Noticias de europa

Ocho personas han sido detenidas en Palma como miembros de un grupo organizado que captaba a menores para introducirlas en el consumo de drogas, crearles adicción y prostituirlas. Luego grababan los actos sexuales y distribuían las imágenes, según ha informado la Policía Nacional.

Las jóvenes eran obligadas a mantenerse en esa situación de explotación, que en ocasiones exigía no usar preservativo, a cambio de pequeñas cantidades de drogas o dinero. Las menores temían revelar a sus padres o familiares esta situación por vergüenza o adicción a las drogas, ha informado la Dirección General de Policía en un comunicado.

Los detenidos son dos mujeres y seis hombres, de entre 65 y 20 años, a los que se les imputan delitos de prostitución de menores, favorecimiento del consumo y tráfico de drogas, y pornografía infantil.

Varias de las víctimas han sido liberadas de esta situación de explotación por la Policía, que en los registros que ha llevado a cabo en los domicilios de Palma, se ha incautado de una cámara de vídeo y varias cintas con grabaciones pornográficas, 3.000 euros en efectivo, más de 600 gramos de cocaína, un kilo de sustancias de corte y útiles para mezclar y vender la droga.

La investigación comenzó hace ocho meses, a raíz de la muerte de una menor de 16 años, cuyo cadáver fue localizado a pocos metros de su casa por sus padres.

La autopsia reveló que la joven había muerto como reacción al abuso del consumo de drogas y los padres alertaron a los agentes de los comportamientos inusuales de su hija durante las últimas semanas, dado que había cambiado de amigos y manejaba grandes cantidades de dinero.

Un grupo de curas afiliados a una entidad religiosa española está al borde de provocar un cisma en la diócesis de Madison, en Estados Unidos. Son ocho sacerdotes de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote, fundada por el murciano Alfonso Gálvez en 1980, que han impuesto a sus fieles, en Wisconsin, un retroceso al catolicismo más tradicionalista, celebrando misas en latín casi a diario, prohibiendo la presencia de mujeres en labores de servicio en el altar e imponiendo estrictos códigos de vestimenta en las iglesias.

La tensión se ha vuelto insostenible en las parroquias de St. Mary y St. Augustine, en la pequeña localidad de Platteville (11.224 habitantes), a 95 kilómetros de Madison. La asistencia a misa en St. Mary se ha desplomado, llegando a ser sólo un tercio de lo que era hace tres años. Las donaciones han caído en casi la mitad. Tan poco es el dinero que recibe la parroquia ahora, que sus oficiales anunciaron recientemente el cierre, el próximo verano, de una escuela dependiente de ella, abierta hace 77 años, en la que estudia un centenar de niños de primaria.

Los fieles de Madison acusan a los párrocos de esa Sociedad de plagar sus homilías de ideas radicales. Los curas han prohibido los pantalones y faldas cortos en misa. A las futuras novias les recomiendan que no lleven vestidos que dejen hombros al aire. Exigen a los feligreses que reviertan vasectomías y ligamientos de trompas. Critican cualquier tipo de anticonceptivo, incluso los que sean médicamente necesarios, por ser grave pecado. Le niegan la comunión a aquellos que no se hayan confesado. Y, según algunos feligreses, les preguntan a los niños en el confesionario si se masturban. Esas quejas se vieron reflejadas ampliamente en 2009 en el diario local Wisconsin State Journal.

EL PAÍS ha contactado en cuatro ocasiones con dos de los miembros de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote en Wisconsin, los padres Faustino Ruiz y Jared Hood, destinado a Sauk City. Ambos rechazaron explicar sus actividades. Ruiz tachó las críticas de “mentiras”. Un portavoz de la diócesis de Madison, Brent King, dijo en un correo electrónico que “la diócesis ha decidido no hacer más comentarios sobre esta historia y las tristes noticias de Platteville, Wisconsin, sobre estos padres de fe”. Como el obispo, la diócesis fierra filas en torno a los polémicos curas.

La guerra abierta de los fieles contra los nuevos curas viene de largo. En 2009, cuando dos de ellos -Ruiz, que es de España, y John del Priore- llegaron a la localidad de Platteville, 400 de los 900 fieles católicos de la ciudad enviaron una carta al obispo, monseñor Robert Morlino, pidiendo su relevo. Éste les contestó con firmes negativas en varias misivas. En la última, del 25 de abril, acusó a los propios fieles de chantaje y de distanciarse de dios al reducir los donativos. “No son los feligreses quienes pueden despedir a curas en la diócesis de Madison”, asegura en ella.

El obispo Morlino, que supervisa 132 iglesias en el área de Madison, invitó a los curas en 2006, ante la falta de vocaciones. Comenzaron a hacerse cargo de Sauk City (3.109 habitantes), donde impusieron ya las mismas reformas ultraconservadoras que luego llevarían a Platteville. También están presentes en Nueva Jersey, donde en 1991 el padre Gálvez fundó un colegio. En 2009, la Sociedad llevó a Wisconsin a una quincena de mujeres consagradas, procedentes de España, Chile, Ecuador y Perú. A diferencia de las monjas, las mujeres consagradas hacen promesas -no votos- de pobreza, castidad y obediencia.

La Sociedad de Jesucristo Sacerdote fue fundada como pía unión, y pasó a convertirse en una asociación de fieles en 1986. Gestiona el colegio privado Shoreless Lake School en Totana, Murcia. Su fundador, el padre Gálvez, ha escrito varios libros, en los que acusa a las jerarquías eclesiásticas en los tiempos del Concilio Vaticano II de imponer unas ideas progresistas que han provocado una grave crisis de identidad en la Iglesia. En una autobiografía de 1994, traducida al inglés, dice que entonces Roma “se vio invadida por la teología protestante progresista y varias corrientes de la ideología marxista”.

En un volumen de 2009 critica los Encuentros Internacionales de Juventud, tan gratos al anterior Papa, Juan Pablo II, por estar infiltrados “por grupos de activistas promotores de la homosexualidad y del lesbianismo; así como también [por] las sectas protestantes y propagandistas judíos”. En su autobiografía, Gálvez se confiesa un admirador del Opus Dei, se queja del “complejo de inferioridad frente al mundo que comenzó a asaltar a la Iglesia en la década de los años 60” y añade que la “Iglesia debe tener en cuenta la tradición cuando se enfrenta a los desafíos del mundo moderno”.

En una Iglesia Católica diezmada por los casos de abusos a menores -varios de ellos en Wisconsin-, la respuesta del obispo Morlino a la espantada de fieles y vocaciones es regresar a los valores tradicionales, previos al Concilio Vaticano II. La Sociedad de Jesucristo Sacerdote se dedica con especial empeño a atraer a personas jóvenes a los rangos de la iglesia. El problema para los fieles de Wisconsin, que se han quejado de sus métodos reiteradamente, es que con tal de lograr más curas, el obispado está dejando los bancos de las parroquias vacíos.

El Gobierno de Baleares (PP) prepara más reformas —recortes presupuestarios— en educación. Más allá de los primeros anuncios que implicarán la posible pérdida de empleo para 600 profesores interinos debido a la ampliación de la jornada de los enseñantes, ahora se anuncia un recorte del horario semanal para los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 a 16 años. Las clases pasarán a ocupar 30 horas en lugar de las 32 horas actuales que se dan en las islas (en las comunidades bilingües tienen una asignatura más para la lengua cooficial y, por tanto, un horario ampliado). Una de las asignaturas agregadas fue, según el Gobierno del PP, la hora de la Educación para la Ciudadanía desde 2º de secundaria.

Serán seis clases diarias de 50 minutos, según ha explicado hoy el consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Rafael Bosch. En la actualidad dos de las jornadas semanales tienen un incremento de una hora más, hasta seis. “No se altera para nada el currículo básico”, ha dicho Bosch, exdirector de dos centros privados de Palma. Describe su propuesta, no negociada con los sindicatos, como una opción para “optimizar los recursos” (profesores) y dar facilidades a los directores “para organizarse mejor” y superar las dificultades “de manejar la programación”. Hay dos formas de ajustes horarios previstas: una de la consejería y otra autónoma para los centros. “Las asignaturas troncales no se tocarán”, agrega una portavoz de la consejería.

El consejero Bosch no ha explicado los datos finales, el resultado de su nuevo movimiento estratégico: cuánto ahorra y cuántas personas pueden quedar afectadas por este “ajuste” en el próximo curso. Es “facultativo” de las comunidades, ha indicado, fijar los horarios y ha reseñado que Baleares es de las que más horarios intensivos, matinales, tiene en España en los institutos públicos.

“Es un globo sonda más, una decisión unilateral más de recortes, aún sin formular ni evaluar. En el plano humano son menos empleos”, opina el profesor Biel Caldentey, del sindicato mayoritario STEI (Sindicat de Treballadores de l’Ensenyament de les Illes). Caldentey subraya que se “disminuye el horario lectivo y los costes salariales, así en abstracto, como sucede con la decisión de cerrar dos hospitales, el Juan March y el General de Mallorca”.

El sindicato USO ha divulgado la noticia del recorte de horario en institutos de secundaria y centros concertados al transcribir una conversación final en una mesa de negociación. La “idea” la deslizó Mercedes Celeste, directora general de Planificación y Centros. USO reclama que se reduzca la jornada de los profesores antes de ajustar las plantillas de los centros para aplicar el recorte del horario lectivo.

La Guardia Civil encontró ayer en un domicilio de Manzanares (Ciudad Real) a una mujer muerta con un golpe en la cabeza y a su marido ahorcado. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género seguido de suicidio, según la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. El matrimonio estaba en proceso de separación. No había ninguna denuncia previa ni antecedentes por malos tratos.

La mujer, M. J. G. L, tenía 48 años, y el hombre, M. N. M. G., 50. Los guardias civiles encontraron los dos cuerpos a primera hora de la mañana en el domicilio familiar. Los investigadores piensan que el hombre habría golpeado a la mujer y luego se habría quitado la vida. No obstante, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis. El alcalde de Manzanares, Antonio Gómez de la Manzanara, señaló que el matrimonio era muy conocido y que tenía dos hijos mayores de edad.

De confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista, se elevarían a 17 las mujeres muertas a manos de su pareja o expareja en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) fue el centro de una desagradable polémica durante el año 2008 a consecuencia de las cifras de mortalidad de su servicio de cirugía cardiovascular, que una auditoría externa calificó, en algunos extremos, como inaceptables. La denuncia de un cirujano puso en cuestión la veracidad de las estadísticas del hospital. El asunto llegó al Parlamento canario y a los tribunales. Años después, nadie ha asumido responsabilidades, no se produjo más cambio que el despido del cirujano que denunció los hechos, y el servicio de cirugía cardiovascular ha perdido actividad porque hay pacientes que no quieren operarse en ese centro y médicos que hacen todo lo posible por derivar casos a otros hospitales.

En cuanto a las tasas de mortalidad, el HUC, situado en la localidad de La Laguna, asegura que se han estandarizado aunque durante 2011 aumentó la gravedad de los pacientes atendidos. También reconoce que “no se ha realizado auditoría externa” desde 2006.

Marzo de 2008. Salta la alarma en Canarias al conocerse que una auditoría sobre el departamento de Cirugía Cardiovascular del hospital de La Laguna, referencia en Tenerife, confirma la existencia de datos de mortalidad inaceptables, muy por encima de la media (en algunos aspectos, el doble). Los expertos hacen la auditoría “a instancias del hospital por cuanto los resultados del servicio de cirugía cardiovascular han sido cuestionados en dos ocasiones, una por la propia institución y otra por un profesional”. La auditoría analiza los años 2005 y 2006. El trabajo se entrega en abril de 2007 a las autoridades sanitarias. Y se filtra en 2008, es decir, casi un año después. Los auditores encuentran que el HUC está bien dotado en infraestructuras, pero sufre “una falta de organización grave”, “una mortalidad exageradamente elevada y muy especialmente preocupante para determinadas patologías” y una “falta de confianza” por parte de otros servicios hasta el punto de que terminan derivando pacientes a otros hospitales.

Aunque aquel conflicto ha suscitado severas críticas entre expertos por un tratamiento informativo “sensacionalista” del caso, la reacción de la clase política local contribuyó a crear más alarma. Quedó en entredicho la veracidad de los datos que el HUC ofrecía en sus memorias (donde difundió tasas de mortalidad por debajo incluso de la media nacional) y evidenció cómo, tanto la sanidad pública como la privada tienen un problema de transparencia: una auditoría se ocultó durante meses y solo su filtración obligó a que la clase política anunciara la adopción de medidas para resolver el problema. Pero, ¿dieron resultado esas medidas?

Mayo de 2012, cuatro años después. Una asociación de afectados por el servicio de cirugía cardiovascular del HUC esperan sentencias en los tribunales de justicia. Hay una demanda penal contra el responsable de dicho servicio que ha sido sobreseída por un juzgado sin practicar las diligencias que había solicitado y ha motivado una reclamación al Tribunal Superior de Justicia y una carta al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por si se pueden apreciar irregularidades en el proceso.

Este periódico ha entrevistado a médicos que conocieron dicho servicio durante aquellos años y alguno que lo conoce en la actualidad. Todos los consultados confirman los datos de la auditoría y describen un servicio mal organizado donde se respiraba un ambiente crispado entre los cirujanos. Uno de los entrevistados describe situaciones de tensión que podían ser evitables: “Poner juntos a operar a un cirujano que mide casi dos metros con otro que apenas está en el 1,60 provocaba una tensión innecesaria en el quirófano”. “Se producían situaciones vergonzosas, a pesar de que el material era espectacular”, comenta otro testigo.

La dirección del hospital ha aceptado responder a algunas cuestiones por escrito. Sobre la continuidad del responsable del servicio o una renovación del personal, tal y como sugería la auditoría, no responde directamente. Cita otros servicios y se deduce que no ha cambiado al responsable.

Respecto al número de operaciones, están entre las 221 de 2008 y las 246 de 2011, que el HUC califica como una actividad “estable”. Estas cifras son inferiores a las de los años 2006 y anteriores, que superaban las 300.

El hospital reconoce que fue en octubre de 2008 cuando se crea la comisión de mortalidad. Se trata de una comisión que es obligatoria en todo hospital de tercer nivel como es el caso del HUC. Por tanto, entre 2001 y 2008 se negó la existencia de problemas con la mortalidad y se llegó a asegurar que los datos estaban “entre los mejores de Europa”, cuando no funcionaba la comisión que debe certificar dichos resultados.

“En sentido estricto, no se ha realizado auditoría externa”, dice el escrito del hospital que, en lo referente a las tasas de mortalidad en los últimos años, no aporta información concreta. Se limita a decir que, en 2011, la población atendida por dicho servicio “ha mostrado un aumento en la gravedad de sus factores del riesgo del 12,3%, indicando la mayor complejidad y gravedad de los pacientes intervenidos”. Finalmente, agrega que en “los pacientes con un índice de pronóstico bajo, la supervivencia fue del 100%, mientras que cuando concurren factores de gravedad múltiples, el porcentaje de pacientes que sobreviven es del 52%”.

“Fría”, “calculadora”, “como Jekyll y Hyde”. Así es como recuerdan a sor María Gómez Valbuena, de 87 años, única imputada por un juez por presunto robo de niños, madres que la acusan de quitarle a los suyos. Matrimonios que se convirtieron en padres gracias a ella cuentan que acudieron a verla tras oír hablar de “la monja que daba niños”. Y algunos de esos bebés dados en adopción recuerdan hoy que mantenía el contacto con ellos, incluso les preguntaba por las notas. Este es el retrato de una monja acusada de robar bebés.

“Yo estaba muy asustada y me tranquilizó. Me habló de guarderías. Confié en ella. Fue tejiendo una tela de araña hasta que me atrapó”, recuerda María Luisa Torres, la responsable de que sor María esté imputada. Era 1982, acaba de separarse de su marido y estaba embarazada y sola. Acudió a la monja tras ver un anuncio en una revista en el que prometía ayudas madres en apuros. “Cuando me desperté tras el parto, ella era otra persona diferente. Tenía dos caras. Como Jekyll y Hyde. Cruel, altiva. Se quedó con mi bebé. Me amenazó con quitarme a mi otra hija, por adúltera. Y mientras lo decía, yo veía cómo ella estaba imaginando ese momento”.

La religiosa trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina y colaboraba en la de San Ramón, dirigida por el doctor Eduardo Vela, otro de los nombres que más se repiten en las denuncias por robo de niños. Estaba muy solicitada. A ella acudían matrimonios de distintas partes de España frustrados por la dificultad de adoptar por los cauces tradicionales —en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000 solicitudes— y embarazadas en apuros, como María Luisa, o jóvenes solteras que se habían quedado embarazadas trabajando de sirvientas o a las que sus padres habían echado de casa al conocer la noticia. La religiosa las enviaba a una pensión en Madrid donde siempre había habitaciones reservadas a su nombre, o a un piso en el barrio de Salamanca. Apenas salían, salvo para las revisiones con el doctor Vela. Algunos de los padres que luego adoptaron a esos bebés guardan las facturas que sor María les pasaba por la estancia de las chicas. En 1978 ascendían a 500 pesetas por día. Alejandro Alcalde, que adoptó a la hija de María Luisa, Pilar, pagó casi 100.000 en 1982 por “gastos de parto, anestesia…”. Él recuerda a sor María como “de una terrible frialdad”. Le ofreció cambiar al bebé por otro porque Pilar había nacido enferma.

Muchos matrimonios que querían adoptar llegaban a sor María derivados de la Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas. En 1980, cuando ya se hablaba de un mercado ilegal de bebés, Guijarro declaraba a EL PAÍS: “Hoy por hoy, el sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas… En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena”.

Los padres adoptivos de Camino, nacida en San Ramón en 1979, estuvieron a punto de denunciarla. “Sor María debió de ver que no tenían mucho dinero”, cuenta Camino, “y les dijo que la única posibilidad que tenían de adoptar era llevándole otra mujer embarazada que no fuera a quedarse el bebé”. La monja utilizó el sistema del trueque en al menos otra ocasión. Mari Carmen Rodríguez, madre adoptiva de David, nacido en San Ramón en 1981, también relató a este diario que sor María le dijo que tenían que llevarle “otra embarazada a cambio, y que lo hacía así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscando”.

Sor María dio largas a los padres adoptivos de Camino. “Les dijo que ya llamaría cuando hubiese otro niño disponible. Mi madre dice que ‘ella hablaba de bebés como si fueran manzanas’. Hasta que la amenazaron con denunciarla, y entonces les citó media hora más tarde en San Ramón. Mi madre compró un pijamita azul porque pensaba que le iba a dar al bebé de la embarazada que ella había llevado, que había sido niño, pero sor María les entregó envuelta en una toalla a una niña, yo. Mi madre siempre ha pensado que me tenían preparada para otros con dinero”.

Los padres adoptivos de Alfonso, de Alicante, tampoco entraron con buen pie con sor María en 1983. “Fueron a verla porque una amiga del Opus que había adoptado a tres hermanos en San Ramón les dio su nombre. Me han contado que sor María se enfadó mucho cuando les vio. Ya había salido en los medios la noticia del tráfico de niños en aquellas clínicas y estaba nerviosa. Les dijo que era imposible. Pero casi un año después les llamó. ‘Tienen ustedes amigos muy importantes’, les dijo, y les dio al niño, yo”. La entrega se produjo horas después del parto, de forma ilegal. “Todas las Navidades sor María mandaba una postal y mis padres una cesta con comida. Recuerdo haber hablado con ella por teléfono. Me preguntó si me gustaban mis padres, si iba a misa, qué notas había sacado…”.

A Enriqueta Pelayo oír el nombre de la monja le pone “la piel de gallina”. “Sor María me dijo: ‘La criatura ha muerto. Es un angelito de Dios’. Yo grité que quería verla. Me tiró encima de la cama la ropita que yo había llevado y me dijo: ‘Mejor que se te haya muerto esta y no las otras tres que ya tienes criadas”. Esta semana presentará denuncia. Juan

Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, declaró recientemente: “En esa congregación [las Hijas de la Caridad, a la que pertenece sor María] puede haber y hay pecadores y delincuentes (…) la Iglesia no va a oponer resistencia a que se aclaren, en justicia, las cosas”.

Hace tres semanas, Aena instaló en todos los aeropuertos españoles carteles para avisar a los viajeros de que la normativa permite embarcar con bolsas o paquetes de productos adquiridos en las tiendas de las terminales, quepan o no en el equipaje de mano, sin que ello suponga un sobrecoste. Para algunos viajeros, esta información ha supuesto una sorpresa: ¿por qué algunas compañías no permiten entrar en los aviones con esos bultos o cobran por ellos? Muchos, de hecho, se han acercado desde entonces a los mostradores de información para preguntar si esa ley es obligatoria para todas las aerolíneas.

La respuesta de la empresa pública propietaria de los aeropuertos españoles es tajante: todas las operadoras están sujetas a la Ley de Navegación Aérea, cuyo artículo 97 establece que “el transporte en cabina de los bultos y equipaje de mano, y en particular los adquiridos en las tiendas del aeropuerto, es obligatorio para todas las compañías sin excepción y debe realizarse de manera gratuita”, según recuerda en un comunicado. Por ello, recomienda a los viajeros que presenten reclamaciones cuando este derecho les sea denegado.

Las consultas de los viajeros se refieren sobre todo a las compañías de bajo coste, entre ellas Ryanair, que en ningún caso permite la entrada en sus aviones con más de un bulto en la mano, aunque sean productos adquiridos en las terminales. La aerolínea británica justifica su política de “tolerancia cero” en que los viajeros, al comprar su billete, aceptan esa condición, expresada en sus reglamentos relativos al equipaje de mano, que establecen un sobrecoste de 50 euros por los paquetes adicionales. Una condición que, según un portavoz de Aena, es “totalmente ilegal”.

Al hilo de la campaña informativa de Aena, la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) ha pedido hoy a las autoridades competentes -en este caso, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea- que intensifiquen las inspecciones para impedir que las aerolíneas se aprovechen de los viajeros que no conocen la legislación. “Muchas aerolíneas buscan resquicios en la normativa para aplicar nuevos cargos extra que los pasajeros, en su desconocimiento, creen que son legales. Por eso es importante que aumenten las inspecciones. No se puede confiar en que las compañías vayan a cumplir la ley de buena voluntad”, afirma su portavoz.

La respuesta ha llegado en 48 horas. La Alianza de Plataformas de ONG del VIH, que engloba a más de 300 asociaciones dedicadas a esta infección, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que se desmarcan de su propuesta de que sean ellos los que atiendan a los inmigrantes en situación irregular que quedarán fuera del sistema el 1 de septiembre. “Su propuesta supone la creación de un sistema sanitario paralelo que puede tener un impacto negativo a nivel de derechos, de salud pública y económico”, le dicen a la ministra.

La carta está resumida en tres puntos. El primero se centra en el aspecto económico de la propuesta. “La creación de un sistema paralelo de atención genera deseconomías de escala”, afirman, “al tiempo que se incurre en nuevo gasto fijo para organizar y mantener” esta atención. Con ello se incumpliría el propósito de ahorrar, que es el objetivo de la medida, aunque se mantendría otro: castigar a un colectivo al que se acusa de hacer uso fraudulento del sistema sanitario. Pero, volviendo al tema económico, las ONG admiten que el nuevo sistema puede ser rentable si sus costes son “realmente muy bajos”. Claro que ello “cuestionaría de raíz que la calidad de atención sea ya no la misma del sistema público, sino la mínima imprescindible para ser eficaz”.

En su segundo punto se plantean su papel en este modelo. La carta no explicita alguna de las ideas que se manejaron durante su gestación, como que las organizaciones no querían ser parte de una solución que les parece discriminatoria. En un plan mucho más pragmático, exponen que “El Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado el 3 de abril que evidenciaron una desaparición de las subvenciones destinadas a ONG del VIH y sida para el desarrollo de acciones de salud pública. ¿Cómo piensan llevar a cabo estos convenios cuando las organizaciones estamos frente a una situación económica compleja, cerrando servicios y algunas a punto de desaparecer?”.

El tercero expone algunas de las dificultades legales y de otro tipo que tiene la idea de Mato. “No se precisa de qué manera se va a regular el acceso al tratamiento, pruebas, expedición de recetas, medicación hospitalaria, atención especializada, ni si se va a legislar de manera excepcional para dar respuesta a situaciones”, dicen.

Las ONG insisten en que quieren seguir haciendo su labor, y que esta carta no quiere decir que renuncien a sus programas, pero en otro plano. La carta concluye con una demanda: “Que el Gobierno tenga voluntad política, cese de tomar decisiones unilaterales y convoque de forma inmediata a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida como órgano legitimado para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en el estado español. Además solicitamos que garantice el respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no solo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH”.

Los Legionarios de Cristo no aguantan la luz de los focos. Durante décadas, el fundador de una de las más conservadoras y poderosas congregaciones de la Iglesia católica, el mexicano Marcial Maciel (1920-2008), logró llevar una vida pública ejemplar mientras en la oscuridad robaba, se drogaba con morfina y abusaba de menores, incluidos algunos de los hijos que tuvo con dos mujeres. Ensalzado en vida por Juan Pablo II, el papa Benedicto XVI ordenó dos años después de su muerte intervenir la organización y someterla a vigilancia. No lo ha soportado. El Vaticano está investigando a siete sacerdotes de los Legionarios de Cristo por supuestos abusos sexuales a menores de edad y a otros dos más por utilizar su misión espiritual para mantener relaciones sexuales con mujeres.

Los propios Legionarios, a través de un comunicado a Associated Press, han admitido que pusieron en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo del Vaticano que se encarga de investigar los presuntos casos de pederastia en el seno de la Iglesia, las acusaciones contra sus sacerdotes. “Hace unos años”, reconocen, “responsables de los Legionarios de Cristo recibieron en varios países algunas denuncias de actos gravemente inmorales y más infracciones serias cometidas por algunos legionarios”. Los herederos de Maciel aseguran que solo hay un caso de abusos recientes y que los demás habrían sido cometidos hace décadas. Un largo periodo de oscuridad en el que el Padre dirigió con mano de hierro su congregación —900 sacerdotes, 3.000 seminaristas y 70.000 miembros laicos repartidos por 18 países— mientras llevaba una doble vida casi perfecta.

Ahora se sabe que en Roma se apellidaba Maciel. En México, unas veces Rivas y otras González. Al tiempo que el Vaticano lo trataba con las complacencias que se merece el líder de una poderosa orden fundada por él mismo en 1941, en su otra vida mexicana decía que trabajaba en la Shell y otras que era agente de la CIA. En Europa era célibe. En América era la pareja —por lo menos— de Blanca Estela Lara, una mujer a la que conoció cuando ella tenía 19 años y él 56. Maciel adoptó al hijo que Blanca acababa de tener y le propuso matrimonio. Nunca se casaron, pero tuvieron dos hijos más. Tres hijos que, junto a su madre, desvelaron el pasado año en la televisión mexicana la otra vida del fundador de los Legionarios. “La primera vez que abusó de mí”, contó Raúl González Lara, “fue en Colombia, cuando yo tenía siete años. Yo estaba acostado con él, como cualquier niño con su padre a esa edad. Él me bajó los calzoncillos y me intentó violar. Fue el primer abuso. Pero hubo muchos abusos sexuales más. También en Madrid. Hacía que mi hermano y yo lo masturbáramos y que le sacáramos fotos. Él se quedaba con las fotos Nos decía que su tío también lo había hecho con él…”.

Incluso después de que, en 2006, el papa Benedicto XVI lo castigara apartándolo del ministerio sacerdotal, la congregación ultraconservadora lo siguió protegiendo con el beneficio de la duda, pero, ante una revelaciones tan tremendas, los Legionarios de Cristo no tuvieron más remedio que admitir la evidencia, reconocer la vergüenza y apear a su fundador del cariñoso apelativo de Padre. En un comunicado fechado en Roma y firmado por su actual director general, Álvaro Corcuera, la orden admitió: “Estamos profundamente consternados y tenemos que reconocer que son ciertas las acusaciones contra el Padre Maciel, entre las que se incluían abusos sexuales a seminaristas menores”. La esperanza era que Maciel fuese la única fruta podrida del cesto. Pero, hete aquí que, para protegerse a sí mismo, el fundador de los Legionarios de Cristo había incluido en sus reglas de funcionamiento interno la prohibición de denunciar a un superior. Así que, cuando Aaron Loughrey, que ahora tiene 35 años, tenía 17 años y era seminarista en Irlanda no supo decir que no cuando un superior, alegando que tenía calambres en el abdomen, se metió en su cama, le pidió que le diera masajes y luego que lo masturbara.

Loughrey, que no llegó a ordenarse sacerdote, ha contado a la agencia AP: “En mi corazón y en mi conciencia, yo creía que había actuado de esa noche como un verdadero legionario, al anteponer las necesidades de mi superior a las mías”. El exseminarista dice estar convencido de que hay más abusadores en los Legionarios. Aunque tardía, la Iglesia católica parece dispuesta a cortar por lo sano la epidemia de abusos a menores cometidos por clérigos en todo el mundo. La puesta en escena de esa decisión se produjo el pasado mes de febrero, durante un organizado por el Vaticano en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El encuentro supuso un giro copernicano en su política. No solo porque por primera vez —en directo, con luz y taquígrafos— representantes de 100 conferencias episcopales y superiores de 30 órdenes escucharan el testimonio en directo de una de sus víctimas, sino también porque el mensaje, rubricado con el sello papal, es nítido y contundente: “Las víctimas son nuestra prioridad. Los curas, ante el juez”.

Tras horas de deliberación, el comité antiviral de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha decidido que el fármaco Truvada -que actualmente se usa para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)- debe ser aprobado como método preventivo contra la infección por este virus entre la población de riesgo, según ha confirmado a través de un correo electrónico Stephanie Yao, portavoz de la agencia.

Esta es la primera vez que los asesores de salud del Gobierno de EE UU respaldan administrar un medicamento antiviral a las personas sanas expuestas al VIH a través de las relaciones sexuales. Con una amplia mayoría de votos a favor, este medicamento avanza un paso más hacia la acreditación definitiva ya que “la última palabra la tiene la propia FDA”, según ha explicado Yao. La decisión final se espera para el próximo 15 de junio, según informa el diario The Washington Post, aunque desde la agencia no han confirmado la fecha.

Una revisión inicial de dicho fármaco -aprobado para el tratamiento del VIH en 2004 y cuya composición es una combinación de dos fármacos antirretrovirales, denominados tenofovir y emtricitabina- realizada a principios de semana por un panel de control de la FDA concluyó que este medicamento era seguro y efectivo para su uso como método preventivo de la infección por VIH. Este hallazgo promovió la reunión de este jueves.

Dicho informe señalaba además que “si las personas ingerían Truvada diariamente junto con el uso de otros métodos de prevención, estas podían estar a salvo de contraer el VIH, una infección que ataca el sistema inmunológico humano y, si no se trata, deriva en sida”, según la agencia. En 2010 se diagnosticaron 2,6 millones de nuevos casos de esta enfermedad en todo el mundo, según el informe anual de la ONU.

“Además, la gente sana tolera bien este medicamento”, añaden desde la agencia. Entre los efectos secundarios de Truvada se encuentran las naúseas y el dolor abdominal durante las primeras semanas, aunque estos síntomas disminuyen con el paso del tiempo. Truvada, elaborado por los laboratorios Gilead Sciences Inc. (California), no reemplazará a los preservativos u otras medidas que permiten relaciones sexuales seguras, sino que se usará como método complementario.

Estas conclusiones se basan en dos estudios que mostraron que dicho medicamento disminuía el riesgo de una nueva infección en un 42% entre los hombres gais sanos y bisexuales cuando se combinaba con otros métodos preventivos, y en un 75% en las parejas heterosexuales en las que uno de los miembros estaba infectado por el VIH. Según las mismas investigaciones, este medicamento puede reducir el riesgo de infección hasta en un 94% en personas que toman diariamente esta pastilla. La primera vez que hubo indicios de que Truvada podía evitar que las personas contrajeran el VIH fue en 2010, según informa la agencia AP. Los médicos ya usaban Truvada como método de prevención aunque no se incluyera en el prospecto del fármaco, según AP. El laboratorio Gilead Sciences Inc. quiere comercializarlo con este propósito ya que la posibilidad de una vacuna está todavía hoy muy lejana.

Este abordaje de la infección se denomina por los expertos profilaxis preexposición. Consiste en dar fármacos antivirales antes de una relación de riesgo. Se considera que puede ser una herramienta muy útil en algunos colectivos, como el de mujeres que se dedican a la prostitución o que tienen parejas con VIH y que no pueden negociar con estas el uso del preservativo, por ejemplo.

Si finalmente la FDA decide aprobar este fármaco como preventivo del VIH, este hecho marcará un hito en la batalla contra un virus que ha provocado una epidemia que dura ya casi 30 años -el virus fue descubierto por Luc Montagnier en 1983-. “Este sería el primer paso de lo que esperamos que sea una sucesión de acontecimientos”, ha dicho Mitchell Warren, director ejecutivo de AVAC (Global Advocacy for HIV Prevention) en el diario de The Wall Street Journal.

La primera aprobación oficial de un fármaco para prevenir el VIH provoca algunos recelos entre los expertos. Algunos profesionales discuten sobre si los hallazgos encontrados en las investigaciones son suficientes, y otros se preguntan qué pasará con los métodos preventivos actuales como los preservativos u otras medidas de sexo seguro. Según algunos expertos, este nuevo paso podría afectar a que se obstaculicen todos los esfuerzos en prevención que se han hecho hasta ahora. Otros, en cambio, son claramente partidarios. “Cuando un medicamento es seguro y efectivo para un uso particular, y hay una necesidad obvia, me parece que la gente debe tener acceso a él”, sostiene en la revista Time Chris Collins, vicepresidente y director de Seguridad Pública de la Fundación para la Investigación del Sida (amfAR, por sus siglas en inglés).

Otro de los peros es que Truvada es caro. El coste en EE UU es de más de 10.000 dólares al año (más de 7.721 euros), y dependiendo del seguro con el que se cuente puede ser accesible tan solo para un pequeño grupo de personas que puedan pagarlo. Si finalmente la FDA lo aprueba puede ser más probable que las aseguradoras cubran el uso preventivo de este medicamento. En España, el medicamento forma parte del conjunto de antivirales que se dispensan para tratar la infección por VIH, informa Emilio de Benito. No se puede comprar en farmacias ya que solo lo dispensan los hospitales, pero su precio de venta al público es de 502,99 euros la caja de 30 comprimidos, así que un tratamiento continuado de un año costaría 6.035,88 euros al año.

En EE UU, 1,2 millones de personas viven con el VIH y uno de cada cinco no sabe que está contagiado. Se dan 50.000 nuevos casos cada año en EE UU, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades. En España las cifras son de unos 150.000 infectados, de los que un tercio ni siquiera lo sabe. Cada año, alrededor de 3.000 personas se contagian.

Varios profesionales han asegurado al periódico The New York Times que “las cifras de infecciones no se han movido en los últimos 15-20 años. El consejo clínico y los condones no están haciendo su trabajo”. Para un gran número de expertos, “tener un nuevo arma para combatir esta infección debe ser bienvenido”.

La jefa de Prevención del Plan Nacional sobre el Sida, Olivia Castillo, considera que la decisión de los expertos se basa, sobre todo, en estudios “muy recientes”, casi todos hechos en “hombres que tienen sexo con hombres”. La posibilidad de que ello suponga algún cambio en la regulación en España estaría lejana, según ella. “Todavía tiene que aprobarlo [el medicamento] la agencia, y luego, hasta que eso llega a España tendría que pasar evaluaciones de la agencia europea”. También recalca esta experta que los ensayos se hicieron siempre “manteniendo otras medidas de prevención”, como el preservativo, por lo que sería peligroso que alguien las dejara por tomar la pastilla.

El expresidente del Grupo de Estudio de Sida (Gesida), Federico Pulido, afirma que los datos de los experimentos que avalan este uso son “contundentes”, pero cree que, sin embargo, “en este momento económico” el enfoque debe ser otro. “Es más importante centrarse en dar medicación a los infectados. Esto tiene dos efectos: mejora su salud y evita que transmitan el virus”, dice.  “Ese debe ser el objetivo”.

El Gobierno central se excedió en su intento de tumbar la subasta andaluza de medicamentos. Esa es la conclusión que se extrae del intercambio de escritos entre el Abogado del Estado, la Consejería de Salud y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, donde se tramitaba el recurso presentado por el Gobierno contra el concurso de fármacos. El juez ha suspendido la causa después de que el propio Abogado del Estado lo pidiera al percatarse de que la jurisdicción contencioso administrativa no puede tramitar un asunto que ya estudia el Tribunal Constitucional.

La suspensión hasta que se pronuncie el alto tribunal implica que tampoco prospera la paralización cautelar de la subasta que había pedido el Gobierno en el mismo recurso. El procedimiento abierto en el Constitucional, que sigue adelante, implicaba la suspensión de la resolución recurrida, pero la Junta entiende que no tiene carácter retroactivo, por lo que los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron con el SAS la adjudicación siguen adelante.

Fuentes de Salud han confirmado que el procedimiento está listo para que, a partir del 1 de junio, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.

Salud al menos habría conseguido frenar así el intento del Gobierno de evitar que la primera fase del concurso público llegara a aplicarse, lo que llevó al Ejecutivo central a recurrir la subasta por todas las vías posibles.

El recurso contencioso administrativo había sido admitido a trámite, pero el juez ha dictado una providencia de suspensión hasta que se resuelva el conflicto de competencias planteado en el Constitucional. El abogado del Estado Miguel Ángel Gilabert envió el 12 de abril un escrito al Juzgado de lo Contencioso-administrativo 7 de Sevilla para promover “la suspensión” del recurso interpuesto días antes “por existencia de cuestión prejudicial constitucional”.

Las mismas razones alegó el letrado de la Consejería de Salud para pedir al juez que frenara el recurso y la suspensión cautelar. “Es absolutamente improcedente la tramitación de una medida cautelar que carece de objeto”, advirtió al juez el abogado de Salud.

Uno de los referentes tradicionales del periodismo norteamericano, el semanario Time, ha generado una considerable polémica en Estados Unidos al colocar en su portada a una mujer de 26 años dándole el pecho a un niño de tres, bajo el titular “¿Es usted lo suficientemente madre?”. La revista, fundada en 1923, y conocida en otros tiempos por su profundidad y rigurosidad, se ha visto acosada en años recientes por la agresiva estrategia de su principal competidora, Newsweek, de llevar imágenes coloristas e impactantes a la portada.

El reportaje de Time es un perfil del doctor Bill Sears, que, con 40 libros en su haber, defiende que los padres mantengan muy estrechos lazos con sus hijos hasta edades relativamente avanzadas. “Algunos padres se suman a su teoría de la llamada crianza con apego – caracterizada por la lactancia hasta edad avanzada, por dormir con los niños y por llevar a los bebés pegados al cuerpo- creyendo que es la mejor manera de criar a los niños, para que crezcan con confianza y seguridad. Otros piensan que Sears es un déspota antifeminista”, explica la autora, Kate Pickert.

Time es la revista con mayor circulación de EE UU, con una media de 3,3 millones de ejemplares, según datos del informe State of the News Media. Ha descendido en casi un millón en la pasada década. El caso de su rival Newsweek es el de un profundo desplome. Es la tercera revista, con 1,5 millones. Ha bajado en más de la mitad con respecto a 2002. Su anterior dueño, The Washington Post Company, vendió ese semanario al inversor Sidney Harman en 2010, por el precio simbólico de un dólar, más las pérdidas, que se estimaban de 30 millones en el año previo.

Newsweek se unió entonces a la página web The Daily Beast, y la fundadora de ésta, Tina Brown, se convirtió en su directora. Algunas de sus portadas han sido ampliamente criticadas. En especial ocurrió con una del año pasado, en la que se mostraba a la congresista y excandidata a la nominación del Partido Republicano Michele Bachmann con un gesto que a muchos les pareció extraño, al borde de la mueca. Sobre ella se imprimió el titular: “Reina de la rabia”. En otra instancia, recreó la imagen de la princesa Diana de Gales, como si no hubiera muerto, en la boda de su hijo, en 2011.

Ante esa competencia, Time ha reaccionado con la portada que muestra a Jamie Lynne Grumet dándole el pecho a un hijo algo crecido. En el reportaje, ésta admite que, al verla en la misma postura que ahora muestra la revista, algunos desconocidos la han amenazado con llamar a los servicios de protección a menores, acusándola “de abuso”. En las redes sociales, muchos internautas han criticado a Time, acusando a la revista de innecesario sensacionalismo.

El ruido municipal no cesa; en los grandes y en los pequeños Ayuntamientos, ahogados por la crisis, los alcaldes peinan sus territorios buscando dónde arañar un tributo que no se cobra, una tasa que alguien no paga, un privilegio fiscal que antes se pasaba por alto. La mirada de los munícipes se ha detenido en los miles de edificios que posee la Iglesia, en sus hectáreas de tierra —que llaman huertos y jardines—, exentas ambas propiedades de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), del que no se escapan los ciudadanos ni las empresas. Zamora (gobernada por el PP) ha revisado su padrón de edificios con ese objeto y ahora exigirá a la Iglesia la tasa de basura. Valladolid y León (también del PP) anuncian estudios jurídicos que determinen con precisión qué se puede cobrar y qué no. El alcalde vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva, prevé solicitar un dictamen al Consejo Consultivo para después estudiar este impuesto en “profundidad”. Recordó que el IBI no se cobra a ninguna confesión.

El Ayuntamiento de León elabora un informe para determinar en qué edificios no se está pagando el IBI, con independencia del titular, y analizar la cobertura legal de las exenciones, dijo a Efe un portavoz, José María López Benito. Soria (PSOE) también está por la labor. No así la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien equiparó la exención de la Iglesia con la que disfrutan otros edificios públicos.

En otras ciudades, el PP está bloqueando iniciativas en este sentido. Santiago de Compostela rechazó en abril una iniciativa del BNG en la que pedían compensaciones a la Iglesia por el dinero que dejaban de ingresar, unos 850.000 euros al año, calcularon. El PP la tumbó. El miércoles pasado ocurrió algo parecido en Oviedo: PP y Foro rechazaron cobrar el IBI a la Iglesia. IU, de quien partió la iniciativa, recordó allí que la recaudación en toda España supondría un ingreso para el total de Ayuntamientos de unos 3.000 millones de euros. Otros municipios como Vilagarcía de Arousa o Lugo, en Galicia, han tratado sobre el asunto, pero ven las dificultades legales. Lugo cree que ha de “canalizarlo” la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). ¿Y qué dice la FEMP? Poco o nada. Que “ningún consistorio” les ha planteado “la existencia de problemas sobre esta cuestión”. Recuerdan la ley y los acuerdos suscritos con la Santa Sede, donde no se hace “referencia alguna a tasas municipales”, por tanto, a ese respecto “depende de cada Ayuntamiento”. Pero no si se trata del IBI.

Las exenciones fiscales a la Iglesia vienen de muy antiguo, cuando se consideró, a principios del siglo XIX, que había que compensar al sagrado estamento por las desamortizaciones y la abolición de los diezmos. A lo largo de ese siglo, la legislación confirma o modifica —siempre generosamente— estas exenciones fiscales. Con algunos paréntesis, la inercia de la historia ha llegado hasta los Acuerdos Económicos con la Santa Sede firmados en 1979, que son los que ahora mantienen presa la fiscalidad española. Los municipios son conscientes de ello. “Esto es un tratado internacional, pero se puede modificar, derogar o suspender con mecanismos de derecho internacional. Es el Gobierno quien tendría que denunciarlos si la otra parte no se aviene a la modificación. Pero los Ayuntamientos tienen las manos atadas”, explica Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra. “¿Cómo se justifica hoy este beneficio fiscal? Porque no veo qué relación tiene un huerto y un jardín con el derecho a la libertad religiosa”, dice Torres. El catedrático, que ha trabajado largo sobre estos asuntos, opina que “lo más lógico es renegociar esos acuerdos”, porque la vía del Tribunal Constitucional la ve complicada, “y de plazos extensos, penosos”. Si la negociación no llega a buen puerto siempre cabe que el Gobierno denuncie unilateralmente los acuerdos. “Equivaldría a romper relaciones diplomáticas”, asegura.

El Gobierno no está por la labor, como se ve en su respuesta a una pregunta parlamentaria que cursó el diputado de IU Gaspar Llamazares. El responsable del Gobierno de Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente, también ha dicho estos días que España “no se puede entender sin referencia al cristianismo”. Y opina que la regulación actual “es satisfactoria”. Ningún Gobierno la ha cambiado, dicen.

El discurso del PSOE sobre el asunto sí ha cambiado desde su reciente congreso en Sevilla. “No es razonable que este privilegio siga existiendo, somos conscientes de que ha supuesto un agravio para muchos socialistas durante mucho tiempo, que hemos decepcionado a muchos electores. Hay que reformar esos acuerdos”, dice Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE. Y añade: “Me adelanto a las críticas. ¿Pudimos hacerlo cuando gobernábamos? Sí”.

La organización Europa Laica, acompañada por el coordinador de IU, Cayo Lara, ha pedido con más de 33.000 firmas en el Congreso entregadas el miércoles que se elimine la exención de pagar el IBI a la Iglesia. IU se ha hecho eco de sus propuestas para modificar los Presupuestos. Del mismo grupo, Gaspar Llamazares recuerda lo ocurrido en Italia, donde ya se le exige el IBI a la Iglesia. “Un Estado aconfesional no puede tener estos privilegios con ninguna confesión”.

La Conferencia Episcopal Española guarda silencio. “Es cosa de cada obispado”, dice.

“Nuestra obligación es facturar los casos que sean facturables, ya sea a un ciudadano chino, norteamericano o ruso, y hacer lo que harían ellos en sus países”. El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana justificó ayer la factura de 20.797 euros remitida a Eduardo Guillamó por la operación de cáncer de recto y ovario practicada en el Hospital General de Alicante a su compañera sentimental, Landi Fan, de nacionalidad china, que se encuentra en España en situación irregular y sin cobertura sanitaria.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por este diario abundaron en este argumento al insistir en que la Administración tiene el deber de reclamar el pago de los procesos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, como es el caso de esta paciente que no tenía ningún sistema de aseguramiento ya que no había conseguido ni ser beneficiaria de su pareja ni obtener la tarjeta sanitaria destinada a personas sin recursos. Además recordaron que Guillamó asumió por escrito “hasta en tres ocasiones distintas” correr con los gastos de la intervención. “Era la única forma de conseguir que la atendieran”, insistió ayer el compañero de la enferma, que se encuentra en el paro y recibe una prestación de 800 euros.

“Hemos actuado correctamente”, explicaron desde la Administración valenciana. “La factura recae sobre un tercero porque es quien se hizo cargo de la asistencia sanitaria y se ha trasladado la tasa correspondiente a la Agencia Tributaria para que se haga cargo del cobro”.

En su intervención, el consejero valenciano explicó que no es lo mismo facturar que cobrar. E indicó que si la persona que ha de hacer frente al pago no tiene los suficientes recursos económicos “evidentemente no tendrá que pagar esta asistencia sanitaria”. Desde el departamento valenciano de Sanidad aclararon que esto no quiere decir que se paralice el procedimiento: “La factura sigue adelante”, aclararon. Sino que la Agencia Tributaria no podrá cobrar al acreedor en el caso de que se declare insolvente.

El Ministerio de Sanidad tiene previsto dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del próximo mes de septiembre.

Vicente Soriano, el investigador del hospital Carlos III de Madrid que realizó, según la inspección de la Consejería de Sanidad, ensayos clínicos con pacientes de VIH sin autorización y sin el consentimiento de los enfermos se enfrenta a una sanción de 216.000 euros. Las infracciones graves y muy graves que detectaron los dos inspectores que estudiaron el caso en noviembre de 2010 acabaron en un expediente sancionador que fijó esa cuantía según los baremos que establece la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos, que regula los ensayos clínicos.

Soriano, médico adjunto del servicio de Infecciosas del Carlos III y uno de los expertos en VIH con más publicaciones del mundo, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que sigue estudiando el caso. Según su abogado, una resolución del TSJM de febrero pasado ha dejado en suspenso la sanción, por lo que el investigador aún no ha hecho efectivo el pago ni lo hará hasta que se resuelva el recurso. Su defensa consiste en demostrar que no se trata de ensayos clínicos, sino de estudios con medicamentos ya comercializados para los que no son necesarios los mismos requisitos.

El caso de los ensayos sin autorización, desvelado el martes por EL PAÍS, provocó este miércoles la reacción de los tres partidos de la oposición, que pidieron la comparecencia urgente del consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, en el Parlamento regional. El portavoz socialista, José Manuel Freire, solicitó conocer en qué punto falló el protocolo que regula estas investigaciones. El de IU, Rubén Bejarano, preguntó desde cuándo tenían conocimiento de la situación las autoridades sanitarias. “Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hay detrás de todo esto”, aseguró Enrique Normand, de UPyD. Todos calificaron los hechos de graves.

Las circunstancias en las que se produjeron los acuerdos con la Santa Sede que son anteriores en el tiempo a la Constitución se dieron en un contexto diferente del actual, con una Iglesia abierta y vinculada en España a monseñor Tarancón y durante el Episcopado abierto y liberal de Pablo VI, en pleno Concilio Vaticano II. Debe tenerse en cuenta que la Constitución de 1978 es una de las más abiertas, democráticas y liberales que ha conocido nuestro país, donde había sitio para todos y que expresaba una corriente de aire fresco que, sin duda, comprendía también a las relaciones Iglesia y Estado y la interpretación de los acuerdos con la Santa Sede.

Los diversos acuerdos son, pues, producto de aquellas circunstancias, que no tienen nada que ver con la evolución posterior que sufrió la Iglesia española y la Iglesia universal. Muchos de esos acuerdos eran temporales y suponían su terminación pocos años después, como, por ejemplo, los referentes a temas económicos cuyo coste asumiría la Iglesia a partir de los años ochenta. Por otra parte, el acuerdo en materia de educación y de enseñanza suponía también una perspectiva mucho más abierta y tolerante que la que luego finalmente resultó. En los acuerdos sobre la universalidad de la enseñanza, sobre la gratuidad total de la sanidad y sobre los derechos sociales no intervinieron para nada los convenios con la Santa Sede y fueron un producto puramente civil que se produjo fundamentalmente por impulso de los Gobiernos socialistas. Sin embargo, el cambio en la Iglesia con el final del Concilio Vaticano II, con la vuelta a los papas conservadores Juan Pablo II y Benedicto XVI, han cambiado radicalmente el panorama, y en la Iglesia española personajes como Rouco Varela han contribuido a una situación regresiva y conservadora en esta confesión. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no se atrevió a realizar la prometida Ley de Libertad Religiosa, que abarcaba a la Iglesia y actualmente, con el Gobierno del PP, las líneas más reaccionarias están abiertas y presentes. Al menos mientras esto dure será difícil resolver el tema.

Gregorio Peces-Barba es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

La crisis económica tiene un trasfondo sanitario. “Los malestares son escuchados a diario en los servicios sanitarios, expresados frecuentemente en síntomas, siendo numerosas las evidencias que demuestran que los acontecimientos estresantes cotidianos se relacionan con patologías de salud mental”. Esta es la formulación del proceso según recogen las conclusiones del Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental que se ha celebrado en Oviedo.

No se trata solo de una constatación. Hay que poner remedio, y este debe ser caso a caso. “La personalidad al completo se ve afectada por el colapso provocado por la pérdida económica, pero la respuesta varía según las personas y los contextos, debiendo de ser objeto de cuidados individualizados”, indica el documento. Eso sí, “las patologías inducidas o potenciadas por la inseguridad laboral tienen posibilidades de curación mediante la resocialización a través de la organización colectiva o de la acción social”, afirma.

La situación general no ayuda. “En los recortes en sanidad hay que destacar los que están afectando al ámbito socio-sanitario: disminución de los recursos de rehabilitación psicosocial, congelación de puesta en marcha de nuevos dispositivos, no renovación de conciertos… Todo ello está traduciéndose en un deterioro de los niveles de calidad y en un aumento de las listas de espera”, añade.

Como en casi todas las situaciones de crisis, esta también tiene un sesgo de género: las mujeres, que son la mayoría de los cuidadores, la sufren más. “Los factores protectores en los que las enfermeras deben incidir desde la perspectiva del género son: cuidar el cuerpo (peguntarse por los síntomas); no ser víctima pasiva y tener capacidad de elegir (independencia, autonomía y empoderamiento)”, aclara.

Todo esto lleva a un estado de mal-estar que implica una aproximación holística, distinta de la meramente sanitaria. “En la mirada del mal-estar es muy importante la implicación de todos los miembros del equipo de salud ya que la búsqueda de soluciones a los problemas del mal-estar han abierto el camino de un nuevo paradigma de atención y cuidados, que debe ser abordado desde la interdisciplinaridad”.

La medicina reproductiva está en el punto de mira. Y el presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (Asebir), Manuel Ardoy, es consciente. “Cuando se habla de recortes siempre se nos menciona en el mismo paquete que el aborto y el cambio de sexo. Pero no tenemos nada que ver con ellos, salvo la relación con los genitales, que parece la obsesión de algunos. Lo que necesitamos no es que nos recorten, sino que nos regulen”, afirma tajante. “En España la ley establece que hay que crear un registro de donantes y otro de actividad, y ningún Gobierno lo ha hecho”.

Además, Ardoy está convencido que quienes mencionan las prácticas de fecundación asistida y otros tratamientos de la infertilidad como una de las prestaciones que pueden desaparecer de la futura cartera de servicios lo hacen “más por criterios ético-morales que económicos”. “Las cifras del posible ahorro son muy bajas, unos 50 millones”, afirma.

A falta de un registro nacional, el médico utiliza el de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) para sacar los datos que lo demuestran. “Cada año se hacen más de 86.000 ciclos en España. De ellos, aproximadamente el 30% en la sanidad pública. Gracias a nuestra práctica se produce el 3,5% de los nacimientos de España. Es el doble de lo que bajó la natalidad según los últimos datos, y hay que ver la que se armó. Pues imagine lo que sería sin nosotros”, argumenta.

La idea de que alguien decida privatizar los tratamientos “dejaría a muchos sin el derecho a tener hijos”, afirma. “Hay que tener en cuenta que el 15% de las personas va a tener problemas para engendrar; no es un porcentaje pequeño”. “En la sanidad pública, por ejemplo, cada ciclo para la fecundación in vitro sale por unos 1.000 euros, según nuestras cuentas, aparte de la medicación, que son aproximadamente otros 1.000. Pero en la privada cuesta más de 3.000, con lo que habría una discriminación para las personas con pocos recursos”, explica Ardoy. “Y eso muchas parejas no se lo pueden permitir, y menos de golpe. Porque, además, aunque lo que hacemos lo hacemos muy bien, la tasa de éxito es del 40% por ciclo, así que muchos van a necesitar un segundo e incluso un tercero”. Claro que, a cambio de este coste, el trabajo de los especialistas tiene como resultado “un bien no solo humano, sino también económico: un niño, que va a generar dinero desde el principio”, indica.

Esta defensa de su labor no impide que el médico vea posibilidades de mejora. Ahí es donde entra su apreciación de que, en lugar de recortar lo que hay que hacer es regular. “Se suele decir que los tratamientos de fertilidad obedecen a dos causas, las médicas y las sociales, aunque muchas veces no hay una frontera clara entre ambas”, afirma. A la primera, corresponderían los tratamientos de infertilidad biológica. En los segundos podrían entrar otros, como los tratamientos “preventivos” de mujeres que deciden congelar sus ovocitos o los embriones cuando son jóvenes para usarlos más adelante, o, alguno “muy raro, como el caso del hombre que se ha hecho la vasectomía, por ejemplo, y luego quiere tener hijos”. Aunque él no está de acuerdo, cree que es una de las posibles limitaciones que se pueden llegar a implantar cuando se revise la cartera de servicios. Otra posibilidad es que se restrinja el número de ciclos a que tiene derecho una pareja, aunque “lo normal en la pública es hacer dos o tres, no más, porque a partir del tercero la probabilidad de que el proceso prospere cae mucho”, aclara.

La prestación en los hospitales del servicio nacional de salud tiene otras limitaciones. “Por ejemplo, no se hace donación de ovocitos o de esperma, porque no está regulado el tema de la compensación a los donantes. Por eso mismo, solo se trata a matrimonios o parejas”.

En su área, el médico no conoce casos de abuso por parte de los extranjeros. “Aproximadamente un 20% de las personas que tratamos son extranjeras, pero eso se corresponde con la tasa de población inmigrante de España, porque la infertilidad es global, no varía por nacionalidades. Otra cosa son las clínicas privadas. Alguna está especializada en extranjeras, pero eso es una fuente de ingresos para el país”, afirma.

Eso no quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer en el campo de la gestión, ese “que nos regulen” que argumenta Ardoy como una alternativa. “Lo que pasa es que no ha habido interés, y no sé si conocimiento. A mí nunca me han llamado para preguntarme qué se podría hacer para mejorar el servicio, y lo primero que tiene que hacer un gestor es saber qué se trae entre manos. Que nos gestionen bien, y abarataremos aún más”, dice.

Entre sus sugerencias está la posibilidad de establecer listas de espera únicas. “En el hospital donde trabajo, el Gregorio Marañón de Madrid, es de un año, pero la media está en dos. Nosotros intentamos priorizar a las mujeres que se acercan a los 40 años, porque por encima de esa edad no las tratamos ya que las probabilidades de éxito caen dramáticamente. Pero sabemos que hay parejas que están apuntadas en las listas de varios sitios, a ver dónde las cogen antes. Si la lista fuera única podríamos priorizar mejor las necesidades”.

Ardoy también plantea que, “a lo mejor, es preferible que haya menos centros, pero con más actividad”. “Y se puede avanzar mucho en los materiales. La idea de una central de compras está bien, pero con cuidado. Porque nosotros vemos que el tipo de plástico influye en los embriones, y por comprar lo más barato podemos estar reduciendo las posibilidades de éxito, y no hay nada más caro que un mal material”, asegura. Por eso, para él la calidad es la clave, y ya están tramitando una certificación de Aenor. “Además, en alguna comunidad la central de compras se ha privatizado, con lo que se pierde parte del ahorro, ya que esa empresa que la gestiona se tiene que llevar una comisión”.

Por último, está la cuestión de la preparación de los especialistas. “No existe una formación reglada. En el nuevo ordenamiento, nos han dicho que nos van a meter con genética. Y tenemos cosas en común, como el tema del diagnóstico preimplantacional, pero eso es solo una parte ínfima de nuestro trabajo”.

La policía desarticuló el lunes una red dedicada a la compraventa de datos confidenciales a gran escala en toda España. La investigación se inició hace más de un año y culminó con la detención de 73 personas en 20 provincias. Un juzgado de Barcelona les imputa, según los casos, los delitos de intrusismo profesional, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. La mayoría de arrestados son detectives e investigadores privados, que sobornaban a funcionarios para obtener datos confidenciales y venderlos a terceros.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ordena 43 entradas y registros. De forma simultánea, agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron en empresas, domicilios y Administraciones públicas en busca de documentación que corrobore la investigación, que está bajo secreto de sumario.

Los detectives compraban, supuestamente, información de gran interés a funcionarios y empleados que, por razón de su cargo, tenían acceso a ella. A cambio de facilitarles datos con los que cumplir su trabajo, los empleados públicos recibían una compensación económica, según fuentes cercanas a la investigación. Esa información se utilizaba, en ocasiones, para “llevar a cabo chantajes y coacciones”, según detalló ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

La resolución judicial revela que los detectives compraban a los trabajadores datos de todo tipo: económicos, laborales, personales e incluso telefónicos. La policía registró la oficina del catastro de Barcelona, una oficina del Inem en Badalona, la sede de la Hacienda vasca en Bilbao e incluso el despacho de un funcionario de la unidad de análisis de riesgo del aeropuerto de El Prat. En total, el juez ordena registrar los “puestos y medios de trabajo” de siete funcionarios. Entre los arrestados hay, supuestamente, dos agentes de la Guardia Civil, según fuentes cercanas a la investigación, además de agentes de la policía local, abogados y profesionales de gestorías.

Otra fuente de información para los investigadores privados son las empresas de telefonía. Los detectives establecieron contacto con empleados de diversas operadoras para obtener registros de números y de llamadas. Uno de los registros se produjo en la sede de Orange en Madrid; otro, en la sede bilbaína de Vodafone. El resto de registros de la Operación Pitiusa se realizaron en pisos y empresas de detectives de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia.

La organización “tenía vocación de expandirse en todo el territorio nacional” y tenía una estructura “muy bien montada en forma de tela de araña”, explicó en una rueda de prensa junto al director general de la policía, Ignacio Cosidó. El objetivo de los detectives que integraban esa “red de corrupción”, remachó Fernández Díaz, era elaborar “investigaciones personales y empresariales ilícitas y tráfico comercial”.

La investigación sobre esta red de “estructura horizontal”, que permanece abierta, ha sido coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía y por el grupo de detectives de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

Si la cantidad de metano que produce el ganado en todo el mundo es importante para el cambio climático, ¿no tendría también alguna influencia el metano de las flatulencias de los enormes dinosaurios herbívoros de hace millones de años? Unos científicos en el Reino Unido se hicieron esta pregunta y han obtenido respuesta: “Un simple modelo matemático sugiere que los microbios que vivían en los saurópodos pudieron producir suficiente metano para tener uno efecto importante en el clima del Mesozoico”, explica Dave Wilkinson (Universidad John Mores, en Liverpool, en el Reino Unido), uno de los investigadores de este trabajo. “Nuestros cálculos sugieren que aquellos dinosaurios pudieron producir más metano que las fuentes actuales de dicho gas (sumando las naturales y las debidas a las actividades humanas). Igual que en las vacas, los microorganismos ayudarían a los saurópodos a hacer la digestión por fermentación de su alimento vegetal. Esos microorganismos producen metano.

Según los cálculos de Wilkinson y de sus colega Graeme Ruxton (Universidad St. Andrew) y Euan Nisbet (Universidad de Londres), las emisiones globales de metano por parte de los saurópodos rondarían los 520 millones de toneladas al año, según informa Phys.org. Antes de la revolución industrial, hace unos 150 años, las emisiones de metano eran unos 200 millones de toneladas anuales y actualmente los rumiantes (vacas, cabras, jirafas, etcétera) producen entre 50 y 100 millones de toneladas al año.

En los cálculos de estas emisiones de los rumiantes actuales se han basado los investigadores, que dan a conocer su trabajo en la revista Current Biology, para hacer las estimaciones correspondientes a los dinosaurios teniendo en cuenta las diferencias de tamaño. Dichos cálculos dependen exclusivamente de la masa total de los animales y un saurópodo de tamaño medio estaría en unos 20.000 kilos. También hay que tener en cuenta el tamaño de las poblaciones: la densidad de los saurópodos en el territorio estaría entre unos pocos adultos grandes y unas pocas decenas de individuos por kilómetro cuadrado.