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Esta semana se ha presentado el resultado de una encuesta de la Fundación Gates y Unicef en el que se afirma que tres de cada cuatro españoles son partidarios de mantener o elevar los recursos de la cooperación internacional. Los jóvenes, en particular, apoyan con entusiasmo desde sus colas del paro un aumento acelerado de la financiación que nos permita alcanzar el 0,7% en 2015.

Por decirlo de forma suave, estos números deberían ser tomados con una pizca de sal. Después de un año y medio en el que los Gobiernos de Zapatero y Rajoy han convertido los presupuestos de la ayuda en el Extraordinario Fenómeno Menguante, lo cierto es que nadie en España (empezando por las ONG) ha levantado la voz para protestar. Más aún, estoy convencido de que el verdadero coste político para el Gobierno hubiese estado en no tocar los presupuestos. ¿Se imaginan los litros de tinta amarilla que iban a correr a cuenta de tres o cuatro proyectos africanos de nombre exótico?

Pero una cosa es no tocar los presupuestos y otra afeitarlos con guillotina. A falta de saber qué ocurrirá tras las elecciones de marzo, la ayuda española al desarrollo corre el riesgo de entrar en una fase de deconstrucción. Y eso sería un grave error estratégico, además de una inmoralidad. Para un país como el nuestro, cuyas capacidades económicas y militares son —ejem— mejorables, la cooperación constituye una herramienta insustituible de influencia internacional. A ver si va a resultar que mantenemos nuestro puesto de invitados en el G-20 por la fortaleza de las cuentas públicas y la percha del presidente.

Cualquier movimiento en la dirección correcta necesitará del liderazgo interno de algunos sectores ilustrados del Gobierno (los responsables de la cooperación lo son), pero también del apoyo de una opinión pública que se levanta cada mañana en la telaraña de nuestra propia crisis. Quienes quieran salvar los muebles de la cooperación deben garantizar a los contribuyentes el valor económico y moral de su dinero: concentrar los recursos en un puñado de países y sectores; evaluar la calidad de los organismos multilaterales a los que apoya España; y hacer un esfuerzo intenso de pedagogía pública que explique el impacto de los recursos.

Tengo la certeza de que los españoles son muy conscientes del sufrimiento ajeno y están dispuestos a actuar en consecuencia, algo que no se puede decir de algunos políticos y líderes de opinión. Pero sería ingenuo pensar que su solidaridad va a ser apuntalada a base de encuestas creativas. Necesitamos convencernos todos de que acabar con los programas de ayuda es lo más parecido a dispararnos en el pie.

Gonzalo Fanjul es autor de el blog de EL PAÍS 3.500 Millones.

Malos tiempos para la generosidad. Un estudio realizado por la consultora Seek Development calcula que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) española caerá este año en, al menos, 900 millones (un 20%), bajando del 0,4% del PIB al que se quedó tras los recortes de 2010 y 2011. Con ello, el objetivo de alcanzar el 0,7% en 2015 que anunció el Gobierno socialista es “muy improbable”.

Verónica Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, cree que el recorte decidido a finales de año se va a consolidar en este, y que el impacto final podría ser aún mayor. Esta ONG calcula que la AOD será para 2012 de menos de 3.200 millones, frente a los más de 4.000 presupuestados a comienzos del año pasado. Ello dejaría la ayuda en menos del 0,3% del PIB. “La reducción en los 20 meses desde mayo de 2010 cuando empezaron los recortes ha sido del 40%”, señala Hernández.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) coincide, y calcula que a los mil millones menos del año pasado, el actual Gobierno le aplicará otro recorte de unos mil millones este. “Y a ello hay que sumar la reducción de las comunidades y los ayuntamientos, que también es ayuda”, dice una portavoz. El Gobierno no ha hecho un anuncio al respecto, pero el recorte en más de mil millones previsto para el Ministerio de Exteriores (un 40% del presupuesto) va en esa línea, se temen las ONG.

La publicación del informe de Seek Development se produce en vísperas de la llegada a España de Bill Gates, quien tiene previsto entrevistarse hoy con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El fundador de Microsoft, segunda fortuna del mundo en 2011 según la revista Forbes, está volcado en la labor filantrópica que realiza la fundación que lleva su nombre y el de su esposa, Melinda. Su mensaje es que los países ricos no deben disminuir su ayuda pese a la crisis, y así lo ha repetido en las últimas cumbres económicas mundiales, como el Foro de Davos o la reunión del G-20.

Algunos gobiernos parece que están de acuerdo. Como recuerda la portavoz de Intermón-Oxfam, Francia, Alemania, Reino Unido e incluso Portugal han mantenido o aumentado su ayuda al desarrollo, aunque solo sea porque es parte esencial de su política exterior. Este es el mensaje propugnado por Gates desde hace meses en los foros internacionales, y podría ser el que dirija al nuevo Ejecutivo español. Para reforzar dicha petición, algunas ONG han convocado para hoy a mediodía una concentración en la plaza Mayor de Madrid. Pretenden mostrar al Ejecutivo que los ciudadanos sí consideran importante mantener la ayuda a los más pobres a pesar de la crisis. Esta misma idea fue refrendada ayer mismo por una encuesta de la Fundación Bill y Melinda Gates y Unicef España que afirma que “el 74% de los adultos siguen apoyando la ayuda destinada por España al desarrollo” y un 51% pone en el 0,7% del PIB su objetivo.

El informe de Seek Development (consultora que recibe financiación de la Fundación Gates, entre otros donantes) centra en dos áreas los esfuerzos de la ayuda española: la salud y la agricultura (como vía para desarrollar áreas rurales). Y en ambas prevé importantes recortes, aparte de los que ya se arrastran desde el año 2009, cuando el importe destinado a cooperación llegó a su máximo histórico: el 0,49% del PIB.

Respecto a la ayuda destinada a programas sanitarios, el informe indica que en 2009 se alcanzó un máximo de 500 millones, y que en 2011 descendió a 225 millones, lo que supone una caída del 55%. Estos datos ya fueron denunciados por la organización ISGlobal, que destacó que, si se miden las aportaciones a grandes organismos internacionales (Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Organización Mundial de la Salud, OMS; Alianza Mundial por las Vacunas y la Inmunización, GAVI; o la Iniciativa para el Desarrollo de Fármacos para Enfermedades Olvidadas, DNDi), la rebaja fue aún mayor: de 259,3 a 45 millones (un 83%).

Precisamente, la consultora destaca el caso del Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con el que España ha pasado de ser uno de los mayores donantes (213 millones de dólares, unos 190 millones de euros) en 2009, a entregar la mitad de los 250 millones de dólares (190 millones de euros) prometidos en 2010 y dejar las aportaciones congeladas desde entonces.

Lo mismo ha sucedido con otros grandes proyectos, como la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, a la que se donaron 11 millones de euros para el periodo 2003-2011, pero no hay nuevos anuncios. Y justo ahora es cuando se está más cerca de lograr que desaparezca la enfermedad, porque uno de los grandes países endémicos, India, ha conseguido erradicarla, y quedan solo focos estables en Pakistán, Afganistán y Nigeria.

Respecto a la agricultura, el estudio destaca que se convirtió en una prioridad cuando la crisis alimentaria de 2007-2008, y que los fondos españoles alcanzaron su máximo (453 millones de euros, el 9,5% de la AOD) en 2009. La partida no se ha librado de los recortes. En 2011 las aportaciones cayeron hasta los 146 millones de euros, lo que representa un descenso del 68%.

Igual que en la sanidad, el informe detalla qué áreas han sido potenciadas por la ayuda en agricultura (que es tanto como decir en alimentación): acceso a una comida digna, investigación y agricultura sostenible. Entre las grandes organizaciones internacionales, destaca los 70 millones donados a la Alianza Global para la Agricultura, Seguridad Alimentaria y Nutrición (GPAFS por sus siglas en inglés), que se reactivó en 2009 a instancias de la FAO.

El informe es un documento de trabajo, destinado a que las organizaciones internacionales conozcan los puntos fuertes y débiles de cada país a la hora de pedirles cooperación e involucrarlos en proyectos. Por eso, uno de los aspectos que analiza, aparte de las cifras, es el tipo de ayuda que se ha ofrecido. Una de las conclusiones más destacadas es que casi el 31% de la ayuda española está canalizada a través de organizaciones multilaterales, frente al 16% de la media de la UE. “Este sistema permitió aumentar mucho la ayuda sin incrementar los gastos de personal”, dice el informe, ya que se trataba —simplificando— de donar dinero a instituciones que se encargaban de decidir dónde y en qué gastarlo. Era, por tanto, una ayuda más inespecífica y de la que se controlaba poco, ya que se basa en la credibilidad de las instituciones, pero que permitió el espectacular crecimiento de las cantidades, que pasaron de representar el 0,24% del PIB en 2004 a más del doble en 2009. La contrapartida es que también resulta, por eso mismo, el tipo de ayuda donde es más fácil recortar. Si en el campo de la salud este tipo de financiación ha caído un 83% en dos años, en su conjunto la rebaja desde 2008 ha sido del 72%, destaca el informe.

Los campos de interés de la ayuda española son muy variados. La primera partida es la agricultura (un 11,7% del total). La sanidad se lleva el 5,7%, la educación el 8,3%, las infraestructuras el 9,2%, la refinanciación o quita de la deuda, el 9,9%, y el apoyo a los Gobiernos y a la sociedad civil el 10,7%, entre las que más dinero han recibido. En cambio, las aportaciones directas a los países sin una dedicación específica —algo que los países rehúyen ya que se pierde el control sobre el uso de la ayuda— es de solo el 0,6% del total.

Otro aspecto que destaca el informe es quién recibe la ayuda. España ha definido 50 países prioritarios (básicamente de Latinoamérica, por los vínculos culturales e históricos, y de Norte de África, por razones de vecindad y por ser origen de inmigración). Y, dentro de ellos, los divide en tres grupos de peor a mejor: A, B y C en función del tipo de ayuda y los ingresos de los países (el noreste de África es casi todo A, junto a Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay). El resto de Latinoamérica es casi todo C. Hay también alguno en Asia (Vietnam, Filipinas, Camboya y uno de los que más dinero recibe: la Autoridad Palestina).

Las prioridades españolas quedan reflejadas en la lista de los 10 países que más han recibido entre 2008 y 2010: Marruecos, Nicaragua, Perú, Túnez, Colombia, El Salvador, Palestina, Haití, Turquía y Guatemala.

Pero que haya 50 países prioritarios no quita para que otros se beneficien de las ayudas. En total, hasta 117 naciones recibieron AOD española en 2010. Esta es una de las debilidades del sistema, afirma la ONG ISGlobal, que ante los inevitables recortes cree que lo mejor sería concentrar los esfuerzos.

El trabajo apunta a que el nuevo Gobierno probablemente optará por un cambio en este sentido, y concentrará los esfuerzos en Latinoamérica.

De lunes a viernes de 14.00 a 15.00, un locutor de Radio 3 da voz “a la indignación, el pasmo y el desagrado hacia la clase política, judicial y financiera”, en palabras del propio Javier Gallego, madrileño de 37 años. “Vivimos una época triste y descorazonadora, la gente demanda un grito de mosqueo”.

La cita es en la cafetería Oskar, cerca de Callao, cuyo escaparate está forrado con fotos de su oferta de platos combinados. Elige el sitio sin dudar: “Me coge cerca de casa, dan de comer a cualquier hora y cierran tarde”. No necesita mirar la carta, quiere lo de siempre, el plato combinado número nueve: chuletón “poco hecho”, huevo frito y patatas. “Verás cómo tardan menos de cinco minutos en traerlo”. Efectivamente. Dos números nueve vuelan hacia nuestra mesa.

Gallego -nariz angulosa, patillas, tupé- pierde de cerca un poco de la gravedad que le confieren las ondas sumada a una voz envolvente (“parece siempre que voy a soltar un mitin”). Hijo de un físico del CSIC y de una maestra, creció en un barrio de clase media siempre con la radio a cuestas. “Fui un adolescente nervioso, empollón y, durante tres años, muy religioso”, sorprende. “Iba a retiros espirituales, busqué en la religión respuesta a preguntas que no las tienen”, dice. Y cortado como está se olvida de la comida. “Ahora sería incapaz de tener fe, ni creo ni quiero creer. Es más responsable. Tengo una relación muy beligerante con la Iglesia, pero no con la base”.

El locutor -que también es músico; toca la batería- estudió Periodismo, hizo el máster de Radio Nacional, fue guionista de Caiga quien caiga, contrapunto de la presentadora Celia Montalbán en la emisora M-80 o de Pepa Bueno en TVE. Presentó varias maquetas con ideas a Radio 3, ninguna coló. Hace tres años sonó el móvil: “Me propusieron hacer un espacio crítico que recuperara el espíritu de los ochenta, que pinchara la realidad”. Y así nació Carne cruda -70.000 seguidores en Facebook-, “que es como un bofetón en la cara, un programa que he sufrido, al que dedico muchas horas y buena parte de mi cerebro, soy obsesivo”. El camarero hace amago de retirar el plato, pero el locutor lo frena con un “todavía le voy a pegar un tiento a las patatas…”.

Aposta o no, Carne cruda ha captado el espíritu 15-M y se ha hecho su hueco en la parrilla de una emisora que en 2011 tuvo una media de 358.000 oyentes (un 5% más que el año anterior, según el EGM). “El programa tiene un punto de agitación que no había en la radio española, lo más parecido era el Buzón de voz, de Siglo 21 [un espacio en el que los oyentes pueden verter sus reflexiones y exabruptos]“, dice el locutor, que empieza cada programa con un ácido monólogo en el que repasa la actualidad. “Ay, qué pena más grande, cómo van a encerar ahora el yate”, decía hace unos días de la rebaja de sueldos a los directivos de las entidades intervenidas.

Aunque le gusta incomodar, a Gallego le incomoda señalarse como la voz del activismo. “No he sido activista ni he militado en movimientos sociales”, continúa, “pero ser el catalizador de otras voces me satisface y me veo en el papel. Intento reflejar lo que sienten jóvenes, precarios o parados y disparar en todas las direcciones. Lo que pasa es que el micrófono amplifica lo que dices, es una responsabilidad. Aclarado este punto, suscribo todo lo que he dicho”.

Estados Unidos y México han firmado esta semana un acuerdo que permitirá ampliar las zonas susceptibles de exploración de crudo y gas natural en el golfo de México en más de 607.000 hectáreas, y que otorgará a cada país la potestad de supervisar las medidas de seguridad en las plataformas petrolíferas del otro, en un intento de evitar accidentes como el de 2009 en las costas de Luisiana, que ocasionó el vertido de 4,9 millones de barriles de petróleo al océano.

“Es un esquema que se ha adoptado en todo el mundo, en casos similares, y que contempla que cualquier yacimiento que se considere como transfronterizo se explote coordinadamente entre los dos países, y que, obviamente, los recursos que se obtengan de esa explotación se repartan con base, precisamente, a un acuerdo que refleje lo que le corresponde a cada quien”, dijo el lunes, en la firma del acuerdo en Los Cabos, el presidente mexicano, Felipe Calderón. “Con esto, se termina el viejo temor que, honestamente, existía entre muchos mexicanos, de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera”.

Los expresidentes de ambas naciones Bill Clinton y Ernesto Zedillo firmaron en 2000 un acuerdo para delimitar las líneas fronterizas de explotación en las aguas occidentales del golfo de México. Las orientales aún están pendientes de delimitación oficial, dado que el régimen cubano también tiene parte en ellas. Según el Convenio de la ONU sobre el Derecho Marítimo, de 1982, cada nación puede reclamar una zona de explotación económica exclusiva de 200 millas (307,4 kilómetros) desde su línea de costa.

Las aguas del golfo de México son de las más ricas en crudo del planeta. Ahora, el nuevo tratado, bautizado como el Acuerdo México-EE UU Relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambas naciones. El acuerdo detalla las directrices de explotación de cada nación, tanto por separado como de forma coordinada en aquellos yacimientos que se expandan a ambos lados de la frontera delimitada entre ambos países. Hay en la parte occidental del Golfo un área de 1,7 millones de hectáreas en la que se sobreponen las zonas legítimas de explotación de México y EE UU.

“Estos yacimientos podrían contener reservas considerables que beneficiarían tanto a México como a EE UU, pero no necesariamente se dividen de manera ordenada en la frontera marítima, lo cual podría dar raíz a disputas”, dijo en la firma del tratado la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. “Si hay un yacimiento que se encuentre en ambos lados de la frontera marítima esto hubiera suscitado disputas sobre quién debe realizar la extracción o cuánto extraer. Este acuerdo, firmado hoy, ayuda a prevenir estas disputas”.

La Constitución de México, de 1917, prohíbe la participación de empresas privadas o extranjeras en la perforación de sus yacimientos de crudo o gas natural. Según el profesor Jorge Piñón, expresidente de la petrolera Amoco Oil en América Latina e investigador en la Universidad de Tejas, este acuerdo entre ambos Gobiernos puede abrir la puerta a una modificación de la carta magna mexicana.

“Yo lo veo como un posible caballo de Troya”, explica Piñón en conversación telefónica. “Puede abrir la vía a ese cambio constitucional, porque de momento, solo la empresa gubernamental Pemex puede explotar, por ley, esos yacimientos en territorio mexicano. Si ahora se abre una vía de colaboración con EE UU, puede ser un primer paso a un cambio mucho más amplio. Y eso es importante no solo para empresas privadas en México o para empresas norteamericanas, sino también para la española Repsol”. Pemex tiene un 9,9% de acciones en Repsol YPF. Esta empresa ha comenzado recientemente labores de perforación en aguas cubanas.

El último año del que hay cifras completas, 2010, EE UU importó 1,2 millones de barriles de petróleo diarios de México. Es el segundo país en volumen de exportaciones a EE UU, por debajo solo de Canadá, que le vendió 2,5 millones de barriles diarios. Washington no oculta su voluntad de importar más de esos dos países, para depender menos de otros suministradores como Arabia Saudí o Venezuela.

México es el séptimo productor mundial de petróleo. En ese país, el sector depende totalmente de un monopolio estatal, lo que ha provocado que Pemex solo haya explotado una veintena de yacimientos en sus aguas territoriales del Golfo. México calcula que en ese área se podrían llegar a extraer más de 29.000 millones de barriles de crudo, para consumo interno y para exportación.

Los grupos ecologistas norteamericanos critican que una gran parte de esas 607.000 hectáreas abiertas ahora a explotación comercial se hallen en zonas habituales de paso de huracanes, con el riesgo de vertidos, y que en la parte mexicana sea Pemex la que se vaya a encargar de perforaciones de elevada profundidad (a 10.000 pies, 3 kilómetros), sin tener experiencia en ello. Esa empresa se dispone estos días a perforar un pozo a 9.500 pies (2,8 kilómetros) de profundidad, a solo 35 kilómetros al sur de la frontera con Tejas.

Una incidencia aparentemente menor forzó anoche el paro del reactor nuclear de Vandellós II (Tarragona). La central, propiedad de Endesa e Iberdrola, padeció una parada no programada debido a un descenso no previsto en el nivel de los generadores de vapor. El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máxima autoridad del país en materia atómica.

La nuclear detectó la avería alrededor de las 21.50 horas del martes y desconectó la central de la red eléctrica siguiendo el protocolo de seguridad, señala el consorcio ANAV que gestiona la central y que deja de facturar unos 600.000 euros diarios por cada jornada que pasa con la planta desconectada.

El fallo se debió a un descenso en el sistema de refrigeración del reactor. Este requiere un fluido constante de vapor para mantener su temperatura de funcionamiento estable en torno a los 316 grados centigrados. Una disminución de los niveles adecuados de esta sustancia puede degenerar en un calentamiento progresivo del reactor que, en último término, podría llegar a descontrolarse.

Para evitar cualquier riesgo, los gestores de la planta iniciaron la parada del reactor para desconectarla de la planta y notificaron al CSN que están investigando las causas del suceso. El sistema reforzó el abastecimiento con energía producida por las centrales hidroeléctricas y la importación de recursos al extranjero para compensar los cerca de 1.000 megavatios que aportaba al sistema el reactor de Vandellós II.

El ministro de Transporte de Rusia, Igor Levitin, ha calificado de “precipitada” la decisión de la Unión Europea de incluir la aviación civil en el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y ha afirmado que Moscú comparte la oposición de China y EE UU a la medida. “Hasta que se concierten acciones entre los diferentes países en relación al comercio de cuotas, es necesario abstenerse de aplicar la directiva (de la UE) a las compañías de países que no son miembros de la UE”, dijo el ministro, según la agencia Itar-Tass.

Levitin hablaba el martes en la primera de las dos jornadas de una conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se celebra en Moscú y que está dedicada a elaborar una respuesta a las medidas que la UE ha comenzado a aplicar a principio de este año. El evento, en el que participan 32 delegaciones, ha sido calificado como “coalición antieuropea” por el diario moscovita “Nezavísimaya Gazeta”, según el cual “los enfrentamientos sobre las cuotas de las emisiones de los aviones de línea pueden provocar una amplia guerra comercial”. China ha prohibido a sus compañías aéreas ingresar en el sistema de comercio de emisiones europeo. En EE UU preparan una prohibición análoga y en el ministerio de Transporte ruso se inclinan por una decisión parecida, señala el periódico.

Según la agencia Itar-Tass, Levitin dijo que las medidas mercantiles para introducir tasas por la emisión de gases de efecto invernadero y otras decisiones en el campo de la defensa medioambiental deben ser concertadas por las partes tras el necesario consenso en el marco de la OACI. A juicio del alto funcionario, la decisión de la UE atenta contra los principios de la convención de Chicago sobre aviación y se traducirá en un encarecimiento de los pasajes.

Recordó Levitin que Rusia ya toma medidas para rebajar el nivel de contaminación del medio ambiente por parte de los aviones. Como ejemplo, citó la renovación del parque de aeronaves de las compañías aéreas rusas. El resultado, dijo, es que el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero por parte los aviones rusos se mantiene a nivel de 2008, aunque el volumen de transporte aéreo desde entonces se ha incrementado en un 40%.

Expertos citados por Itar-Tass afirman que en 2012 las compañías aéreas rusas pagarán entre 20 millones y 25 millones de dólares a la UE por las cuotas y, en el futuro, esta suma aumentará al reducirse el componente gratuito de la cuota (el 85% del volumen de transporte de la compañía en 2010). “Más que pedir la eliminación del único sistema de funcionamiento existente para abordar las emisiones de carbono de la aviación nos gustaría ver que los países que critican a la UE presentan propuestas concretas en el marco de ICAO para una solución global mejor”, ha dicho Soren Liborius, portavoz de la delegación de la UE en Rusia. “La UE ha estado y continúa estando en la vanguardia de los esfuerzos del ICAO para ponerse de acuerdo sobre una acción global”, ha señalado el portavoz, según el cual la legislación adoptada en este asunto no cambiará en tanto no se llegue a un acuerdo global.

La UE lleva más de 15 años intentando lograr un acuerdo mundial para reducir la contribución del sector aéreo a las emisiones de gases de efecto invernadero, sin que haya habido avances decisivos en el marco de la OACI, según los argumentos comunitarios.

El Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) ha decidido recortar las pruebas realizadas en su programa de cribado neonatal para detectar enfermedades, conocido como la prueba del talón. El programa de análisis, que se realiza a todos los bebés a los cinco días de nacer para diagnosticar patologías endocrino-metabólicas, se había ampliado para localizar 15 enfermedades en abril de 2011 —cuando el PSOE gobernaba esa autonomía—. Ahora ha dado marcha atrás y vuelve a detectar tres. Médicos y asociaciones de pacientes denuncian que esa reducción se debe a los recortes. La consejería de Sanidad, sin embargo, asegura que el cribado ampliado solo era un proyecto piloto, y que no ha sido “coste-efectivo”. Insisten, además, en que su programa respeta las exigencias mínimas que pide el Ministerio de Sanidad, la detección de dos patologías: la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito.

Con la prueba del talón, llamada así porque la muestra de sangre para analizar se toma de una pequeña punción del talón del bebé, se diagnostican algunas de las enfermedades relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos, orgánicos y de los aminoácidos. Patologías consideradas raras, como la tirosinémia o la acidemia isovalérica, que si no se detectan de manera precoz y se tratan pueden provocar retraso mental y problemas del sistema nervioso. Por eso, las sociedades médicas recomiendan ampliar los cribados neonatales. Un consejo que la mayoría de las regiones ha seguido, aunque no por igual. Algunas, como Extremadura o Galicia, diagnostican más de 30. Otras, como Valencia, detectan 10.

En diciembre de 2010, el Partido Popular presentó una proposición no de ley para que todas las comunidades ampliaran sus cribados neonatales. La introducción de estas pruebas en España, argumentaba el PP, es mucho más lenta que en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde esos análisis son más amplios. También proponía que se acordara un listado común de enfermedades a detectar debido a la gran diferencia que hay entre autonomías.

Meses después, tras años de peticiones de médicos y asociaciones de enfermedades raras Castilla-La Mancha, una de las regiones con el cribado más básico, amplió el listado de patologías. “Se ha dado un paso atrás tremendo”, critica Ramón Garrido, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real y jefe de servicio de neonatología del Hospital General de La Mancha. “Parece una decisión de ahorro, pero es incomprensible, porque el coste de detectar estas patologías siempre será menor que el tratamiento de la enfermedad si no se diagnostican a tiempo”, sostiene. Según las sociedades médicas, las pruebas cuestan alrededor de 30 euros por cada patología a estudiar.

Dolores Rubio, directora de Salud Pública de la consejería de Sanidad de Castilla-La Macha, que dirige José Ignacio Echániz —nombrado el fin de semana secretario de Sanidad de su partido—, afirma que la reducción en el número de patologías a localizar no responde a criterios de ahorro y asegura que la ampliación del cribado no era definitiva. “La anterior administración puso en marcha un pilotaje para probar si compensaba ampliar el cribado. Pero nunca llegó a ser algo oficial”, afirma. Rubio insiste en que los informes de coste y efectividad de estas pruebas “no han sido aclaratorios”. “Relacionar esto con la coyuntura económica es erróneo. Castilla-La Mancha detecta las tres más importantes y de mayor prevalencia. La incidencia de estas enfermedades es relativamente básica y hay que valorar la ampliación del cribado en torno a esto”, añade.

Garrido, que es miembro de la Comisión Asesora de Enfermedades Raras, cree que la prueba del talón sí son eficientes. En Andalucía, por ejemplo, en 2010 se diagnosticaron con ella 19 casos de enfermedades metabólicas. Aún no hay datos oficiales de diagnósticos en Castilla-La Mancha, aunque las asociaciones de afectados tienen conocimiento de cinco casos detectados durante el periodo en el que estuvo vigente el cribado ampliado. “Las pruebas son fundamentales. Aunque se localicen pocos casos siempre será rentable”, dice Garrido. Se pregunta, además, sobre qué va a ocurrir con las 70 muestras cuyo resultado fue dudoso y que aún están por confirmar, paralizadas por la suspensión del programa.

La hija de Jesús Meco padece acidemia propiónica, una de las enfermedades consideradas raras que se puede detectar a través de la prueba del talón. Sin embargo, cuando nació aún no se analizaba en Castilla-La Mancha. Por eso, no se le diagnosticó hasta los cuatro meses, cuando ya sufría las consecuencias de la enfermedad. Ahora todavía tiene algunas secuelas. “Si no se diagnostica a tiempo, la mayoría de los niños suelen tener problemas muy graves: daños neurológicos, musculares, retraso mental”, explica Meco, presidente de la Asociación de Errores Innatos del Metabolismo. Por eso, considera “un error gravísimo” la reducción del cribado.

Pero a pesar de las críticas, lo cierto es que Castilla-La Mancha no infringe la normativa. Un portavoz del Ministerio de Sanidad explica que respeta la detección de las dos enfermedades básicas aconsejadas. El resto, lo decide cada región. Para unificar las prestaciones ofrecidas, el ministerio que dirige Ana Mato trabaja en una cartera de servicios básica. “Cuando se apruebe no se podrán reducir prestaciones del listado común, pero hasta entonces es cada comunidad quien decide”, reconoce un portavoz de Sanidad.

Andalucía no tiene respaldo legal para dejar sin dinero público a los colegios concertados que separan a chicos y chicas, algo que los detractores llaman “segregación por sexos” y los defensores “educación diferenciada”. Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado la vía que la Junta había utilizado para obligar a estos centros a admitir a alumnos de ambos sexos. Doce de los 70 concertados de España que separan a los escolares están en Andalucía y la mayoría están vinculados al Opus Dei.

La Consejería de Educación andaluza lleva más de una década intentando frenar estos conciertos. Pero se ha vuelto a dar de bruces con la justicia, en concreto, con la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, que ha anulado el último intento de la Administración regional. La Junta cambió en 2009 la orden de conciertos y estableció que todos los centros deberían escolarizar a niños y niñas si querían ser financiados por las arcas públicas. En el verano de ese año, Educación dictó 12 resoluciones en las que se prorrogaban de forma condicionada los conciertos a esta docena de colegios durante un curso. Si al año siguiente no tenían alumnado mixto, se quedarían sin el concierto.

Esas órdenes condicionadas durante un año —en vez de los cuatro que son habituales— son las que anula ahora el TSJA. El tribunal no encuentra necesario entrar en el fondo del asunto, ya que entiende que el problema es la fórmula elegida por la Administración. Es decir, los magistrados consideran nula la fórmula condicionada al no tener, a su entender, respaldo legal. “Apreciar esta causa de nulidad de la condición hace innecesario enjuiciar la legalidad y constitucionalidad del cumplimiento del deber de apertura del centro a alumnos de ambos sexos”, se señala en la sentencia, que da la razón a la patronal católica CECE Andalucía. Esta organización presentó el recurso en nombre de 10 de los centros concertados afectados. Carmen Mora de la Rosa, asesora jurídica de CECE, mostró ayer su satisfacción por el fallo. Para Rafael Caamaño, secretario general de esa asociación en Andalucía, el pronunciamiento judicial implica que la Administración tendrá que mantener estos conciertos hasta el curso 2012-2013, como ocurre en el resto de centros privados subvencionados. “La sentencia es muy importante porque nos legitima para defender a los centros, sea cual sea el modelo que quieran aplicar”, añadió Caamaño.

El Gobierno andaluz ya intentó en 1999 cortar la financiación a estos colegios a través de otra orden que prohibía la segregación. Varios centros recurrieron la norma. Y el TSJA les dio la razón en 2006 y tumbó la orden. Pero entre ese intento y el más reciente se habían producido dos acontecimientos importantes. Por un lado, la aprobación de la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se establecía que en las aulas “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Otro hecho que parecía determinante fue la sentencia que en mayo de 2008 dictó el Tribunal Supremo, que estableció que las Administraciones educativas pueden suprimir la segregación en los centros sostenidos con fondos públicos.

Con esos dos antecedentes en la mano, la Consejería de Educación intentó en 2009 frenar en Andalucía los conciertos con estos colegios, algo que ahora ha anulado el TSJA. Sin embargo, los magistrados andaluces no se pillan los dedos. No contradicen la sentencia del Supremo de 2008 al no entrar en el fondo del asunto: no se pronuncia sobre si es legal o constitucional frenar la educación diferenciada. Los jueces se limitan a señalar que la normativa básica establece que “la renovación [de los conciertos] lo sea por cuatro años por considerarse dicho espacio de tiempo completamente necesario para preservar (…) los intereses de todos los afectados”. Esta misma sala, cuando los concertados recurrieron en 2009 las órdenes condicionadas, las paralizó cautelarmente al admitir a trámite el escrito.

La pérdida de los conciertos por la separación por sexos también se recoge en la Ley de Igualdad de Trato, que el anterior Gobierno central aprobó en mayo de 2011.

Telecinco difundió el pasado noviembre una entrevista a Rosalía García, la madre de Francisco Javier García Marín, El Cuco, imputado entonces por el caso Marta del Castillo. La cadena privada le pagó unos 10.000 euros. Aquella comparecencia le salió mucho más cara cuando los anunciantes del programa La noria empezaron a retirar su publicidad. La ley no impide a las televisiones que remuneren a personas que han sido condenadas por la Justicia, no prohíbe que los familiares o allegados cobren de las cadenas por hablar de sus parientes y tampoco veta que puedan ponerle precio a los testimonios de criminales, corruptos o machistas violentos. Hasta ahora.

La polémica sobre si es lícito que se lucren o no las personas que hayan sido condenadas o imputadas —y por extensión, sus familiares y amigos— solo por contar su testimonio ante las cámaras sale de la televisión y entra en el Parlamento. Coalición Canaria (CC) ha presentado una proposición no de ley que insta al Gobierno a prohibir que las cadenas remuneren este tipo de comparecencias televisivas.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso, ha sido presentada por la diputada de CC Ana Oramas, que considera perverso “que un crimen genere beneficios” a su autor o a personas de su entorno solo por acudir a una televisión a contarlo.

Pagar a delincuentes convictos es una práctica habitual en los operadores privados, que se ha visto acrecentada por la feroz competencia. Por las pantallas han desfilado, cobrando sustanciosas cantidades de dinero, desde el exalcalde de Marbella Juliá Muñoz, hasta el El Rafita, el asesino de Sandra Palo, pasando por el ex director general de la Guardia Civil Juan Roldán. Telecinco y Antena 3 son las cadenas que con más frecuencia ponen el talonario para entrevistar a este tipo de personajes.

“No se puede consentir que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones realizadas por el Estado vengar a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”, plantea CC.

Oramas reclama que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación a personas que hayan sido condenadas por la Justicia y tengan pendientes indemnizaciones o multas económicas. CC cuestiona que se permita premiar con suculentos emolumentos a condenados que ni siquiera han restituido a las arcas públicas las cantidades que pudieron haber robado, ni las multas o las indemnizaciones que les hubieran impuesto.

En algunos casos, la Justicia ha intentado bloquear estos pagos. El juez del caso Malaya ordenó el embargo de los 188.000 euros que debía recibir Julián Muñoz por sus entrevistas en Telecinco y que esta cadena depositó en la cuenta designada por los juzgados.

Lo mismo ocurrió en el caso de Marta del Castillo. En este proceso, la Fiscalía de Sevilla solicitó al Juzgado de Menores número 3, que condenó a El Cuco por un delito de encubrimiento, que interviniera los 10.000 euros que, “según numerosas informaciones periodísticas”, habría cobrado su madre por su participación en el programa La noria. La familia de Marta del Castillo había manifestado su deseo de que ese dinero se destinara a pagar la indemnización de 414.000 euros que fue fijada por la Audiencia Provincial por los gastos de la búsqueda del cuerpo de la menor en el río Guadalquivir.

Los científicos de la misión espacial Swarm la definen como un viaje al centro de la Tierra, e incluso recuerdan la novela de Julio Verne para ilustrar su investigación. Pero no van a viajar hacia las profundidades, sino al contrario, van a poner en órbita una flotilla de satélites para captar con gran detalle el campo magnético terrestre, en el que podrán leer qué pasa dentro del planeta. Los tres satélites de la flotilla Swarm, de la Agencia Europea del Espacio (ESA), están casi listos para su lanzamiento, fijado para julio.

“Swarm nos proporcionará el mejor rastreo del campo electromagnético y su evolución temporal para adquirir un nuevo conocimiento del sistema terrestre y su entorno”, explicó la semana pasada el danés Eigil Friis-Christensen, investigador principal de la misión, durante una visita a la empresa IABG, en Múnich (Alemania), donde los satélites están pasando las últimas pruebas antes de ir al espacio.

Son tres satélites idénticos, de nueve metros de longitud (incluido un mástil de cuatro metros que se despliega en órbita) y 500 kilos de masa cada uno. En una gran sala limpia de pruebas dos de los artefactos están colocados verticalmente, en la posición que tendrán en la punta del cohete y uno está tumbado ante los ordenadores de los técnicos. Son satélites de forma triangular, poco habitual en los artefactos espaciales.

En IABG los someten a los obligatorios ensayos de vacío, radiación, temperatura, vibraciones, etcétera. Y en ese caso el trabajo se complica porque es muy estricta la protección frente a los campos magnéticos, que pueden alterar los ultrasensibles equipos de a bordo. Por ello, antes de entrar en el inmaculado gran taller, vestidos con los obligados gorros, batas y fundas para el calzado, es obligatorio pasar ante un sensor magnético que detecta si uno se ha olvidado de dejar en el vestuario aparatos como el móvil, el libro electrónico o la tableta.

“Los Swarm no llevan ningún material magnético, absolutamente nada que tenga hierro, y las fijaciones metálicas imprescindibles son de titanio”, explica Hans Bestler, responsable técnico del proyecto. La estructura de los satélites es de fibra de carbono y el mástil desplegable trasero aleja el magnetómetro del cuerpo principal de cada artefacto, donde van algunos equipos que podrían alterar sus lecturas. “Incluso ha habido que evitar algunos materiales como pegamentos y cerámicas que contienen impurezas férricas”, añade Evert Dudok, responsable de equipos de observación de la Tierra de la empresa Astrium, que ha fabricado los Swarm.

El campo magnético de la Tierra —que protege el planeta frente al bombardeo continuo de partículas cargadas emitidas por el Sol— se origina, sobre todo en su interior más profundo, en el gran océano de hierro fundido y rotante de su núcleo, que actúa como la dinamo de una bicicleta y provoca continuos cambios en el campo electromagnético. Pero también las rocas, el océano, la ionosfera y la magnetosfera intervienen. Swarm irá midiendo con una precisión sin precedentes la fuerza, la orientación y las fluctuaciones del campo magnético y, a partir de las variaciones temporales y espaciales registradas, los científicos deducirán los procesos internos del planeta y su estructura. Asimismo, estos satélites permitirán comprender mejor el sistema Tierra-Sol captando con alta resolución el efecto del viento solar.

“La Tierra tiene un complicado campo magnético que influye en nuestra vida y en nuestro clima”, señaló Volker Liebig, director de exploración de la Tierra en la ESA. “Necesitamos mejorar las predicciones del tiempo magnético para proteger satélites en órbita, radiocomunicaciones, sistemas de navegación e infraestructuras eléctricas”, que periódicamente se ven afectadas por tormentas magnéticas desencadenadas por la actividad solar, destacó Vliebig.

La misión Swarm, con un coste de 220 millones de euros (incluido el cohete ruso Rockot que pondrá en órbita los tres satélites) más 30 millones de operación durante los cuatro años de funcionamiento previsto, es heredera de la experiencia adquirida con otros satélites, pero aportando una enorme resolución espacial y temporal gracias a sus sensores de a bordo y a la configuración de flotilla espacial, explicaron los expertos en Múnich.

Dos de los satélites Swarm, alejados unos 125 kilómetros uno de otro, seguirán órbitas contiguas (a 460 kilómetros de altura), de manera que convergerán sobre los polos, viajando a una velocidad de siete kilómetros por segundo, y cruzándose cada 45 minutos. “Los márgenes para evitar las colisiones polares son muy pequeños: unos cinco kilómetros de altura entre un satélite y otro y 10 segundos de desfase temporal”, destacó Bestler. El tercer satélite volará separado y a más altura (530 kilómetros).

La primera hamburguesa artificial no saldrá de una de las grandes cadenas de comida rápida repartidas por el mundo. Está siendo elaborada en un entorno mucho menos llamativo: el laboratorio del departamento de Fisiología de la Universidad holandesa de Maastricht. Su jefe, Mark Post, ha cultivado células madre de vaca en suero fetal de bovino hasta conseguir tejido muscular. El proyecto cuesta unos 250.000 euros, y el científico espera presentar la carne el próximo mes de octubre. Lo que no quiere desvelar es la identidad de su patrocinador. Un personaje del que solo ha dicho que desea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la cría de ganado. Y con ello, el número de cabezas sacrificadas para el consumo. “No es un tipo famoso, ni tampoco británico”. “Es de fiar y capaz de convertir en oro todo lo que toca”, ha declarado. Una descripción en la que encajaría, sin que el investigador lo haya confirmado, Bill Gates.

El fisiólogo Post ha aprovechado para su carne sintética los conocimientos extraídos durante las dos últimas décadas en los experimentos con células madre. De momento, cuenta con una tira de músculo de entre 2 y 3 centímetros de largo, casi 2 de ancho y medio milímetro de grosor. Luego deberá añadirle grasa, obtenida de la misma forma. Para la hamburguesa, necesitará cerca de 3.000 tiras de músculo y 200 de grasa, además de varias semanas de cultivo en el laboratorio. Si la primera pieza ha resultado muy costosa, Post sostiene que con los fondos adecuados y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en una década podría pasarse a la producción industrial. “El Gobierno holandés se ha involucrado en este proyecto porque el país es uno de los mayores productores de animales de granja”, ha recordado. Tampoco olvida que la demanda mundial de carne se multiplicará en los próximos 40 años, con el consiguiente deterioro ambiental derivado de la crianza en explotaciones ganaderas.

Ante sus colegas, Post se ha mostrado también entusiasta. “Mostraremos que gracias a las células madre surge un producto similar, esperamos que también en sabor, a la carne. Con unas cuantas cabañas de animales donantes (muchos menos que los sacrificados en mataderos a diario) tendríamos suficientes células madre para la carne”, ha dicho durante la conferencia anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, recién clausurada en Vancouver (Canadá). Un equipo de bioquímicos de la Universidad estadounidense de Stanford (California) elabora asimismo carne artificial. En su caso, tratan de extraerla de cultivos de maíz, trigo, o bien soja y arroz.

Para el Grupo estadounidense en Defensa del Trato Ético de los Animales (PETA, en sus siglas en inglés), que cuenta con dos millones de miembros y simpatizantes, la hamburguesa artificial puede ser muy beneficiosa. “Está producida sin gases de efecto invernadero ni basuras. Si la consiguen en cantidades comerciales, no tendremos objeciones de tipo ético”, han manifestado sus portavoces. Una cosa sí tendrá que mejorar el equipo de la Universidad de Maastricht antes de presentar en sociedad la carne. Es el color, todavía entre rosado y amarillento.

Las decenas de miles de aspirantes que se están preparando las oposiciones para profesores en Andalucía seguirán comiéndose las uñas. El futuro de la convocatoria de este año —la más incierta que se recuerda— tampoco se ha despejado este lunes.

Representantes del Gobierno central y de la Junta se han reunido en Madrid para abordar la convocatoria de las 2.389 plazas de profesores que pretende ofertar en junio el Ejecutivo autónomo. Pero de esta cita, que ha durado solo 20 minutos, no ha salido conclusión alguna. “Se va a seguir negociando”, indicó un portavoz del Ministerio de Hacienda. “Se mantiene la incertidumbre”, apuntó el consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien mostró su “decepción” por que el Ejecutivo no despejara ayer sus intenciones tras haber transcurrido más de 40 días desde la publicación de su oferta de empleo público docente. Las dos Administraciones no han fijado fecha para un próximo encuentro.

La amenaza de un recurso que paralizaría las pruebas sobrevuela las oposiciones, como ya ocurrió el curso pasado. La duda es si Andalucía ha sobrepasado las limitaciones impuestas por el Gobierno central a través del decreto de “medidas urgentes” de 30 de diciembre al calcular las plazas que ofertará.

Al margen de las interpretaciones legales, en esta convocatoria se han cruzado también los cálculos políticos. El PP andaluz pasa de puntillas por este asunto. En plena precampaña electoral, uno de los teóricamente perjudicados por ese posible recurso del ministerio sería el partido de Javier Arenas, que acaricia con los dedos la Presidencia de la Junta y que ha repetido varias veces que “para mejorar la educación andaluza hacen falta más profesores”.

Pero, en el otro lado, estarían las comunidades del PP y el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La mayoría de autonomías gobernadas por los populares han decidido no convocar oposiciones y han argumentado que las restricciones presupuestarias las harían inviables debido a las pocas plazas que pueden ofertar. El ministro Wert se ha alineado con esta tesis. Pero Andalucía, con su interpretación del decreto de recortes de 30 de diciembre —que pasa por presentar una parte importante de las plazas como consolidación de empleo interino—, deja en mal lugar ese discurso al convocar un número considerable de puestos.

El departamento de Cristóbal Montoro será el que resuelva el conflicto. La breve reunión de este lunes ha servido para que Andalucía explicase sus cálculos. La única discrepancia, según la Junta, ha surgido por la fecha de publicación de la convocatoria andaluza. 1.752 plazas se convocan como consolidación de empleo. Las 637 restantes corresponden a la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30%, que era la que estaba vigente cuando la Junta aprobó el 27 de diciembre su oferta. El problema es que, tres días después, el Gobierno rebajó esa tasa al 10% a través del decreto de 30 de diciembre. Pero el acuerdo de la Junta de 27 de diciembre no se publicó en el boletín de la comunidad hasta el 9 de enero. La duda es si la oferta andaluza tendría que adaptarse al 10% de reposición por haberse publicado después del decreto gubernamental.

“La situación es límite, precarísima”. Virginia es la madre de María y presidenta de la asociación de padres y madres de alumnos (Ampa) del colegio público de educación especial Sant Cristòfol de Sagunto (Valencia) para alumnos de 3 a 21 años con discapacidad psíquica. Ayer por la tarde, Virginia, Paula y Ruth junto con varios centenares de padres y madres de escolares participaron en la concentración convocada en el centro para mostrar su temor de que el colegio se quede sin alumnos por las deudas que arrastra la Generalitat valenciana.

La consejería de Educación no ha pagado ni un euro a la empresa encargada del comedor desde principios de curso. La deuda asciende a 140.000 euros. La compañía de autobuses que se hace cargo de recoger y llevar a los alumnos de las tres comarcas que cubre el colegio (Horta Nord, Camp de Morvedre y Alto Palancia) ha tenido algo más de suerte: cobró el dinero correspondiente al mes de septiembre a finales de enero, según fuentes del colegio.

Fuentes de Educación indicaron ayer que desconocían la situación concreta de este centro, aunque apuntaron que a principios de enero se liquidó la deuda global que se arrastraba relativa a transporte escolar del año pasado.

No es que el resto de colegios valencianos esté mucho mejor que el Sant Cristòfol de Sagunto. Es fácil encontrar carteles en las fachadas de centros públicos o concertados con pancartas denunciando los impagos de la Administración valenciana. Por no hablar de otros sectores como los proveedores sanitarios o las farmacias, que han vuelto a amenazar con cierres después de que la Generalitat haya incumplido el calendario de pagos que pactó para liquidar su deuda.

Pero en el caso de Sant Cristòfol, sus alumnos sufren el problema de liquidez de la Administración de forma corregida y aumentada por las características peculiares del colegio. El transporte y la comida son dos aspectos básicos para la buena marcha del centro. “Su mal funcionamiento es sinónimo de problemas y de una grave crisis de las condiciones educativas”, explica el jefe de estudios, Xavier Martínez. Por ello la Generalitat corre con el coste íntegro de transporte y comedor de todos los alumnos.

Buena parte de los niños y adolescentes tienen importantes problemas de movilidad derivados de las patologías que sufren. Como el centro es intercomarcal, hay alumnos que viven a 30 kilómetros del colegio, una distancia que sortean gracias al servicio de transporte, en parte adaptado. Pero, además, no es extraño que los escolares tengan necesidades especiales para comer. “Mi hija, que tiene 10 años, tiene una traqueotomía y se alimenta a través de una sonda gástrica, por ejemplo”, explica María.

De momento, como apuntan desde el colegio y la asociación de padres, las empresas están asumiendo el servicio sin cobrarlo. Pero temen que cuando agoten su colchón financiero dejen de hacerlo.

Ello supondría que muchos niños se quedaran sin clase. “En un colegio ordinario sería distinto. Pero en nuestro caso, mucha gente no podría traer y llevar a los niños cuatro veces al día, o alimentarlos en el colegio”, comanta Paula, madre de Eva, de 12 años, que tiene el síndrome de Angelman, enfermedad que provoca un retraso en el desarrollo.

Virginia no quiere ni pensar lo que supondría para los escolares abandonar las aulas. “El colegio es un tesoro. Los profesionales se dejan la piel con los niños, les sacan todo su potencial y están muy bien atendidos; por no hablar del salvavidas que supone para las familias”, añade Virginia.

Ruth, la madre de la pequeña Francina, insiste en ello. “Mi hija [padece agenesia del cuerpo calloso, una malformación cerebral] tiene tres años, es la más pequeña y ha adelantado un montón. Ya ha empezado a andar y está intentando decir cosas”.

La protesta de ayer contó con el apoyo de las plataformas en defensa de la educación pública de la comarca. Además de llamar la atención por lo que podría pasar si se suspende el transporte o la comida en el colegio, las entidades convocantes alertaron de lo que sucedería si los impagos se extienden. Por ello, pidieron a los asistentes que acudieran a la protesta con productos de limpieza básicos. Una gran pila de desinfectantes, guantes de látex, rollos de papel de cocina o higiénicos presidía el acto.

La intolerancia a la lactosa tiene algo en común con una discapacidad: nadie puede estar seguro de no padecerla algún día. Por mucha leche que alguien beba y por muy bien que le siente, la enzima que la metaboliza, la lactasa, va decayendo a lo largo de la vida y es posible que en algún momento no haya suficiente para procesar adecuadamente los productos lácteos. Entonces, con la ingesta de estos alimentos, comenzará el dolor abdominal, las flatulencias y, en los casos más severos, la diarrea. En la zona mediterránea se calcula que un 15% de la población tiene algún grado de intolerancia. Muchos de ellos ni siquiera lo saben, aunque es una dolencia cada vez más visible, que no más frecuente.

Es más visible porque se diagnostica más, hay más tecnología para hacerlo que hace unos años y los médicos están más sensibilizados con determinados problemas alimenticios, según Fernando Luca de Tena, especialista del aparato digestivo del hospital La Paz (Madrid). “En ocasiones, la intolerancia es un marcador de enfermedades del sistema digestivo”, asegura. Pero no tiene por qué ser así y se puede llevar una alimentación perfectamente equilibrada sin lácteos. De hecho, la mayoría de la población mundial es intolerante a la lactosa tras la lactancia. No así los europeos —los occidentales, por extensión— pero cuando no la toleran lo llevan peor por cuestiones culturales: se halla en un amplio porcentaje de recetas.

Los que descubren que la lactosa les afecta encuentran más limitaciones de las que pensaban. La lactosa, además de en los alimentos derivados de la leche, como yogures, quesos o helados, está presente en embutidos, panes, patatas fritas, incluso en medicamentos. Es un azúcar muy empleada en la industria alimentaria para dar textura a la comida. “Cuanta más elaboración industrial tenga un alimento, más probable es que contenga lactosa”, asegura Oriol Sans, presidente de la Asociación de Intolerantes a la Lactosa (Adilac).

La situación para ellos ha mejorado sustancialmente en los últimos años, según Sans. Por un lado, gracias a que se conoce más la dolencia y los médicos la diagnostican más. “Además, la normativa de la Unión Europea obliga a poner todos los ingredientes de un producto. Antes solo se requería especificar cuando superaba un 25% del total. Esto hacía imposible conocer si llevaban lactosa alimentos con cantidades considerables. Adilac está trabajando en la implantación de un sello como los que se usan para los celiacos, para saber de un vistazo si podemos tomar determinado producto. Ya lo incorporan unas cuantas empresas”, relata.

Otra mejora es que, desde hace algo más de un año, se ha vuelto a comercializar en España una pastilla de lactasa. Se trata de ingerir la enzima que los intolerantes no tienen en suficiente cantidad. Luca de Tena explica que no tiene ningún efecto secundario y que, con su ingesta, la persona que no asimila esta sustancia puede permitirse comer cualquier alimento. “Lo que tiene que regular es la cantidad de lactasa que toma en función de su intolerancia”, cuenta. En opinión de Sans, es una buena ayuda, aunque no recomienda tomarla por norma. “Yo la llevo siempre conmigo por si tengo una comida fuera de la que no estoy muy seguro de los ingredientes o para darme algún capricho de vez en cuando”.

Este producto es muy común en otros países, que lo comercializan bajo docenas de marcas. En España, solo una: Nutira, de los laboratorios Salvat. La clave para tomarla o no y en qué medida está en determinar el grado de intolerancia. Juana María González Prada, experta en dietética, nutrición y alimentación, asegura que ella recomienda adecuar la ingesta de lácteos a este grado, en lugar de tomar la pastilla: “La mayoría de las personas con intolerancia tiene también alguna tolerancia. A lo mejor puede comer queso curado o un yogur. Además, existen leches sin lactosas y muchos alimentos ricos en calcio que la pueden sustituir”.

Un día después de relatar con emoción a los medios que finalmente tras la operación ya podía llevar una vida normal, murió. Eufemio García, de 57 años, el primer paciente al que se implantó un corazón artificial de larga duración en Cataluña, falleció este martes en su domicilio de Castellar del Vallès (Vallès Occidental). Lo hizo a la jornada  siguiente de comparecer junto al equipo médico del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) que le instaló un corazón artificial y cuatro meses después de aquella intervención. El consejero de Salud, Boi Ruiz, lamentó el fallecimiento del paciente cuando este ya parecía ver la luz tras una larga enfermedad cardíaca. “Era una situación extrema”, admitió el consejero.

“Es una lástima porque las expectativas del Hospital de Bellvitge  y del Departamento eran muy altas. Pero esto no debe cerrar las puertas a continuar la investigación en este tipo de soluciones”, señaló Ruiz antes de destacar que que este desenlace no frenará seguir desarrollando terapias “innovadoras”.

El hospital de Bellvitge informó en un comunicado que los profesionales que conocían al paciente se quedaron “muy consternados” a la espera de que se practique la autopsia forense para aclarar las causas de la muerte. Eufemio García llevaba desde hacía cuatro meses el dispositivo mecánico “sin problemas” y este lunes asistió a la rueda de prensa de presentación de la operación “con total normalidad”.

El paciente, sin embargo, sufría desde hacía años una insuficiencia cardiaca avanzada. Las causas de su muerte todavía están por determinar, según fuentes del centro hospitalario .Este ha señalado que, además de sus problemas coronarios, Eufemio García padecía también otras enfermedades.

Después de 40 días ingresado, Eufemio fue dado de alta y se convirtió en el primer paciente en Cataluña que podía hacer vida normal en Cataluña con un corazón artificial que, a diferente de otros dispositivos similares, se había implantado para un largo periodo de tiempo, de al menos tres años.

Se trataba del tercer implante de este tipo que se realizaba en España, después de sendas intervenciones en Madrid y Córdoba. Estas operaciones solo están indicadas para pacientes a quienes no se les puede trasplantar el corazón de un donante.

“Llevo una vida mucho más cómoda y segura”, explicó ayer Eufemio. En 1999 sufrió un infarto de miocardio que le provocó una insuficiencia cardiaca avanzada. El paciente tuvo que abandonar su trabajo de policía local en Castellar del Vallès hace 14 años por problemas de corazón. Pese a esta patología, no era candidato a un trasplante de corazón por otros problemas de salud. Finalmente, los médicos optaron por implantarle un corazón artificial.

La intervención se realizó el pasado 23 de noviembre. Después de estar 40 días ingresado, el paciente fue dado de alta con la única prohibición de bañarse en la piscina para evitar daños en la parte exterior del sistema implantado.

El hospital de Bellvitge, centro de referencia que realizó 19 trasplantes de corazón en 2011, lleva años implantando dispositivos mecánicos en corazones, pero se insertan de forma temporal, normalmente para un plazo no superior a un mes, a la espera que aparezca un donante compatible.

Si sumamos la utilización de los recursos sanitarios, tanto en hospitales como en centros de salud (medicamentos, pruebas diagnósticas, visitas al médico…) y el impacto en el ámbito laboral, básicamente en absentismo de los enfermos y de los que los cuidan, ¿cuánto cuesta una gripe? Un estudio de investigadores españoles publicado en el último número de la revista Plos One lo ha calculado: la epidemia de gripe A (temporada 2009-2010) supuso un gasto total de unos 257 millones de euros.

Los autores, del Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona (Imim) y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública de Madrid, se propusieron estudiar qué uso hicieron los afectados por gripe A de los recursos sanitarios. Además, calcularon el coste medio por paciente, tanto de los que necesitaron hospitalización como de los que no. España registró casi un millón y medio de casos ambulatorios de gripe A y unas 3.025 hospitalizaciones. En el primer caso, el coste medio por paciente fue de 940 euros. En el segundo, de 6.236 euros.

“Apenas hay estudios sobre el coste de una epidemia de gripe. Se trata de un proceso agudo y es difícil hacer estos cálculos. Hemos querido cubrir ese vacío en la utilización de los servicios sanitarios”, asegura Olatz Garin, una de las investigadoras, que alerta de que sus datos no permiten multiplicar el coste medio por paciente por el número de pacientes para obtener el gasto total. “Hemos hecho un análisis de sensibilidad, con otras variables, que finalmente resulta en un coste en servicios sanitarios de 145 millones de euros y en un coste total, que incluye las bajas por incapacidad temporal, de 257 millones de euros”, explica. Y precisa que se trata de una estimación con margen de error.

El impacto en el ámbito laboral resultó ser muy elevado. Las incapacidades temporales de los trabajadores fueron de 30,5 días de media en los enfermos hospitalizados y de nueve días en los que solo siguieron tratamiento ambulatorio. Un porcentaje muy elevado del coste total (86%) se atribuye a este último tipo de pacientes, mientras que los que acabaron en el hospital solo supusieron el 14% restante del gasto en servicios sanitarios.

“Este estudio ha permitido determinar la utilización real de servicios debido a la gripe A, ya que hasta ahora las evaluaciones se basaban en modelos de datos estimados o simulados”, señala Jordi Alonso, coordinador del grupo de investigación en servicios sanitarios del Imim. “Dado que finalmente la gripe A no resultó tan agresiva como se preveía, podemos decir que estos resultados serían similares a los de la gripe en una situación epidémica normal”, añade. Garin añade que el estudio demuestra que “pese a los temores iniciales de una sobreutilización de los servicios sanitarios, finalmente esta no se produjo”.

El estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y ha requerido la colaboración de un amplio grupo de trabajo para hacer el seguimiento de pacientes con diagnóstico confirmado de gripe A. El grupo que ha hecho esta investigación ya está preparando otro estudio sobre el coste global de la gripe, sumando estos resultados a otros gastos como las campañas de prevención, la compra de vacunas y la pérdida de productividad más allá de la incapacidad temporal.

El aumento de la expectativa de vida de los europeos de 65 a 75 años y la probabilidad de que en el 2050 la media llegue a los 82 puede ser una amenaza para los sistemas de salud europeos. Así lo cree el 49% de los encuestados en el estudio Una nueva visión de la vejez. Repensando las políticas de salud para la sociedad europea que envejece realizado por la unidad de investigaciones de The Economist patrocinado por Pfizer; se preguntó para el trabajo a 1.113 profesionales médicos de países europeos, incluyendo España.

El estudio también muestra que el 51% cree que las quejas de los pacientes de más edad tienen menos probabilidades de ser atendidas que las de los jóvenes. Los países con expectativas de mayores inconvenientes para enfrentar el aumento de la demanda son Reino Unido y Francia, mientras los españoles (9% de los consultados) creen que el crecimiento de la población superior a los 65 años no significará un problema para el sistema de salud.

En España, el 16% no cree que habrá complicaciones en el sistema de salud por el aumento de la demanda de atención a los mayores, pero sí consideran que la crisis económica que atraviesa el país puede complicar mucho su atención. Beatriz León, investigadora de estudios sociosanitarios de la Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía/Fundación CIEN, cree que el aumento de la edad de jubilación y la reducción de la pensiones puede ser perjudicial para “el envejecimiento saludable”.

Pese a esto, León subraya que envejecer en buenas condiciones está más ligado a tener costumbres sanas, mantener actividad física permanente y estar comprometidos con actividades variadas que a los cuidados médicos. Según el Observatorio de las Personas Mayores, el 30% de las personas sobre los 65 años cuida a sus nietos, 15% no hace nada y el 55% tiene pocas actividades. Incluso, el 40% dice que no hace ninguna actividad en su tiempo de ocio.

El contador vuelve a estar a cero. Después del fracaso de la anterior legislatura, el Pleno del Congreso ha aprobado volver a crear una subcomisión para que prepare un documento que sirva para un pacto de Estado sobre la sanidad.

El trámite ha sido enredado, y no porque no hubiera un acuerdo de base sobre la necesidad de llegar a un acuerdo de este tipo que asegure la estabilidad y viabilidad del sistema sanitario. Fue CiU la que presentó la moción correspondiente, pero antes de votarla su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, predijo que iba a ser rechazada por la falta de apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara.

Duran argumentaba que la propuesta del PP, recogida en una enmienda, desnaturalizaba su propuesta. El desacuerdo empezaba por la propia adscripción de la subcomisión, que CiU quería que fuera a la comisión de Economía y Hacienda ya que su objetivo era garantizar la financiación.

También criticaba que la propuesta del PP, que es la que ha sido finalmente apoyada, se refería a una ley de servicios sociosanitarios, y que dejaba al margen a las comunidades.

Además, la enmienda del PP establece explícitamente que se trata de garantizar una asistencia “pública, gratuita y de calidad”, algo que choca con los planteamientos de CiU, que no descarta el copago o la privatización de servicios. De hecho, Cataluña es la comunidad con un mayor concierto de servicios, y la Generalitat ya ha aprobado -con el apoyo del PP- poner una tasa de un euro por receta. Precisamente el partido catalán se desmarcó de la anterior propuesta de pacto, la de 2010, porque descartaba expresamente el copago.

También el PSOE enmendó la propuesta de CiU, y justo en sentido contrario: proponía que se descartar explícitamente el copago y “que disponga de una provisión mayoritariamente pública”.

En la propuesta aprobada del PP se admite, eso sí, que en la subcomisión participarán miembros de las comisiones de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los testigos que declararon el martes en el juicio por el crimen perfecto echaron por tierra las coartadas de la acusada, María Ángeles Molina. La mujer afronta una petición de 24 años de cárcel por suplantar la identidad de su amiga Ana María Páez y asesinarla para cobrar préstamos y seguros de vida que había contratado a su nombre. Seis trabajadores de entidades bancarias y compañías de seguros identificaron a Molina como la persona que, en poder del DNI de su amiga y ataviada con una peluca, contrató esos servicios.

La acusada, conocida como Angie, firmó los contratos con total impunidad durante dos años sin que los empleados se dieran cuenta de que no era la misma persona que aparecía en el carnet de identidad. Ocurre que, en “muchísimas ocasiones”, según declaró uno de las testigos, el parecido entre la persona física y su foto de carnet es relativo.

La abogada de Angie afeó a los trabajadores su escasa diligencia y se aferró a la declaración, discordante, de uno de los siete empleados que pasaron por la Audiencia de Barcelona. Una mujer afirmó que fue Páez quien acudió a contratar un fondo de inversión de 6.000 euros acompañada por un hombre “moreno y de pelo rizado”.

Esos rasgos coinciden con uno de los gigolós “morenos y sudamericanos” a quienes Angie contrató para que eyacularan en un bote de plástico. Tras asfixiar a Páez con una bolsa de plástico, impregnó ese esperma en la vagina y la boca de su víctima para apuntar a un móvil sexual y confundir a los Mossos d’Esquadra. La descripción del joven que se masturbó frente a la acusada la dio el encargado del local American Gigoló, otro de los testigos.

El responsable del local también identificó sin dudarlo a la acusada como la mujer que contrató por 200 euros a los chicos para un servicio que “no era habitual”. La acusada, que también acudió allí con peluca —dice que la usaba para “juegos sexuales”, y no para suplantar a Páez— le explicó que “había hecho una apuesta con unas amigas de que estaría con un gigoló” y necesitaba una prueba. El hombre está fuera de España y no ha podido ser localizado.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2008 en un apartamento de Gràcia. En el primer día de juicio, Angie explicó que ese día viajó a Zaragoza para recoger las cenizas de su madre —que había muerto un año antes— y regresó por la tarde a Barcelona. Por la noche, cuando ocurrió el crimen, buscó un regalo de cumpleaños para su marido, compró yogures en un supermercado y se fue a casa.

Pero los agentes que participaron en la investigación desmontaron su coartada. El rastreo del móvil de Angie la situaba, a las nueve de la noche de ese día, a 300 metros del apartamento donde, horas después, la señora de la limpieza halló el cadáver desnudo de Páez. La expareja de la acusada —que entregó a la policía los documentos originales de la víctima, que Angie había escondido en la cisterna de su piso— afirmó que llegó a casa “nerviosa” alrededor de las 22.30 horas.

Las cartas que los bancos enviaron con el nombre de Páez al domicilio de Molina fueron la primera pista de la policía, que, tras detener a Angie, registró su piso y halló un bote de cloroformo que había usado, supuestamente, para dormir a la víctima antes de asesinarla. El frasco, sin embargo, estaba cerrado y sin usar, detallaron los agentes.

Un nuevo tipo de planeta se suma a la lista de los conocidos hasta ahora. No es un cuerpo rocoso como la Tierra, Marte, Venus o Mercurio; tampoco es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno, ni un gigante helado como Urano y Neptuno. Un planeta en órbita de una estrella situada a unos 40 años luz de aquí es, sobre todo, de agua, con una densa atmósfera de vapor. Con estas características no se parece siquiera a otros tipos de planetas extrasolares conocidos, como los denominados júpiteres calientes o los mundos de lava, explican los científicos que han dado con el peculiar objeto.

El planeta en cuestión, GJ1214b, fue descubierto por David Charbonneau y colegas, en 2009, en órbita de una estrella enana roja, mucho más pequeña que el Sol, pero ahora los astrónomos han podido observarlo y analizarlo con el telescopio espacial Hubble y, a partir de sus características, deducir su composición e identificarlo como un nuevo tipo de planeta desconocido hasta ahora. Su diámetro es 2,7 veces el terrestre y su masa unas 6,5 veces la de nuestro planeta; cumple una órbita alrededor de su astro cada 38 horas a una distancia de unos dos millones de kilómetros (la distancia media de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros). “GJ1214b no se parece a ningún planeta que conozcamos, una gran parte de su masa es agua”, comenta Zachory Berta en un comunicado del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (EE UU), líder del equipo científico que va a publicar este descubrimiento suyo en la revista The Astrophysical Journal.

A partir de la masa y el tamaño del planeta, los investigadores pueden calcular su densidad, que es dos gramos por centímetro cúbico, frente a la terrestre, que es, como media, 5,5 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua, sin embargo, es un gramo por centímetro cúbico, lo que sugiere que el planeta en cuestión tiene mucha más agua que la Tierra y mucha menos roca, con una estructura muy diferente.

En 2010, Jacob Bean, también del CfA, analizó con su equipo la atmósfera de este singular planeta, y parecía ya compuesta de vapor de agua, pero sus datos eran insuficientes para descartar que fuese una neblina sobre todo de polvo.

Ahora, Berta y sus colaboradores han estudiado GJ1214b con el telescopio espacial aprovechando la estrategia de tránsito, es decir, observándolo cuando se cruza por delante de su estrella en la línea de visión desde la Tierra. Dado que la luz del astro atraviesa la atmósfera del planeta, los investigadores pueden deducir su composición analizando esa luz filtrada. “Hemos utilizado el Hubble para medir el color infrarrojo de la puesta de sol de ese mundo”, explica el investigador. Los datos, analizados con los modelos atmosféricos, apuntan claramente hacia una densa atmósfera de vapor de agua.

GJ1214b debe guardar secretos fascinantes ya que, con las altas temperaturas que se alcanzarán en él (unos 230 grados centígrados) y las altas presiones, se podrían formar allí nuevos materiales, como hielo caliente o agua superfluida, añade Berta. Seguramente el planeta no se formó donde está ahora, sino mucho más lejos de la estrella, en un entorno rico en agua, y luego migraría hacia el interior de su sistema planetario.