Unido que, entre los años cuarenta y sesenta, empleó su propio esperma para concebir los bebés de sus pacientes. Algunos cálculos estiman que podría ser el padre biológico de varios centenares. En teoría, en España no puede haber más de seis niños concebidos con el semen o los óvulos de un mismo donante. En la práctica, no hay forma de comprobarlo.

La misma norma que fijó el límite, la ley de Reproducción Humana Asistida de 1988, contemplaba la creación de un registro estatal, adscrito al Ministerio de Sanidad, destinado a supervisar que no se rebasara el listón de los seis niños. Además, permitiría a la Administración acceder a la identificación de los donantes y al destino de sus muestras biológicas, así como de los preembriones sobrantes de los procesos de fecundación.

La ley dio al Gobierno un año de plazo para activar esta herramienta. Sin embargo, 23 años después, con una nueva ley de reproducción asistida (2006) que insiste en la necesidad de crear el registro y tras un intento frustrado hace tres años, sigue sin existir esta herramienta de control. “Necesitamos un registro. A pesar de ser líderes en actividad en reproducción asistida, España es el único país de nuestro entorno que carece de este instrumento”, explica Mark Grossmann, del departamento de Embriología del Centro Médico Teknon de Barcelona. “Da la sensación de que hasta que no suceda un desastre no se pondrá en marcha”.

La ley de 2006 encarga a las clínicas el control del límite de los seis nacidos hasta la puesta en marcha de la base de datos. Tienen que preguntar a los donantes si han cedido sus gametos a bancos de otros centros. Y será su responsabilidad “comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente”, como recoge la ley.

Pero la ausencia de información compartida entre las clínicas (la actividad en reproducción asistida se concentra en un 80% en el sector privado) implica que trabajen a ciegas. Solo cuentan con los datos procedentes de sus propios archivos. “Si un centro descarta a un donante por cualquier motivo, yo no tengo forma de saberlo”, explica Grossmann.

Ello supone que solo pueden impedir que una persona siga donando si en su centro tienen constancia de que sus gametos se han usado para concebir a seis hijos. Pero ignoran si ya ha tenido descendencia en otras clínicas. Y tampoco se puede evitar que esta misma persona, si se lo propone, acuda a otros centros y siga teniendo hijos biológicos, ya que no hay forma de cruzar esos datos. El control de toda esta información pasa por la puesta en marcha del registro, una de cuyas piezas fundamentales es la creación de una plataforma informática a la que se pudieran conectar los distintos centros. Esta les permitiría saber al instante si el donante ha llegado al tope de descendientes fijado por la ley.

En 2009, el Ministerio de Sanidad elaboró un borrador de real decreto que detallaba la información destinada a incluirse en la base de datos. Para su redacción, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (organismo dependiente de Sanidad), encargó a un grupo de trabajo formado por sociedades científicas relacionadas con la reproducción asistida, asociaciones de pacientes y especialistas un documento que sirviera de base a la elaboración del real decreto.

El informe no solo incluía cuestiones relacionadas con la identificación de los donantes, a la vez que se preservaba su identidad; la donación es anónima en España. “También se concretaron aspectos que no estaban nada claros en la norma”, apunta José Antonio Castilla, secretario y responsable del grupo de trabajo de los registros de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Por ejemplo, la limitación de la donación de óvulos.

En el caso de los hombres, la cesión de su semen no tiene consecuencias para su salud. Pero en las mujeres no es un procedimiento inocuo. Las donantes de ovocitos se han de someter a un tratamiento que consiste en la administración de hormonas durante tres semanas para estimular la producción de óvulos. Tras este proceso, se extraen los óvulos a través de la vagina mediante un ecógrafo que aspira los gametos. Es un procedimiento molesto que requiere sedación local. Por ello, las clínicas compensan por este procedimiento a las donantes con 900 euros, frente a los 50 o 60 en el caso de los hombres. Debido a los riesgos que puede suponer este proceso para la mujer, el borrador del real decreto establecía un límite de seis donaciones por persona, recuerda Castilla.

Otros aspectos contemplados estaban relacionados con los estudios genéticos a los que deben someterse los donantes. La ley alude a que deben hacerse en función de la prevalencia de las enfermedades genéticas más comunes, pero no especifica cuántas ni cuáles son esas patologías. La práctica habitual en los centros oscila entre uno y tres estudios (fibrosis quística, atrofia muscular espinal y síndrome de X frágil), dice Grossmann. “El documento concretaba el número de estudios a aplicar a los donantes”.

“El trabajo está hecho”, explica Manuel Ardoy, responsable de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, integrada por embriólogos que trabajan en centros de fertilidad. Pero el registro está en vía muerta. Ardoy, que forma parte de la comisión de reproducción asistida, explica que en algunas de las últimas sesiones se ha tratado el asunto de la base de datos de gametos. “Pero no tenemos información de que se esté activando ni observamos que exista intención de ponerlo en marcha”, comenta.

¿Por qué se ha paralizado el proyecto? Adroy admite que existe cierta complejidad técnica relacionada con el desarrollo de la herramienta informática que debe conectar a todas las clínicas, pero también con la coordinación de 17 Administraciones sanitarias distintas, ya que las competencias en esta materia están transferidas a las autonomías. Con todo, considera que el principal problema para su puesta en marcha es la falta de voluntad política. “Es evidente que lanzar una base de datos de este tipo exige un esfuerzo económico y quizás este no sea el mejor momento”, añade Grossmann. “Pero, pese a los obstáculos técnicos, el principal problema es de interés político”, insiste este embriólogo.

Este diario intentó recabar, sin éxito, las intenciones del Ministerio de Sanidad respecto a la puesta en marcha del registro de donantes de gametos.

Nadie tiene la solución definitiva para la supervivencia económica de los medios de comunicación en la era digital. Algunos medios han apostado por cobrar por el acceso a sus contenidos on line. Otros mantienen sus páginas web abiertas, gratis. Unos triunfan y otros fracasan, en uno y otro modelo de negocio. El periodismo se enfrenta al reto de mantener la calidad mientras busca la receta de la sostenibilidad en un entorno tecnológico cambiante. 

EL PAÍS ha preguntado a los responsables de esa búsqueda, a los líderes de la prensa mundial reunidos en el Paley Council for Media 2012 en Madrid, cuál creen que será ese modelo. ¿Se generalizará el pago por contenidos? ¿Se impondrá el todo gratis? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre el periodismo ciudadano y el profesional?

El Gobierno de Patxi López tenía desde ayer sobre la mesa el mandato del Parlamento de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en Sanidad y Educación aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en sendos reales decretos, en defensa de las competencias del autogobierno, que consideran invadidas por los mismos. El lehendakari ha oficializado este viernes por la mañana en el pleno del Parlamento autonómico que habrá recurso.

La iniciativa fue respaldada por 55 de los 75 integrantes de la Cámara vasca (74 estaban presentes en la votación), los votos que sumaron el PSE, autor de la iniciativa original, el PNV y Ezker Anitza.

Al mismo tiempo, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, adelantó ayer que Osakidetza seguirá atendiendo a los inmigrantes irregulares, pese a las instrucciones del Ejecutivo central, que arropó el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, con su discurso de “primero los de casa”.

Mendia indicó en una entrevista en ETB que el Ejecutivo no no mirará “a los de dentro y los de fuera”. “Todos los que viven en el País Vasco forman parte de este país y trabajan por este país”, sostuvo. La portavoz recordó el déficit de las pensiones en Euskadi, para resaltar la necesidad de “inmigración que ayude”. “Por ello, no acepto que no se les pueda atender. En el País Vasco se les seguirá atendiendo”, enfatizó.

El acuerdo aprobado ayer reclama que el Gobierno solicite en su recurso la suspensión cautelar de los recortes mientras no se resuelva el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad. El Gobierno, que tiene a sus servicios jurídicos buscando fórmulas para no aplicarlos desde el momento en que se aprobaron ambos reales decretos, dará probablemente una respuesta oficial a este mandato de la Cámara tras su reunión del próximo martes. Lo hará el lehendakari.

El pacto se produjo en el último momento, cuando ya parecía que cada cual votaría su propia propuesta —la original del PSE y la enmienda de PNV y Ezker Anitza— y ambas corrían peligro de ser derrotadas. El portavoz socialista. José Antonio Pastor, reprochó desde la tribuna al del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, que su única respuesta a la transacción que le planteó la tarde del miércoles fuese comunicarle que ya había pactado la suya con el parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana.

Ayer, en el último momento, una vez que los dos turnos de intervención habían sido consumidos y la presidenta, Arantza Quiroga, iba a llamar a la votación, Pastor pidió un receso en el que se selló el acuerdo. El PSE logró así sacar adelante una iniciativa que recoge, además, el rechazo a la reforma laboral y e insta al Gobierno a “seguir defendiendo el autogobierno de Euskadi, los servicios públicos y las políticas sociales”, definidos como pilares del Estado de bienestar. Esa proposición inicial incluía de modo genérico la posibilidad de “acudir a la vía judicial”. Esta se concretó finalmente en ese mandato tan preciso de presentar recurso de inconstitucionalidad.

Votaron en contra el PP, obligado a apoyar los recortes de Rajoy y de nuevo separándose del socio al que mantiene al frente del Gobierno; UPyD, que contrapuso Estado autonómico y mantenimiento del bienestar, y, por razones diametralmente opuestas, Aralar. EA se abstuvo.

La Cámara instó por idéntico resultado al Gobierno a interponer cuantos otros “recursos judiciales ordinarios y de carácter competencial” sean necesarios “para la defensa del marco competencial vasco” sobre todo en Educación y Sanidad.

El portavoz popular, Antón Damborenea, culpó de las medidas que ahora adopta el Gobierno popular a la “herencia” del Ejecutivo del PSOE, así como al PNV, por haber aprobado “todos y cada uno” de los presupuestos de Rodríguez Zapatero.

El acuerdo de la Cámara insta igualmente al Gobierno de López, como quería el PNV, a negociar en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico la participación financiera que corresponda al País Vasco cuando el Estado asuma nuevos compromisos de financiación en Educación y Sanidad o en otras materias de competencia exclusiva autonómica.

Japón sigue dando argumentos a los enemigos de la energía nuclear. Tokio tiene previsto desconectar hoy el reactor 3 de la nuclear de Tomari, el último de los 54 del país, que antes del desastre de Fukushima producían un 30% de la electricidad del país. La oposición de las prefecturas impide de momento poner en marcha las nucleares y la OCDE ya ha advertido a Tokio de que se enfrenta a un grave problema económico (pérdida de competitividad y aumento de las importaciones) y a la amenaza de apagones en verano si no comienza a conectarlos.

Tras el accidente de Fukushima, el 11 de marzo de 2011, que ha dejado miles de desplazados, Japón paró 17 reactores de la costa este del país. Algunos quedaron dañados por el tsunami, otros, como el de Hamaoka, estaban en zona altamente sísmica. Después, y conforme les llegaba el turno de las paradas de recarga de combustible, fueron apagando el resto, sin fecha de reinicio. La patronal nuclear de Japón anunció el mes pasado que el Gobierno ya tenía los resultados de las pruebas de resistencia de 16 reactores pero que aún no había decidido. Desde 1970, cuando el país tenía solo dos reactores, no se encontraba sin energía atómica. Japón era, tras Francia y EE UU, el tercer país más nuclearizado.

Luis Echávarri, director general de la agencia nuclear de la OCDE, detalló ayer por teléfono lo la situación: “Tradicionalmente en Japón son los prefectos los que aceptan o no los reactores. Y aunque muchos han superado las pruebas de resistencia, las autoridades locales se niegan a conectar de nuevo las centrales”. Echávarri atribuye la situación a “la pérdida de credibilidad del Gobierno y de la industria nuclear”.

El accidente de Fukushima sacó a la luz la estrecha vinculación entre las eléctricas y el Ejecutivo y la imprevisión en caso de tsunami. Además, había indicios previos. En 2007, un terremoto superó por más del doble las bases de diseño sísmico de la nuclear de Kashiwazaki-Kariwa. Nunca antes había sucedido en el mundo. En 2011, una réplica del gran terremoto excedió las bases de diseño de Onagawa.

Tras Fukushima, Tokio anunció que el Ministerio de Medio Ambiente (sin relación con la industria) pasaría a controlar la seguridad nuclear. Ese cambio legal debía estar listo en abril, pero sigue en debate, algo que no ayuda a dar credibilidad.

Para los ecologistas, el caso japonés es un ejemplo, un símbolo. “Es una demostración muy clara de que se puede vivir sin nucleares. Es solo una decisión política”, afirma Carlos Bravo, de Greenpeace, que destaca el ahorro de energía que ha logrado Japón en solo un año.

El principal problema llegará en verano, cuando el país tiene la máxima punta de demanda eléctrica debido a los aires acondicionados contra el calor, sofocante, húmedo. En los grandes edificios de Tokio, por ejemplo, ni se pueden abrir las ventanas. El año pasado, el metro de la capital funcionó casi a oscuras y sin muchas escaleras mecánicas y los japoneses se embarcaron en un formidable ahorro en su vida diaria. Sin embargo, este verano puede ser peor, ya que hay menos nucleares y la producción industrial se recupera.

Al ser un archipiélago, no puede importar electricidad directamente del exterior, que es lo que ha hecho Alemania para suplir sus nucleares. Así que Japón ha sustituido la producción nuclear con la importación de gas licuado y carbón. En el último año (hasta marco de 2012), la balanza comercial del país mostró un déficit de 54.000 millones de dólares, y por primera vez desde 1980 registró un déficit comercial, principalmente por el aumento de la importación de combustibles.

Tokio ha lanzado también un programa de renovables (hasta ahora casi inexistente), pero aún tardará años. En los últimos seis meses tres delegaciones japonesas (del Gobierno, de la industria y de un instituto de desarrollo) han visitado España para conocer el sistema de primas españolas y el 17 hay previsto otro encuentro. Entre otros, los representantes japoneses se citaron con la Fundación Renovables. “Conocían bien lo ocurrido en España con la eólica y la fotovoltaica y preguntaban con mucho interés”, según un portavoz de la fundación. “Las renovables están muy bien, pero tardarán 15 años en tenerlas en marcha”, aclara Echávarri.

El sector nuclear insiste en que aun con tres reactores en funcionamiento “si bien no se llegaron a producir apagones, la situación del país era crítica”, según explica el Foro Nuclear en un correo. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro, afirma en un comunicado: “Ahora se van a parar los reactores que seguían operativos para mantenimiento e inspección, y confiamos en que vuelvan a operar si las pruebas reflejan que son seguros, ya que Japón y especialmente Tokio necesita contar con la energía nuclear”. Según el Foro, sin nucleares un 5% de la demanda eléctrica del verano no podrá ser cubierta en los picos de demanda.

El apagón llega en un momento delicado para la industria nuclear. Reino Unido, que lanzó un programa de construcción de reactores, ha visto cómo el consorcio de las alemanas RWE y E.ON se ha retirado y cómo GDF Suez y Centrica han pedido más garantías públicas para invertir en nucleares. Iberdrola —que mantiene una alianza con GDF— mantiene formalmente su apuesta.

Fuentes del sector consideran que es un problema de financiación en un momento de difícil acceso al crédito y en el que el gas no convencional se ofrece como una alternativa cada vez más barata para producir electricidad.

En Francia, François Hollande, favorito en las encuestas, ha prometido que en el próximo quinquenio cerrará la nuclear de Fessenheim. Se trata de la más antigua del país, aunque es seis años más joven que Garoña.

Estados Unidos construirá cuatro reactores, pero en Estados sureños, donde tienen garantizado el precio de la electricidad producida. En el resto la opción es alargar la vida útil hasta los 60 años e incluso se plantean ir más allá.

Si en cualquier ciudad occidental participar en una slutwalk es una acción de lucha por los derechos de las mujeres reivindicativa más, en Tierra Santa es casi un acto revolucionario. Este viernes al mediodía, una slutwalk, las marchas de mujeres que defienden el derecho a vestirse como les dé la gana sin que eso suponga un atenuante para potenciales agresores, ha desembarcado en Jerusalén. Poco antes del inicio del shabat, el día de descanso de los judíos, decenas de mujeres han recorrido la ciudad, ligeras de ropa, al son de: “No quiere decir no. ¿Qué parte de la palabra no has entendido?”.

Desfilar por la ciudad santa medio desnuda y a grito pelado requiere, para empezar, una potente presencia policial. “Tememos que alguien quiera agredirlas”, aclara uno de los policías que escolta la marcha, con el dedo en el gatillo de su M-16. Las autoridades municipales son conscientes de la tensión que se respira entre los sectores religiosos y los laicos en Jerusalén Oeste, y que con cierta frecuencia terminan en enfrentamientos.

En los últimos años se ha disparado el número de judíos ultraortodoxos –conocidos como haredim- en la ciudad, debido principalmente al altísimo índice de natalidad de este colectivo, donde las familias tienen una media de siete hijos. Son más, y también más asertivos, lo que les lleva a imponer sus leyes del recato en buena parte de la ciudad, donde las mujeres deben vestir como ellos digan. Es decir, nada de escotes, pantalones o camisetas sin mangas.

“Que vivan como quieran, pero que no nos digan a nosotras cómo tenemos que vivir. Yo no quiero que Jerusalén acabe convertido en Irán o Arabia Saudí”, dice Sarit Hashkes, una joven de 28 años que ha acudido a la marcha con un pantalón cortísimo y con una pegatina pegada en el pecho a modo de biquini. Hashkes, que hace cuatro meses abandonó su puesto de policía tras ser agredida en un barrio ultraortodoxo, se queja de la educación que reciben en las escuelas religiosas los haredim. “Nada de inglés, nada de matemáticas y, por supuesto, ni hablar de derechos de la mujer”.

“Así iba vestida cuando me tiraron piedras”, reza el cartel de otra de las participantes de la marcha, que lleva puesta una camiseta blanca con cuello de pico y unos pantalones bombachos granates anchos, que le llegan hasta los tobillos. El lanzamiento de piedras y sobre todo los escupitajos son el medio favorito de los ultraortodoxos para expresar su desaprobación frente a las mujeres que consideran de mal vivir.

“Esta ciudad se vuelve conservadora a marchas forzadas”, sostiene Tal Gilboa, una joven jerosolimitana que estudia bellas artes y que hoy ha venido vestida de morado para expresar su feminismo. “Tenemos que tener derecho a vestirnos como queramos sin miedo a que nos ataquen”, añade.

Las slutwalk son un tipo de protestas que se repiten en multitud de ciudades del mundo y que nacieron hace un año en Toronto, en respuesta a las declaraciones de un policía que dijo que las mujeres no debían vestirse como sluts –algo así como fulana en inglés- para evitar ataques. En Jerusalén, donde las agresiones e insultos a mujeres suceden con cierta frecuencia, estas marchas cobran especial significado.

A medida que la marcha avanza por el centro de la ciudad, los agentes de policía van alejando a cualquier hombre con aspecto de religioso que quiera acercarse. Por un día, parecen haberse invertido los papeles y son ellos, y no las mujeres, los sospechosos. Apenas uno, medio despistado, consigue aproximarse. Se llama David Micha y dice que “vestirse así es antijudío. Esto es un problema, una provocación”, dice este religioso tocado con una kipá.

El Gobierno y el Banco Santander han decidido tomar caminos diferentes en el mundo de la educación. Mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado un recorte de becas y aumento de las tasas universitarias —lo que provocó el pasado jueves una dura reacción de los rectores—, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, ha informado hoy de que duplica el número de becas para hacer prácticas en pymes.

Botín ha destacado que el número de estas ayudas pasa en 2013 de 2.500 a 5.000, y que el importe total de la inversión de la entidad financiera en apoyo a la educación superior se cifrará en 75 millones de euros el próximo año, lo que supone el 10% de los beneficios netos del banco en España. El año pasado se recibieron 60.076 peticiones de estudiantes para estas becas y ofertas de 4.924 empresas que se quisieron incorporar al programa.

El máximo responsable del Santander ha hecho estas declaraciones tras la celebración de la XII Junta General de Accionistas de Universia —una red de colaboración entre el banco y 79 universidades españolas—, que se ha celebrado en Murcia. Durante el acto se aprobaron los nuevos presupuestos y los objetivos para 2013 sin que nadie hiciese objeción a la gestión de esta red universitaria.

Botín, no obstante, y en rueda de prensa posterior, ha rechazado en dos ocasiones responder directamente a las preguntas de los periodistas sobre si “apoya o no” las quejas de los rectores con respecto al Real Decreto Ley 14/2012, que regula “el gasto público en el ámbito educativo”. Ayer, la Conferencia de Rectores rechazó de “forma rotunda” el citado decreto, que supone, según ellos, un empeoramiento de las condiciones educativas de los centros superiores. Botín ha preferido, en cambio, hablar diplomáticamente de la “importancia de invertir en el futuro [en referencia a los jóvenes]” y de apoyar a los universitarios, al tiempo que ha destacado la labor de Universia y sus planes de futuro y expansión.

La fiscalía de Madrid y el juzgado de instrucción número 4 de Alicante han ordenado sendas exhumaciones para esclarecer posibles casos de niños robados. La de Madrid, que aún no tiene fecha, será en Toledo y corresponde a un bebé nacido a principios de los años 80. La de Alicante, la primera ordenada por un juez, será el próximo 10 de mayo en el cementerio municipal, según ha informado la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Se trata, en este caso, de averiguar si el bebé que Laura Perales tuvo en 1980 en el Hospital General está efectivamente allí enterrado o si el personal del hospital general mintió a la madre cuando le dijo que había muerto para darlo en adopción a otra familia.

Los restos hallados serán analizados en el Instituto Nacional de Toxicología, que sigue analizando los huesos, muy deteriorados, encontrados en las dos exhumaciones ordenadas anteriormente por la fiscalía madrileña en el cementerio de La Almudena y en Barcelona.

Laura Perales dio a luz en 1980 por cesárea. Dos días después, personal del Hospital General de Alicante se llevó al bebé para una revisión rutinaria y horas después le comunicaron que había fallecido súbitamente por un fallo respiratorio. La familia recibió una caja cerrada y un documento para su entierro, financiado por el hospital, en una fosa común en el cementerio municipal de Alicante.

Hasta ahora se han practicado en España 19 exhumaciones ordenadas por fiscales para esclarecer posibles casos de robo de niños y otras 20 han sido financiadas por particulares, según Anadir. Tres de las tumbas abiertas estaban vacías.

Por otra parte, el abogado de sor María Gómez Valbuena, la monja imputada por un presunto delito de detención ilegal permanente y otro de falsedad documental, ha solicitado a la Audiencia Provincial el archivo por prescripción de la causa, algo que ya hizo ante el juzgado que lleva el caso en Madrid y que fue desestimado.

El imán de Terrassa, imputado por incitar a la violencia contra las mujeres, no dirigirá el rezo de los viernes en la mezquita mientras siga inmerso en el proceso judicial. Abdeslam Laaroussi declaró ayer ante el juez que investiga el caso y volvió a defender que sus palabras “se sacaron de su contexto religioso”. Los Mossos d’Esquadra registraron dos intervenciones del líder religioso en el oratorio islámico de la ciudad, uno de los más grandes de Cataluña. En esas arengas aconseja a los fieles sobre cómo deben pegar y aislar a las mujeres de conducta “desviada”.

“Esta tierra está dotada de unas leyes contrarias a las leyes islámicas. Estas leyes protegen… ¿a quién protegen? A la mujer, lo que se hace llamar los derechos de la mujer”. Así comienza uno de sus discursos discriminatorios, como recoge la querella presentada por la fiscalía de delitos de odio de Barcelona contra el imán. La denuncia fue admitida y el imán tuvo que dar explicaciones ayer acompañado del presidente de la Asociación Musulmana de Terrassa, Mustapha Ben el Fassi, que en todo momento habló en su nombre. “Mientras el imán tenga un asunto judicial, no dará sermón. Después, ya veremos”, dijo Ben el Fassi tras el rezo semanal, que congrega a cientos de personas en la mezquita. El presidente rechazó valorar las palabras del imán y apeló a la presunción de inocencia.

La medida que ha adoptado la comunidad musulmana ya había sido solicitada por el alcalde de la ciudad, el socialista Pere Navarro, el pasdo mes de abril: “Sería mucho más prudente que suspendiera sus actividades a la espera de que se produzca una resolución judicial que determine si estos hechos son reales o no”, dijo entonces el edil y líder del Partit dels Socialistes (PSC).

Tras una declaración de más de dos horas, el portavoz de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed Algaiduru, explicó que el imán “ha afirmado de manera muy clara su rechazo a cualquier incitación a la violencia contra la mujer y ha aclarado todas las ambigüedades que se han generado”.

Las investigaciones se iniciaron a finales del año pasado, cuando los Mossos d’Esquadra fueron informados de los mensajes que lanzaba el líder religioso. La policía grabó dos rezos que fueron dirigidos a unos 1.500 fieles. En esas intervenciones, Laaroussi explicó que el primer paso para reconducir a una esposa que “no obedece” y “se rebela” es dejarla “sola en el lecho” y negarle las relaciones sexuales. Si ese aislamiento no funciona, recomienda la violencia física. “No afees, no golpees en la cara, no hagas correr la sangre”; los golpes, insistió, tienen que ser “discretos, que nadie sepa de ellos fuera de la vida conyugal”.

La crisis y la pobreza infantil van más de la mano que nunca. En la organización Aldeas Infantiles son muy conscientes de ello porque en los últimos años han visto cambiar el perfil de los niños a los que ayudan y de los requerimientos de sus familias. Donde antes era apoyo al estudio ahora es ropa y comida; las familias desestructuradas han cedido el paso a hogares de clase media, “que se acercan con mucha vergüenza” o madres que han sido desahuciadas de sus casas con uno o varios menores a su cargo.

Tampoco les está yendo del todo bien a los que fueron hace años niños de Aldeas Infantiles y que ahora son jóvenes que, apenas emancipados, han caído en el paro. “El 52% de ellos, como otros jóvenes, están desempleados y vuelven a nosotros en busca de apoyo. Tratamos de ayudarles, bien con medidas de urgencia, como el pago de un recibo de la luz, con comida, o, sobre todo, intentando buscarles otro empleo”, explica el director general de la organización, Pedro Puig.

La situación en Grecia, donde se está multiplicando el número de niños que caen en el abandono por la pobreza de sus familias, no es en nada comparable a la española. Ellos no tienen ayudas públicas, aquí sí existen, por ahora. “Nosotros acogemos a los niños en desamparo que llegan derivados de las Administraciones y tenemos plazas conveniadas para ello”, dice Puig. La Administración paga lento, incluso con retrasos de un año, pero esos pagos llegan. Afortunadamente, Aldeas Infantiles se financia en un 75% con donaciones privadas y eso les permite atender, además, sus centros de día y guarderías, donde sí se ha notado el repunte de gente pidiendo ayuda. “El otro día repartimos una tonelada de comida en uno de estos centros y tenemos proyectos de colaboración con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja para ello”, explica Puig. A algunos de estos niños se les da comida también para que lleven a casa.

“Estamos notando”, dice Puig por último, “que la Administración se resiste a acoger nuevos niños bajo su tutela, porque, claro, eso conlleva un coste”. Por otro lado, se congratula de que, en tiempos tan feroces, aquellas personas que eran donantes privados y “llaman llorando” para decir que, dada su situación, tienen que suspender el pago, se sustituyen por otras que se dan de alta como socios: “Dice mucho de la solidaridad de los españoles. También estamos teniendo más voluntarios que nunca”.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha emplazado hoy al Gobierno para que diga qué hará con el aborto. Horas después de que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, entreabriera la puerta a que solo se financien las interrupciones del embarazo por indicación médica, Valenciano aseguró que “no tiene sentido que el derecho al aborto dependa de los recursos económicos”.

La número dos socialista se preguntó si el Ejecutivo eliminará el aborto de la cartera básica de la sanidad pública, tal como dio a entender Farjas –“no va a salir ninguna de las prestaciones que por criterio médico requiera del sistema nacional de salud”, dijo la responsable sanitaria-. La ley de 2010 lo consagra como un derecho y para ejercerlo en las primeras 14 semanas de gestación basta con el deseo de la mujer –en otros casos es preceptivo el visto bueno médico- . Tiene financiación pública –unos 52 millones al año, según la responsable socialista-, pero varias administraciones regionales han contraído deudas con las clínicas privadas donde se practica la inmensa mayoría. El Ejecutivo ha anunciado su intención de cambiar la norma para limitarla, pero no ha concretado cómo.

“Queremos saber si el Gobierno va a decidir que el derecho a la interrupción del embarazo sea un derecho que se compra”, planteó Valenciano. Esto llevaría a las mujeres con menos recursos “a situaciones pasadas”. En una rueda de prensa tras reunirse con varias asociaciones de mujeres y profesionales de distintos ámbitos, la responsable socialista denunció “el cambio de modelo social” que ha emprendido el PP y que, a su juicio, supone un gran retroceso femenino, entre otras cosas porque los recortes sociales afectan en mayor medida a las ciudadanas.

El Ministerio de Medio Ambiente ha suavizado el borrador de decreto ley que quitaba a las comunidades autónomas competencias para vetar grandes obras en espacios de la Red Natura 2000. En el último texto, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no aparece ningún cambio en la Ley de Evaluación Ambiental, aunque mantiene las reformas de la Ley de Aguas, la de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la de Residuos.

Como era previsible, y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno volverá a ejercer las competencias de policía de agua en las cuencas que afectan a varias autonomías. En realidad, esa competencia, cedida por el Gobierno del PSOE de urgencia en agosto de 2011, nunca ha sido ejercida en Andalucía, la comunidad del PSOE que más reivindicó la gestión del Guadalquivir pese a que afecta a otras tres autonomías. Tampoco Aragón las ha utilizado. En su día, el PP se abstuvo en esa votación en el Congreso y apoyó otras que vulneraban la unidad de cuenca que ahora defiende. Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta y que ha defendido la unidad de gestión de los ríos, fue en su día ponente del Estatuto de Castilla y León. Ese texto fue anulado por el Constitucional en la parte en la que se atribuía la gestión del Duero.

El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha rebajado el borrador que adelantó este diario y que iba a acabar con toda probabilidad ante el Constitucional. En ese borrador, Medio Ambiente afirmaba que “existía una controversia” sobre qué administración era la competente “para emitir la declaración de la autoridad competente de supervisar la Red Natura 2000, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

Entonces, Medio Ambiente determinaba “con toda claridad y urgencia” que la competencia “corresponderá al Ministerio”. Eso auguraba un conflicto con las comunidades, que perderían la posibilidad de poder minar grandes obras por su impacto ambiental, como el Puerto de Pasajes o el oleoducto desde Huelva a Badajoz. Ahora, no figura la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental. El Ministerio ha amagado varios consejos de ministros con el texto y al final lo ha retrasado.

La norma tiene una dudosa urgencia para utilizar el procedimiento de decreto ley. El Ministerio justifica que la sequía obliga a acelerar los trámites (ahí se nota que está redactado desde finales de marzo). En materia de aguas, permite la compra-venta de agua a los regantes del acuífero 23, el del nacimiento del Guadiana y las Tablas de Daimiel. Esta era una medida reclamada desde hace tiempo por el sindicato agrario Asaja, con el argumento de que permitirá reducir la extracción de agua sin utilizar dinero público.

Los ecologistas consideran en cambio que venderán agua aquellas personas que tienen la dotación concedida pero que en la práctica no la usan (bien por tener los pozos ya secos o bien por ser solo regantes ocasionales; gente que mantiene el campo como segunda ocupación). Así, según Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, el resultado será una mayor sobreexplotación.

Las ONG en defensa del medio ambiente lamentan que Cañete no vea la oportunidad única que tiene de recuperar los Ojos del Guadiana, junto a los cuales ya han surgido los primeros afloramientos de agua en 30 años. SEO/Birdlife asegura que arruinar el acuífero no tiene ningún mérito y que ya lo hicieron muchos ministros antes.

El decreto ley también ha eliminado la posibilidad de que las sociedades estatales de agua operen en el extranjero para buscar financiación, algo que había alarmado a las empresas españolas del agua, que no solo sufren retrasos en los pagos desde el Ministerio, sino que veían cómo les podía surgir un competidor.

Por último, el Gobierno aborta la posibilidad de establecer un sistema de depósito y retorno de envases, en el que el usuario paga una pequeña cantidad por cada vidrio, por ejemplo, que recibiría de vuelta al dejarlo en el punto de venta. Es una posibilidad prevista en la ley pero que no se ha aplicado y que ha enfrentando a los actuales gestores de residuos, como Ecoembes, con grupos ecologistas y fabricantes de las máquinas para reciclar, agrupados en la Fundación Retorna.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han rechazado en un comunicado el decreto ley “tanto en la forma como en el contenido”. Consideran que “es una burla a la transparencia y participación y denuncian los retrocesos que produce en la protección ambiental de nuestro país”.