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El Gobierno obliga a Bankia a dotar 4.813 millones más en provisiones

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

Según los datos actuales, Bankia es la entidad que más dinero tendrá  que poner en provisiones adicionales sobre sus activos inmobiliarios para cumplir con las nuevas exigencias de la reforma financiera del Gobierno, con 4.722 millones de euros, que se elevan a 4.813 millones al sumar los 91 de las provisiones de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). La entidad también informó de que le caerá en 200 puntos básicos el ratio de capital económico y regulatorio.

Antes de la apertura del mercado, informarán las entidades que faltan. Bankia, recién nacionalizada por el Gobierno, probablemente tendrá que pedir más dinero al Estado para hacer frente a este cargo contra la cuenta de resultados. No obstante, el grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri iniciará un plan de ventas del grupo industrial y de otros activos, para incrementar sus recursos.

El Santander calcula que deberá provisionar 2.700 millones antes de impuestos. Para hacer frente al primer decreto, el de febrero, necesitó 2.300 millones. Sin embargo, una vez descontado los impuestos y las provisiones ya realizadas, al grupo presidido por Emilio Botín le resta descontar de la cuenta de resultados 2.900 millones netos. El banco dijo ayer que mantendrá el dividendo anunciado de 0,60 euros y que ningún trimestre entrará en pérdidas.

La Caixa comunicó que provisionará 2.102 millones brutos que serán 1.471 millones netos. Por su parte, el recién adquirido Banca Cívica precisará de 1.287 millones brutos, que son 901 millones netos. En total, el coste neto del grupo será de 2.372 millones y 3.389 millones brutos.

Por otro lado, Unicaja y Caja España-Caja Duero necesitarán 888 millones netos; Novagalicia Banco, 1.109 millones, que “minorarán el resultado del ejercicio en 776 millones”. El Sabadell, 288 millones netos y no tendrá pérdidas. Liberbank, 496 millones netos y BMN 640 millones netos. Frente a todas estas cifras uno de los bancos que menos esfuerzo deberá hacer con la reforma es Bankinter, ya que sólo tiene que provisionar 136 millones de euros brutos.


El consejero delegado de Yahoo! presenta su dimisión por mentir

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

El cargo de Scott Thompson al frente de Yahoo! pendía de un hilo, que ha sido cortado. En el centro de la renuncia del consejero delegado, una agria polémica desatada a raíz de que se conociera que durante años estuvo mintiendo sobre su formación académica. El ejecutivo, que no llevaba ni seis meses al mando de la puntocom, será sustituido por Ross Levinsohn.

Los motivos con los que se justificó su renuncia fueron de tipo “personal”. Pero en realidad, se trata de una cuestión moral y de credibilidad para una compañía que atraviesas por serias dificultades para competir en la nueva era digital frente a poderosos rivales como Google y Facebook. A Thompson, de hecho, se confió la revisión y transformación de la firma.

El perfil de Thompson indicaba que se graduó en ciencias de la computación, cuando en realidad solo tenía un título de contabilidad. El momento no puede ser peor, pocas semanas después de que Yahoo! anunciara una importante ola de despidos en el marco de su proceso de reestructuración. El Consejo de Administración le había apoyado hasta ahora.

La renuncia responde a la presión ejercida por el fondo ThirdPoint, que exigió desde el primer momento la dimisión de Thompson y llegó a proponer como sustituto a Levinsohn. Este último es el actualidad vicepresidente de Yahoo!, encargado de la publicidad, medios digitales y de asociaciones. Es la persona que define la estrategia de productos y contenidos.

Thompson, que antes de ser fichado por Yahoo! dirigió para eBay el sistema de pagos electrónico PayPal, defendió su honestidad hasta el último minuto y comunicó al directorio que nunca presentó un curriculum para ocupar el cargo al frente de la compañías. Atribuyó el error a la firma que se encargó de buscar al candidato para suceder a Carol Bartz.

No queda ahí la cosa. En el marco de la solución del litigio iniciado por Third Point, cinco miembros del directorio actual abandonarán sus asientos con efecto inmediato. Días atrás ya se anunció que Patti Hart, la responsable de supervisar el proceso de selección, no iba a presentarse a la reelección. Fred Amoroso, uno de los recién llegados, se haría con la presidencia.


“Los directivos que generan gran valor no son muchos”

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

Jon Terry es el experto de PwC en remuneraciones dentro del sector financiero. Lleva 25 años en la firma, y asesora a entidades como RBOS, Citigroup, Barclays, HSBC o JP Morgan, entre otras.

Pregunta. ¿Contribuyeron a acelerar la crisis financiera los sueldos de los banqueros?

Respuesta. No creo que sus retribuciones por sí solas causaran la crisis. El debate está en la estructura de los sueldos. Una vez dicho esto, la gente culpa a los banqueros de haber contribuido a la crisis. La industria no puede ignorar esa percepción y debe reaccionar.

P. ¿Ha reaccionado ya?

R. Se han hecho muchas cosas. Ahora los sueldos están más ligados a la evolución de la entidad, se han diferido parte de las retribuciones y el peso del pago en acciones ha aumentado. Sin embargo, la ciudadanía sigue pensando que los banqueros tienen unos sueldos demasiado altos. Hay que hacer más cosas.

P. ¿Por ejemplo?

R. En 2009 y en 2010, los bonus en muchos bancos no se pagaron. En 2011 solo algunas entidades volvieron a pagarlos, pero la percepción es que se ha vuelto a la normalidad. La opinión pública tiene la sensación de que a los bancos se les sigue ayudando con dinero público de forma indirecta (Quantitative easing, avales…). Los banqueros deben ser conscientes de esta situación. Tienen que ser más transparentes y proactivos a la hora de dar información.

P. En su opinión, ¿Cuál es el paquete retributivo ideal?

R. La retribución debe estar alineada a los resultados del trabajador, a los de su departamento y a los de la entidad. Además, el cobro de una parte significativa del bonus, al menos el 50%, debe estar diferido durante tres años, y como mínimo, la mitad de esa paga variable tendría que ser en acciones. También deben simplificarse los sistemas de compensación. Ahora son demasiado complejos, tienen muchas variables.

P. ¿Cree que los banqueros españoles están bien pagados?

R. Sobre los bancos domésticos no le puedo decir mucho. En el ámbito internacional, donde se sitúan Santander y BBVA, la crisis no ha cambiado nada. Los banqueros estadounidenses son los mejor pagados, seguidos de los británicos. En tercer lugar se sitúan los principales mercados financieros (Fráncfort, Tokio, París, Hong Kong…). Y luego vienen el resto de países europeos. No soy partidario de fijar los sueldos en función de lo que cobren los demás, sino por lo que se aporta a la entidad en la que se trabaja.

P. El Gobierno español ha decidido limitar el sueldo de los directivos de bancos con ayudas públicas. ¿Está de acuerdo?

R. Entiendo que el sueldo de estos banqueros sea menor al de los bancos privados. Sin embargo, es un error limitar los salarios de los directivos, se haya intervenido o no la entidad, ya que disminuye tus opciones como dueño. Los Estados pueden tener problemas para atraer el mejor talento a unos bancos que requieren de grandes gestores para reflotarlos. Debido a la dificultad de este trabajo, en los bancos intervenidos, la parte fija del sueldo de los directivos debería ser mayor que la variable.

P. La crisis ha ampliado la brecha salarial entre directivos y empleados. ¿Es justo?

R. Esta tendencia no ha cambiado con la crisis. La brecha salarial se viene incrementado cada año desde los últimos 20 años. La gente debe ser pagada en función de lo que aporta al negocio. No creo que exista una obligación moral de fijar un tope al número de veces que el sueldo del directivo incluya el del empleado medio. ¿Dónde está el límite entre lo justo y lo injusto? ¿Quién lo establece?

P. Si determinados organismos internacionales pueden fijar límites para el déficit o la inflación, ¿por qué no están capacitados para decir cuál es la proporción adecuada entre los sueldos de directivos y empleados?

R. Porque cada negocio, cada sector y cada país son diferentetes. Es una cuestión moral. Eso sí, la presión sobre este tema tiene mucha más legitimidad que antes de la crisis financiera.

P. En España, varios directivos cobran más de 120 veces el salario medio de sus empleados. ¿De verdad generan tanto valor?

R. Hay un grupo de personas que tienen un talento único y que generan un enorme valor para el negocio. Ahora bien, como Steve Jobs no hay muchos. Es decir, no hay mucha gente que tenga habilidades que otros no tengan y que se merezcan ganar tanto. Son los accionistas los que deben preguntarse cuál es la brecha más justa.

P. ¿Le gustan los blindajes?

R. No me gustan. Los accionistas deben tener el derecho a despedir a un ejecutivo si no aporta valor o si hay un cambio de control. Los directivos están para servir a las empresas y no al revés.


Contratos acorazados

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

La reforma laboral promovida por el Gobierno del Partido Popular enfila los últimos trámites parlamentarios. Uno de los puntos más importantes de la nueva normativa es la generalización del despido con solo 20 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 12 meses. Los cambios en materia laboral, sin embargo, no afectarán a 260 consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección de las empresas del Ibex 35, el 46% del total, cuyos contratos contienen blindajes que les dan derecho a cobrar indemnizaciones mucho más generosas.

La inclusión de cláusulas antidespido denominadas en inglés golden parachutes (paracaídas dorados) es una práctica generalizada entre las grandes empresas. De hecho, solo cuatro grupos del Ibex —Abengoa, Banco Popular, Bankinter y OHL— no las tienen. En la práctica totalidad de los casos el órgano que decide conceder los blindajes es el consejo de administración, no la junta de accionistas a la que, como mucho, se la informa (y no en todos los casos).

La casuística es muy variada, pero el principal motivo para activar estos blindajes es si se produce un despido improcedente. En algunas empresas también se contempla su uso si el directivo dimite o si hay un cambio de control. Como contrapartida el ejecutivo se suele comprometer a firmar una cláusula que le impide fichar durante un plazo determinado por otra empresa que sea competencia directa.

Todos los años hay un goteo de directivos que ejecutan sus blindajes. En los últimos meses, por ejemplo, NH Hoteles ha pagado 6,56 millones a Gabriele Burgio; Juan Carlos Torres se ha ido de Duro Felguera con 3,65 millones; en el caso de José Manuel Vargas (Vocento) su finiquito estuvo valorado en 3,12 millones; Luis Atienza ha dejado la presidencia de Red Eléctrica con una indemnización próxima a los 800.000 euros; Diter Kiefer (Cementos Portland) recibió 331.234 euros; Rodrigo Rato (Bankia), tras su adiós a la presidencia, tiene derecho a cobrar dos anualidades, lo que supone, tras la limitación salarial aprobada por el Gobierno a los bancos con ayudas, un máximo de 1,2 millones.

¿Cómo justifican las empresas estos blindajes? Hay argumentos para todos los tipos. Red Eléctrica, por ejemplo, explica que los tiene porque los demás también los usan (“las citadas cláusulas se ajustan a la práctica habitual del mercado”). Otros hablan de evitar una fuga de cerebros, aunque con palabras más sofisticadas: “El objetivo es conseguir un grado de fidelidad eficaz y suficiente de los ejecutivos de primer nivel necesarios para la gestión de la sociedad y, de este modo, evitar la pérdida de experiencia y conocimientos que podría poner en peligro la consecución de objetivos estratégicos”, argumenta Iberdrola.

Tras el estadillo de la crisis financiera la Comisión Europea hizo pública una recomendación en abril de 2009 sobre los sistemas de remuneración de los consejeros. La Comisión consideraba necesario garantizar que los pagos por rescisión “no representen una recompensa del fracaso” y sugería que su cuantía no debería superar la cantidad equivalente a dos anualidades de sueldo fijo.

Este límite sugerido por Bruselas, sin embargo, no es seguido por muchas compañías. Una de las empresas con el blindaje más alto por número de años de indemnización es ACS. Nueve miembros de su alta dirección, incluyendo tres consejeros ejecutivos, gozan de cláusulas con indemnizaciones máximas “de hasta cinco años de sus retribuciones”. En el caso de Iberdrola (participada por ACS), el presidente y consejero delegado también tiene derecho a cobrar cinco anualidades en caso de despido. Lo curioso es que en diciembre pasado, el consejo decidió que los próximos contratos de consejeros ejecutivos solo tendrán derecho a recibir dos anualidades.

El sector bancario es el que más hace uso de los blindajes. El 100% de la alta dirección de Caixabank está blindada, el 87% en el caso del BBVA, el 92% en el Banco Sabadell, mientras que en el Banco Santander los disfrutan el 71% de la alta dirección. Si al cierre del pasado ejercicio se hubieran activado las cláusulas en el Santander, el banco tendría que haber desembolsado un total de 84,8 millones de euros.

Algunos blindajes tienen fecha de caducidad. Es el caso de Baldomero Falcones. El presidente de FCC tiene derecho a tres años de sueldo si dejase la constructora antes del 31 de diciembre de 2015. Otros han sido abolidos. El presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández, renunció en 2006 a la indemnización que le correspondía en su contrato (dos anualidades). Evidentemente, este caso es una excepción entre una clase laboral acorazada.

 


Una casta a prueba de crisis

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

Adam Smith, el teórico de cabecera del liberalismo económico, trató de responder hace más de 200 años a la pregunta de cuándo se puede considerar rica a una persona. En su opinión, un individuo era rico o pobre de acuerdo con la cantidad de mano de obra que podía contratar. Si se sigue al pie de la letra la definición del autor de La riqueza de las naciones, muchos de los directivos de las grandes compañías españolas son auténticas pymes en potencia, puesto que con su retribución se podrían pagar decenas, si no cientos, de sueldos anuales de trabajadores de su misma empresa.

En un país próximo a los seis millones de desempleados el sufrimiento va por barrios. Hay una casta privilegiada que permanece inmune a las dificultades. La crisis ha agrandado la brecha salarial entre los directivos y los empleados. El ejercicio 2007 fue el último de bonanza económica. Ese año, los consejeros ejecutivos y los miembros de la alta dirección de las empresas del Ibex 35 que hoy en día permanecen en el índice cobraban de media 873.666 euros, mientras que el gasto medio por empleado era de 37.122 euros. Es decir, había una brecha salarial de 23,53 veces. En 2011, la desigualdad se amplió hasta las 24,68 veces: la élite directiva de esas mismas compañías —534 personas— recibió una compensación media de 1,07 millones de euros, y el gasto medio por trabajador fue de 43.353 euros.

En esos cuatro años, por tanto, el crecimiento de la brecha salarial fue del 4,8%. Hay quien pueda pensar que es un aumento modesto. Sin embargo, la comparativa queda distorsionada por las indemnizaciones multimillonarias que cobraron algunos directivos en 2007 (Manuel Pizarro, Victoriano Muñoz, Peter Erskine, Antonio González-Adalid o Xavier de Irala, entre otros) y que en total sumaron más de 37 millones de euros.

El incremento en la desproporción de las nóminas no ha sido algo concentrado en un puñado de compañías; se trata de una tendencia generalizada entre los grandes conglomerados empresariales del país. En 23 grupos del Ibex se ha incrementado la brecha salarial entre la alta dirección y la plantilla. En el caso de los consejeros, el hueco retributivo ha aumentado en 16 empresas. Las compañías donde más ha aumentado la brecha salarial entre su elite directiva y el resto de empleados son Ferrovial, Inditex, Abengoa, Repsol y OHL. Solo en seis casos —ACS, Bankinter, Caixabank, Endesa, Mediaset y Red Eléctrica— la desigualdad salarial disminuyó, tanto en directivos como en consejeros.

El aumento de los salarios de los administradores no se justifica por la creación de valor lograda para sus accionistas. En el periodo analizado (2007-2011) solo 11 empresas del Ibex fueron rentables para sus dueños, sumando a la evolución en Bolsa de los títulos los dividendos distribuidos. Inditex fue, de largo, la compañía cuyo equipo gestor más enriqueció a sus accionistas, con una rentabilidad total en esos cinco años del 76,9%. Tras el grupo textil se situaron Grifols (45,3%) y Gas Natural (36,9%). Tras descontar dividendos, el Ibex registró unas minusvalías del 23,17% en este periodo. El peor valor del selectivo fue Sacyr (-89%), seguido de Gamesa (-68,8%) y Mediaset (68,1%). Los dos grandes bancos del país, Banco Santander y BBVA, con dos de las cúpulas directivas mejor remuneradas de toda la Bolsa, fueron responsables de pérdidas para sus accionistas del 41,5% y el 53,4%, respectivamente.

Las juntas que se celebran en 2012 para aprobar las cuentas de 2011 traen una novedad en materia de transparencia: es la primera vez que los consejos de administración deben desglosar de forma individualizada los sueldos de sus miembros. Hasta el momento, 31 grupos del Ibex ya han rendido cuentas de sus salarios. El ejecutivo mejor pagado de estas compañías, que suele ser su presidente y/o consejero delegado, recibió una compensación media en 2011 de 3,78 millones de euros, cantidad que supone 89,25 veces el gasto medio por empleado de esas empresas. Muchos de estos directivos son miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), un lobby que se ha mostrado abiertamente a favor del abaratamiento del despido y a cuyos integrantes el rey Juan Carlos les pidió hace poco que “arrimen el hombro” para crear empleo y sacar al país de la crisis.

El ejecutivo mejor pagado de 2011 fue Pablo Isla, con 20,3 millones de euros, gracias al premio singular y no recurrente que le dio Inditex tras acceder a la presidencia del grupo. Esta retribución supone multiplicar por 1.000 el gasto medio por empleado de Inditex. Isla recibió acciones valoradas en 13,73 millones, además, cobró 127.000 euros por su asistencia al consejo, 2,45 millones de sueldo fijo y 1,72 millones de bonus. El gestor de Inditex también devengó 2,27 millones por un plan de incentivos a largo plazo sujeto a determinados objetivos.

El segundo en el escalafón fue el consejero delegado del Banco Santander. Alfredo Sáenz recibió por todos los conceptos (sueldo fijo y variable, dietas, seguros y aportación a pensiones) 12,7 millones. Esta cantidad representa 233 veces el gasto medio por empleado del banco.

El tercer puesto en esta clasificación le corresponde al presidente de Telefónica. César Alierta cobró en total 10,27 millones, es decir, 266 veces más que la media de los empleados de la operadora de telecomunicaciones.

El top ten de salarios en el Ibex 35 se completa de la siguiente forma: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una compensación total en 2011 de 10,12 millones, cantidad que representa una brecha salarial de 185 veces si se compara con la remuneración media de sus empleados; José Ignacio Sánchez-Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, recibió 9,5 millones, es decir, 142 veces más de lo que gastó la eléctrica en sus trabajadores; Florentino Pérez, presidente de ACS, cobró 6 millones entre sueldo y pensión, cantidad que equivale a 157 veces el gasto por empleado de la constructora; Francisco González, presidente del BBVA, ingresó 4,9 millones, o, lo que es lo mismo, 101 veces el gasto medio que destinó el banco a su plantilla; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, obtuvo una remuneración de 4,57 millones, 117 veces superior a la de la de sus empleados; Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 4,48 millones, una cifra que supone 176 veces el gasto medio por empleado de la compañía andaluza, y Rafael Vilaseca, consejero delegado de Gas Natural, cuya nómina en 2011 ascendió a 3,97 millones, 79 veces más de media que la de sus subordinados.

Todavía no se han desglosado de forma individualizada los sueldos de los consejeros de IAG, Gamesa, Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas. Con los datos que se tienen hasa ahora, en las empresas del Ibex 35 solo hay seis casos en los que la retribución del primer ejecutivo en 2011 estuvo por debajo del millón de euros. El sueldo más modesto lo tuvo José Antonio Tazón (Amadeus) con 180.000 euros, solo 2,13 veces el gasto medio por empleado de la compañía. Tazón, sin embargo, fue el directivo español mejor pagado en 2010 gracias a una gratificación extraordinaria de 10 millones por la salida a Bolsa de la central de reservas.

El segundo salario de menor cuantía entre los principales espadas del Ibex fue el de Rafael Martín de Nicolás. El consejero delegado de OHL recibió una compensación total de 681.000 euros, un 22,4% más que la media de su plantilla. Los ejecutivos por debajo del umbral del millón son Ricardo Currás (Dia), con 687.000 euros (38,7 veces más que el gasto medio de sus empleados); Luis Atienza (Red Eléctrica), con 831.000 euros (11,7 veces más); Bernardo Velázquez (Acerinox), con 876.000 euros (18,5 veces más), y Víctor Grifols (Grifols), con 912.047 euros (21,3 veces más).

Los sueldos milloneuristas no son solo coto privado de los primeros ejecutivos de las empresas. Hay una segunda línea de trabajadores de siete empresas del Ibex cuyos rostros son menos conocidos, pero que también superan la barrera del millón de sueldo anual. La cúpula mejor pagada es, de largo, la del Banco Santander. Los 22 miembros de la alta dirección del banco cobraron una media de 3,69 millones en 2011, cantidad que supone una brecha salarial de 67,8 veces sobre el gasto medio por empleado de la entidad. Les siguen siete trabajadores de Telefónica que ganaron de media 2,82 millones (40,5 veces más que el resto). La alta dirección del BBVA recibió 1,88 millones por cabeza, casi 40 veces más que el gasto medio por empleado de su plantilla. Completan este selecto club los directivos top de Repsol (1,8 millones de media), Iberdrola (1,1 millones), IAG (1,05 millones) y Amadeus (1,03 millones).

El incremento de la desigualdad de los sueldos no solo se da en España, aunque, en este caso, es más especial por el elevado desempleo. En EE UU, por ejemplo, el Economic Policy Insitute ha publicado recientemente un estudio sobre este tema. La principal conclusión es que entre 1978 y 2011, el sueldo de los consejeros delegados de las 350 principales empresas de EE UU creció un 725%, “sustancialmente más que la Bolsa, y remarcablemente más que el salario medio de un trabajador normal”. El principal ejecutivo en la meca del capitalismo gana 231 veces más que su plantilla.

En la Universidad de California, The Global Price and History Group ha publicado un estudio sobre la desigualdad de la riqueza a lo largo de la historia. En el año 14 después de Cristo un senador romano ganaba 100 veces más que el romano medio. Han pasado 2.000 años y el ser humano ha sido incapaz de corregir ese desfase. Más bien todo lo contrario.


El nuevo gerente de YPF negoció su fichaje por la petrolera en 2009

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

El nuevo gerente de YPF es todo un símbolo en Argentina. Se llama Miguel Galuccio. “Tiene 44 años, recién cumplidos, un hombre muy joven, formado en la Argentina; ingeniero en petróleo, recibido [licenciado] en 1994, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires; nacido en Paraná, Entre Ríos; con dos hijos”, así lo presentó la presidenta, Cristina Fernández al promulgar la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF el pasado 4 de mayo. “Pero quiero decirles que lo importante es la conformación de un equipo de gente joven, de un ingeniero que además trabajó en YPF y que para mí significa también un símbolo, que es recuperar a los que se nos fueron, cuando pasó lo que pasó en la Argentina con nuestra empresa nacional. Porque él trabajó mientras YPF fue Argentina, mientras estaba nacionalizada, aún dentro de la participación del capital privado”.

En realidad, Galuccio trabajó también cuando Repsol compró YPF en 1999. Aunque su currículo indica que a los pocos meses de la operación Galuccio decidió buscar “nuevos horizontes por no coincidir con el modelo del nuevo management”, el ingeniero tuvo tiempo de protagonizar en diciembre de 1999 un vídeo en el que se ensalzaba la compra de YPF por parte de Repsol. El anuncio comenzaba con la imagen en blanco y negro de unos niños corriendo mientras el actual gerente, nacido en la provincia de Entre Ríos, relataba: “Me acuerdo de aquella laguna que estaba cerca de mi casa en Entre Ríos. Cuando iba a nadar, mi gran desafío era llegar a esa plataforma que parecía tan lejana”. Los niños saltaban al agua, nadaban y el actor que doblaba la voz de Galucio proseguía: “Y creo que fue ese día en que llegué cuando supe que podría ir todavía más lejos”. El niño subía a la pequeña plataforma de madera, la música cobraba más dinamismo y ya, en imágenes de colores, aparecía Galuccio descendiendo de un helicóptero, con un chubasquero de Repsol-YPF: “Ahora soy ingeniero de petróleo y trabajo en una plataforma de extracción de YPF en el Atlántico Norte”. Una voz en off añadía: “Miguel Galuccio es uno de los tantos argentinos que trabajan para Repsol-YPF, una fusión entre dos grandes empresas que se unen para ser todavía más grandes, una compañía que opera en los cinco continentes, que produce más de un millón de barriles de petróleo por día y con reservas para abastecer de combustible a la Argentina por 30 años. Porque para ser grandes hay que estar en el lugar que sea necesario. Y eso, lo supimos siempre: Repsol YPF, una de las compañías petroleras más grandes del mundo”.

Finalmente, Galuccio se marchó de YPF y de Argentina. Y se convirtió en “uno de los cuatro directivos más importantes de la empresa petrolera de servicios Schlumberger, una de las más importantes del mundo, el único ejecutivo latinoamericano que había alcanzado un puesto directivo tan alto”, según la presidenta Fernández.

Diez años después de rodar el anuncio, a principios de 2009, Galuccio negoció con su compatriota Sebastián Eskenazi, entonces consejero delegado de YPF en Argentina y gran amigo de la familia Kirchner hasta hace seis meses. Entre Eskenazi y Galuccio se interpuso un obstáculo para llegar a un acuerdo: Galuccio exigía dos millones de dólares y el traslado de su cuadra de caballos de polo desde Londres a Buenos Aires, según indicaron fuentes próximas a la negociación. Este periódico intentó sin éxito contactar con Galuccio para conocer su versión.

El Gobierno ha dejado claro que quiere organizar una empresa con “un perfil absolutamente profesionalizado”. “Lo cual no quiere decir que no tenga dirección política”, aclaró Fernández entre los aplausos de los políticos peronistas invitados a la firma de la promulgación el 4 de mayo en la Casa Rosada.

Sobre la capacitación de Galuccio se ha producido un gran consenso en Argentina: es la persona ideal. En cuanto a las condiciones salariales también hay consenso: no ha habido ninguna crítica, ni ninguna información. La revista argentina Perfil informó de que Galuccio percibía en Londres 856.000 dólares anuales desde 2006. Se sabe, eso sí, que Galuccio es consciente de que ha entrado en la historia del país. “Así le dijo a la presidenta en su casa en Calafate: “Esto es la historia, presidenta, y yo sé que usted está asumiendo un riesgo importantísimo y yo quiero estar a la altura de las circunstancias”, declaró la persona que se lo presentó a Fernández, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

Respecto a la actuación profesional de quienes antecedieron a Galuccio en el mando de la empresa, también existe unanimidad. Durante las sesiones del Congreso argentino para sancionar el proyecto de expropiación, todos los partidos políticos han repetido decenas de veces la expresión “vaciar”, cuando no “expoliar”, “saquear” o “depredar”. Repsol “vació” YPF, “se llevó” fuera del país los beneficios de la mayor empresa argentina y no invirtió en explorar nuevos pozos. El nombre de Tomás García Blanco no se ha oído en ningún momento.

García Blanco fue el ingeniero asturiano a quien Repsol-YPF envió en 2009 a Argentina en lugar de Galuccio por un salario y una mudanza bastante más módicos de las que demandaba Galuccio. Gracias a él y a una inversión de más de 300 millones de dólares en exploraciones en la provincia de Neuquén, Repsol-YPF descubrió en Argentina en junio de 2010 los yacimientos de Vaca Muerta, la tercera mayor reserva de gas no convencional del mundo. García Blanco fue el hombre que hizo posible que Cristina Fernández visitara la sede de YPF en diciembre de ese mismo año y anunciara en televisión el hallazgo de Vaca Muerta con estas palabras: “Ojalá todo esto, que es algo concreto, objetivo… el crecimiento, las reservas, los recursos explotados, la duplicación de los pozos produciendo, el crecimiento de los barriles, las inversiones… tuviera también no solamente un espacio de propaganda en los diarios, como anunciantes de YPF, sino que también todos pudieran recoger en su editoriales, en sus notas, eso que también ustedes vuelcan como anunciantes”. Después de cinco meses de ataques del Gobierno a Repsol, todos aquellos datos concretos y objetivos se han evaporado en la opinión pública. Es como si el yacimiento de Vaca Muerta, el gran tesoro energético de Argentina, se hubiera descubierto solo, brotando de la tierra de un día para otro.

Un antiguo directivo argentino de YPF, de los que mantenían excelentes relaciones con el Gobierno hasta hace seis meses, señala: “Tomás García fue el gran artífice de ese hallazgo. Pensaba terminar aquí su vida profesional y quedarse para siempre a vivir en Argentina. Pero tuvo que abandonar la empresa de un día para otro y salir del país como si hubiera hecho algo malo”.

A pesar de todo, el anuncio que filmó Galuccio en 1999 se vuelve más actual que nunca: “Y creo que fue ese día en que llegué cuando supe que podría ir todavía más lejos”. Ya ha llegado a la plataforma más alta de la empresa más grande del país.


Un gobernador entre dos fuegos

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

Quedan exactamente 61 días para que Miguel Ángel Fernández Ordóñez cumpla los seis años de mandato como gobernador del Banco de España (BE). Eso si no decide irse antes, harto de los continuos ninguneos del Gobierno del PP y malparado por la crisis de Bankia, que muy a su pesar va a señalar para siempre sus últimos días en la venerada institución. Va a ser el remate a una inacabada reforma financiera que no supo abordar, en la que le faltó autoridad para enfrentarse a los poderes políticos y decisión para intervenir a tiempo algunas entidades que estaban en una situación crítica. Y quizá le sobró disposición para mandar recetas de política económica que servían para muy poco en la resolución de los problemas del sistema financiero y, en cambio, le originaban continuos enfrentamientos con el Gobierno socialista que le había delegado la misión de cuidarlo.

Desde que cambió el Ejecutivo el pasado diciembre las relaciones no han ido a mejor. El PP, que en la oposición jaleaba sus intervenciones (posiblemente excesivas para un gobernador) porque eran golpes bajos a los adversarios por parte de uno de los suyos, le ha marginado conscientemente. El ministro Luis de Guindos, con quien mantuvo una amistosa relación en etapas pasadas, apenas se habla con él ni le hace partícipe de decisiones clave como el episodio del pasado fin de semana en el que se precipitó la dimisión de Rodrigo Rato en Bankia. Ahora el PP le ha convertido en el pimpampum echándole todas las culpas de los males de esta entidad y, por extensión, de la crisis, olvidando la fuerte involucración que han tenido las comunidades autónomas gobernadas por ellos, en este caso la de Madrid, en la reconversión de las cajas.

Insertado en ese pandemónium, estos meses están siendo enormemente intensos para el gobernador; pero este hombre de 67 años, que se desbravó en política muy joven y se curtió pasando por diversos altos cargos, es duro de pelar. Tiene la virtud, y tal vez el peligro, de controlar con frialdad sus movimientos, lo que genera desasosiego incluso en sus amigos de siempre. Unos y otros le llaman MAFO, un apelativo que responde a sus iniciales y que a él ni le molesta ni le perturba.

El nombramiento como gobernador ponía la guinda a una carrera al servicio de la Administración (fue secretario de Estado de Economía y Comercio con Felipe González y de Hacienda con Rodríguez Zapatero, y presidente del Tribunal de la Competencia y de la Comisión del Sistema Eléctrico). Quizá la animadversión del PP hacia él tenga su origen en el pecado original que se cometió en su nombramiento: nunca en democracia se había nombrado al gobernador sin pactarlo los dos partidos mayoritarios. Las huestes del PP recuerdan que fue propuesto por Pedro Solbes cuando era secretario de Hacienda (cesó de este cargo a los cuatro meses) y aprovechan esa circunstancia para echar leña al fuego contra “la ruina heredada del PSOE”. El caso es que perdida la confianza de unos (cuando se fue Solbes, solo mantenía una interlocución correcta con Elena Salgado) y con los otros a la greña, MAFO se ha quedado entre dos fuegos.

Pero MAFO ha sido un funcionario ejemplar, con una cabeza bien armada, culto, con buena formación en economía (es técnico comercial del Estado y economista del Estado), educado en una familia librepensadora. Siempre se dijo que no llegó a ser ministro con el PSOE porque ya lo era su hermano Francisco (el carismático Paco Ordóñez, al que MAFO veneraba) y cuando pudo serlo ya se le había pasado el arroz. Durante los Gobiernos de Aznar trabajó en el grupo PRISA (EL PAÍS, Cinco Días, cadena SER y Canal +). Su progresiva escora socio liberal no generaba mucha simpatía en las filas del partido, del que es militante desde que en los años setenta entró en Convergencia Socialista Madrileña. Pero el laissez faire, laissez passer no es lo más apropiado para un puesto como el de gobernador, en el que hay que ser más decidido que reflexivo, más ejecutor que permisivo.

Dicen que el cargo de gobernador entraña antipatía y distancia, que un banquero central debe ser una persona sosegada, tranquila, previsible y aburrida. Apenas llegó a la torreta de mando, bajo la mirada de la vecina diosa Cibeles, MAFO quiso transmitir que tenía al menos alguno de esos atributos, que iba con talante dialogante y ganas de ser metódico; pero en estos años se ha ganado fama de taciturno, difícil y dubitativo. Se le tacha de no haber sabido aglutinar al personal, pese a que se reconoce en él un trato amable y cortés. Sabía que entraba en un templo que algunos de sus anteriores inquilinos habían consagrado con actuaciones casi milagrosas otras crisis bancarias y le habían dado un halo si no de santidad sí de carisma reverencial. El paso, el peso y el poso de hombres como Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo dejaban el listón muy alto e infundían un respeto casi sagrado a personas que venían de otros mundos más profanos.

Posiblemente quiso tomar lo mejor de los dos y puso todo el empeño, porque cuando fue nombrado gobernador su formación y experiencia financieras eran escasas. Para algunos observadores esa carencia puede explicar lagunas en el diseño y aplicación de los sucesivos planes de reforma financiera. Pero él iba con la lección aprendida. Las advertencias sobre la gestación de una peligrosa burbuja inmobiliaria por parte de los servicios de inspección procedían de los tiempos de su predecesor, Jaime Caruana, y él llegó con la intención de atajar el problema que aquel dejó sin resolver.

Sin embargo, se encontró con más obstáculos de los que preveía, principalmente de los dirigentes políticos regionales y locales de todos los colores políticos, reacios a perder poder en las cajas. No supo o no se atrevió a enfrentarse a ellos, lo que explica el retraso en la intervención del BE ante problemas que crecieron hasta convertirse en casi incontrolables. Ocurrió con las cajas de la Comunidad Valenciana, las gallegas o incluso Caja Madrid, donde los dirigentes del PP le pusieron la proa desde el primer momento y él no dio el paso adelante para impedir la revuelta cuando tenía los balances a su favor. El caso es que se permitieron fusiones económicamente absurdas con las consecuencias que se pueden observar ahora. “Tenía que haber tomado el modelo de ordeno y mando de Mariano Rubio y ponerse los manguitos como Aristóbulo de Juan [director general con aquel] para abordar las reformas sin que le regateara nadie”, señala uno de esos observadores.

Esa pudo ser la clave de su gestión, que va a quedar como manifiestamente mejorable y llena de claroscuros (más oscuros que claros). Claros porque impulsó reformas necesarias que debían haberse abordado anteriormente, principalmente la de las cajas. Pero más oscuros porque, además de dedicarse con ahínco a pedir medidas económicas que era secundario en el banco, las reformas financieras se fueron retrasando y con muchos condicionantes. La intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM) sonó más a un intento de ejemplarizar, ya que estaba controlada por el PSOE, que de acabar con una lacra cada vez más pesada. Había un racimo de cajas que podían haber seguido la misma suerte, incluso antes: Cajasur, CAM, Bancaja y otras muchas cuyos problemas quedaron absorbidos en las fusiones.

Pero ahí se encontró con la visceral oposición de los barones del PP, muchos de los que ahora le culpan. El BE siempre ha argumentado que “no se puede intervenir hasta que no hay problemas de solvencia y las entidades cumplían los coeficientes; además la intervención es lo más caro y traumático, por lo que se buscaban soluciones previas”. Así ocurrió en efecto con CCM, sin éxito, y posteriormente con Cajasur, con éxito. Es posible que los resultados de las pruebas de estrés confundieran al gobernador y retardaran cualquier acción interventora. No obstante, él nunca alabó las bondades del sistema financiero español. Fue Zapatero. Él siempre advirtió que había que mantenerlo bajo vigilancia. Asimismo, y además del rechazo político, tampoco convenció a la patronal sectorial de cajas. “No hay más que ver que la fusión del Popular y Pastor se hizo sin problemas”, aseguran fuentes cercanas al BE.

También se apela a que la crisis, que va a seguir cuando se vaya, determinó su actuación desde casi el principio de su mandato. “Pero eso no le vale de excusa, de un supervisor se espera que sepa enderezar la nave en tiempos de zozobra, porque en los de bonanza lo hace cualquiera”, sostiene un colega de profesión que reconoce que “ha decepcionado a muchos de sus defensores y amigos”.


Valencia o cómo hundir un sistema financiero en menos de un año

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

La nacionalización de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, en el que se había integrado Bancaja, ha certificado la liquidación del sistema financiero valenciano en menos de un año. La primera baja fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida en julio de 2011 y adjudicada al Banco Sabadell con un volumen de ayudas que puede terminar alcanzado los 6.000 millones de euros —un billón de las antiguas pesetas—. El segundo en caer fue el Banco de Valencia, intervenido en noviembre, que recibió una línea de liquidez de 2.000 millones de euros, está en proceso de subasta y pude llegar a precisar 4.800 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. La tercera ha sido Bancaja, ya que la nacionalización del grupo le llevará probablemente a desaparecer, si bien ya había perdido arraigo tras integrarse en la fusión liderada por Caja Madrid.

Todos los análisis del hundimiento conducen a la misma explicación: una gestión deficiente traducida en una irresponsable concentración de riesgo en el sector inmobiliario, que fue generalizada en España pero alcanzó el paroxismo en el caso valenciano. De cada 100 euros de crédito, el sistema bancario español concedió 59 a la suma del sector inmobiliario, construcción y compra de viviendas (hipotecas). Tomando solamente a las cajas, la proporción se elevaba en 2010 (último dato desagregado) al 68%.

Pese a no ser una caja, el Banco de Valencia rozaba ese nivel, con un 65,8%. En el caso de la CAM, definida por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como “lo peor de lo peor”, el porcentaje parece irreal: el 98%.

Pero así lo explicó hace una semana José Antonio Iturriaga, uno de los administradores puestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al frente de la entidad intervenida, ante la comisión de investigación de la CAM de las Cortes Valencianas: del total de 53.000 millones de créditos concedidos por la caja, 52.000 lo fueron a empresas vinculadas al sector inmobiliario.

El segundo elemento que tiende a señalarse como causa del desastre es la excesiva politización de las cajas, lo que podría extenderse al Banco de Valencia, que estaba integrado en el Grupo Bancaja. Aunque el catedrático de la Universitat de València, Joaquín Maudos, matiza: “Siempre se dice, y estoy de acuerdo, que la injerencia política ha afectado a la gestión, pero yo creo que no es el punto fundamental. Si vemos las cajas vascas, la presencia política es incluso superior a la de aquí, y son de las cajas más solventes de España. No es solo politización sino falta de diligencia en la gestión. Viendo el dato de la CAM está claro que es inviable. Si concentras todo tu riesgo en un solo sector y se pincha la burbuja inmobiliaria, apaga y vámonos”.

En unos días en los que la mayoría de críticas por la caída de Bankia se dirigen bien hacia su expresidente Rodrigo Rato, bien hacia el supervisor, casi nadie se acuerda del único que ya estaba ahí al principio de esta historia: José Luis Olivas, presidente de Bancaja. Abogado de profesión. Concejal en Valencia ya a finales de los años setenta. Concejal de Hacienda con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Secretario general del PP valenciano en los noventa. Consejero de Hacienda y vicepresidente con Eduardo Zaplana cuando dirigía el Gobierno valenciano. Y presidente de la Generalitat entre la salida de Zaplana y la llegada de Francisco Camps.

Olivas recibió, en premio a los servicios prestados, la presidencia de Bancaja en 2002 gracias a una ley que él mismo promovió como consejero y que elevó el peso de los políticos en las entidades de ahorro hasta facilitar su control. Poco después Olivas asumió la presidencia del Banco de Valencia y, ya en 2010, la vicepresidencia de Bankia.

La intervención del Banco de Valencia precipitó su salida de estas dos entidades, pero no de Bancaja, donde ha resistido hasta hoy pese a las repetidas llamadas de empresarios, Generalitat —gobernada por sus compañeros de partido— y oposición para que abandone el barco.

El dominio de la CAM se logró mediante el nombramiento de empresarios afines: primero Vicente Sala (Zaplana) y después Modesto Crespo (Camps). La nueva relación convirtió a las cajas en herramientas financieras del Gobierno autónomo. Y las llevó a invertir en casi todos los proyectos ruinosos de los últimos años: el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz de Alicante, Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y otros.

El nuevo escenario dentro y fuera de las cajas también multiplicó la influencia de los empresarios del sector inmobiliario, que accedieron en buen número a sus consejos de administración. Era la época en que su poder parecía total: promotores y constructores dirigían las patronales valencianas, sus clubes de fútbol y las fallas que acaparaban los premios. Pedían créditos y las cajas y el Banco de Valencia se los concedía. Creaban sociedades conjuntas. El triángulo formado por políticos, banqueros y empresarios del ladrillo supuso que, solo en la primera mitad de la pasada década, se aprobaran planes urbanísticos, algunos de ellos frenados por la crisis, equivalentes a levantar entera otra ciudad de Valencia, según los cálculos realizados por el catedrático Ernest García.

La mejor prueba de la complicidad que algunos llegaron a tener consta en el sumario del mayor escándalo de corrupción valenciano de los últimos tiempos junto al caso Gürtel, el caso Brugal, en el que están imputados políticos, constructores y directivos de entidades financieras.

El hundimiento del sistema bancario valenciano preocupa a los ciudadanos, que verán desaparecer o reducirse enormemente la histórica misión educativa (vía becas) y cultural de las obras sociales de la CAM y Bancaja. Y también preocupa a los empresarios, que ya han notado las consecuencias de la nueva distancia de los centros de decisión. “La relación bancaria, repetida durante años de una sucursal o un banco con la empresa crea una información muy valiosa”, señala Maudos, “que desgraciadamente se puede perder”.


El presidente dejó caer su obra: el gran banco del PP

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

Es difícil ver la crisis de la cuarta entidad financiera del país, con 10 millones de clientes, miles de accionistas y participaciones mayoritarias en empresas clave como Iberia, como una jugada política. Pero es exactamente lo que ha sido. El origen es el ladrillo y los problemas financieros. Pero todas las grandes decisiones de los últimos tres años, los más importantes, se han tomado en despachos políticos. Y casi siempre estaba allí Mariano Rajoy, aunque también el Gobierno del PSOE y el Banco de España. Rajoy nombró a Rato en Caja Madrid, sancionó la gran fusión de cajas controladas por el PP que fue Bankia, empujado por el valenciano Francisco Camps. Y él ha dejado caer a Rato.

Todas las fuentes consultadas tanto en el Gobierno como en el PP coinciden en la misma idea: la crisis ha tenido un nudo y un desenlace totalmente políticos. Tanto, que uno de los momentos clave, la decisión de Rato de dar marcha atrás cuando la fusión con CaixaBank ya estaba prácticamente hecha, tiene una explicación nada técnica, según estas fuentes, sino de pura lucha por el poder.

Algunos en el PP aseguran que Rato no quería compartir el poder con Isidre Fainé, el presidente de La Caixa y Caixabank. El estilo hipercompetitivo del ex vicepresidente reforzaría esta tesis. Pero Rato ha contado otra versión a todas las personas de confianza que le han preguntado en los últimos meses. Les dijo que no era una cuestión personal. Él, del núcleo fundador del PP, pata negra de AP, hombre clave de la derecha española, no podía permitir que el poder del que sería el principal banco de España quedara en manos del nacionalismo catalán, que controla la Generalitat y con ella La Caixa. Bankia era, siempre lo fue, el banco del PP. La fusión lo podía transformar en una entidad controlada por CiU, decía.

Le ofrecieron un poder compartido, y ser el número uno cuando Fainé cumpliera 70 años, pero él insistía en que un protocolo interno de CaixaBank hacía que, pasara lo que pasara, el poder se quedaría siempre en Barcelona.

Precisamente la política, los equilibrios internos dentro del PP, la historia del partido, la importancia de Rato —fue el rival directo de Rajoy para la sucesión de Aznar—, han retrasado una decisión que estaba encima de la mesa del presidente hace al menos dos meses.

Rajoy ha esperado, como es su costumbre, hasta que la decisión parecía inevitable. Luis de Guindos, ministro de Economía, lo veía claro al menos desde marzo, según diversas fuentes del Ejecutivo y del PP. Todos los miembros del Gobierno dedicados, como él, a intentar vender a los inversores extranjeros las bondades de España se encontraban con un mismo problema. Vendían las reformas, los recortes, las opciones de negocio y los inversores les decían: “Todo muy bien ¿Y qué van a hacer con Bankia?”

Rajoy conocía esa presión. Pero Rato insistía en aguantar y seguir en solitario. Se negaba a admitir los problemas. Como prueba, baste recordar lo que pasó hace solo 15 días. El 26 de abril, el consejo de BFA, la matriz de Bankia, lleno de representantes del PP, pero también del PSOE, IU, CCOO y UGT, se reunión en Valencia, en la sede de Bancaja. La cita duró solo hora y media. Rato hizo un discurso tranquilizador, dijo que todo estaba en orden, que las cosas marchaban muy bien. Fue muy optimista, según algunos consejeros. Y nadie, ni los representantes del PSOE o de los sindicatos, hizo ninguna crítica ni se plantearon dudas. 15 días después, el banco va a ser nacionalizado y esos consejeros destituidos.

A pesar de todo, de la prima de riesgo disparada, del hundimiento de los bancos en la Bolsa, sobre todo de Bankia, de las críticas en prensa financiera internacional, de la impaciencia de algunos miembros del Gobierno, Rajoy seguía aguantando. Hasta que llegaron dos elementos clave.

Primero, un demoledor informe del FMI, que tuvo a sus expertos durante un mes en España. Bankia salía muy mal parada y los técnicos recomendaban ayudas públicas para recuperar el sector financiero. Rajoy siempre prometió que no inyectaría dinero público a los bancos. También eso le hacía resistirse: una nueva promesa incumplida, la tónica de sus primeros meses. Pero ese informe fue clave para que rematara su decisión, y para que Rato se viera cada vez más acorralado. Después, llegó otro elemento, aunque en el Gobierno insisten en que es menos relevante que el del FMI: Rajoy se vio el jueves pasado en Barcelona con Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo. Era evidente que la reforma financiera de febrero había sido insuficiente. Draghi quería más. Alguna decisión impactante para recuperar confianza. Y Bankia era y es el eje de todos los problemas.

Un día después, el viernes, comenzó a fraguarse la dimisión de Rato. Se remató durante el fin de semana y se anunció el lunes. Rajoy dejó caer a Rato con un gran coste político interno. Fue el presidente quien le impuso al frente de Caja Madrid en 2009, en una tensa reunión en su despacho de Génova 13 con Esperanza Aguirre, que quería aupar a su mano derecha, Ignacio González. Esto es, Rajoy asume el error de nombrarlo al destituirlo.

Además, Rato no es solo un personaje clave y querido dentro del PP. Es además la imagen del milagro económico, de la buena gestión del PP en el Gobierno de Aznar, esa con la que Rajoy hizo campaña para ganar en 2011. Con él se rompe parte del mito del PP.

La forma en la que se ha gestionado la dimisión, con un clamoroso silencio inicial del Gobierno, rumores, desplome de la bolsa y nuevo estallido de la prima de riesgo, preocupa a muchos en el PP y el Ejecutivo y devuelve al primer plano un gran debate: el error, para muchos, de no tener un vicepresidente económico.

Ese silencio inicial incluyó un detalle que a nadie le se escapa: ningún ministro, hasta que Guindos habló el viernes, salió a defender a Rato. Ni siquiera Rajoy cuando le preguntaron en Oporto. Sólo Dolores de Cospedal, obligada, y Vicente Martínez Pujalte, por voluntad propia, lo hicieron.

El debate sobre la venta de la política económica sigue abierto. Todas las duras decisiones, incluido el banco malo o los copagos farmacéuticos, que va apuntando De Guindos, acaban cumpliéndose, lo que muestra que su poder interno es grande. Pero no es vicepresidente, y eso hace que sus palabras no tengan la misma fuerza, hasta el punto de que ha sido varias veces cuestionado públicamente por miembros del PP.

En el Gobierno hay tres patas económicas: Guindos, Montoro y Álvaro Nadal, jefe de la oficina económica. Si a eso se le suma el Banco de España y el propio Rato, la crisis se ha hecho dificilísima de manejar. Y el estilo de Rajoy, que hace y deshace en la sombra pero rehuye las explicaciones, complica todo. Nadie discute el poder de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, pero no tiene perfil económico. Por eso cada vez más gente ve necesario que en algún momento Rajoy nombre un vicepresidente económico con plenos poderes.

En cualquier caso muchos creen en el PP que la semana empezó mal para el Gobierno pero acaba bien. Rajoy ya ha hecho lo más difícil: echar a Rato y nacionalizar Bankia. Ahora ha demostrado que está dispuesto a cualquier cosa, explican varios miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP. Ese mensaje, confían, tiene que llegar a los mercados. Y si no es así, señalan, el siguiente paso está ya encima de la mesa: la intervención de alguna comunidad autónoma como gesto de fortaleza. Esta semana hay un Consejo de Política Fiscal clave. Como pasó con Bankia, Rajoy resistirá todo lo que pueda. Pero si lo ve inevitable para frenar a los mercados, lo hará.


Así fue la caída del coloso

Posteado por on Domingo, 13 mayo, 2012

A finales de enero, Rodrigo Rato, presidente entonces de Bankia, rompió definitivamente un posible acuerdo de fusión con La Caixa, dirigida por Isidro Fainé. La operación tenía el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (que veía sus réditos políticos con CiU), y del Ministro de Economía, Luis de Guindos, al que le quitaba el mayor quebradero de cabeza.

Rato no vio clara su posición de mando en la fusión pese a supuestas alternancias en el poder porque no estaba claro el control de la asamblea de la entidad catalana, financieramente más fuerte. Fue el primer enfrentamiento de Rato con “su” Gobierno y el comienzo de la caída. Poco tiempo después, el presidente de Bankia presentó al ministerio de Economía un proyecto de fusión con la asturiana Liberbank, que fue rechazado, y otro más adelante con la andaluza Unicaja, que corrió la misma suerte. El Gobierno entendía que la operación con La Caixa tenía más beneficios (compartir la pesada digestión del ladrillo, crear un gran grupo bancario y salvar la falta de capital de Bankia) que costes (cerrar 2.000 oficinas y despedir a 10.000 personas para acabar con los excedentes de las dos entidades. También La Caixa tiene pendiente una reestructuración).

Tres meses después de esta ruptura, Rajoy ha forzado la salida de Rato de la presidencia de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) para sanear la entidad con 4.465 millones de dinero público e intentar recuperar la falta de credibilidad del sistema financiero. El desorden en la salida de Rato, que ha seguido un guión sin precedentes por su desorganización y ausencia del Banco de España, ha levantado inquietud que ha hundido un 15,6% la cotización de Bankia.

El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha terminado de forma abrupta con dos años y cuatro meses de mandato en Bankia, que llegó a ser la tercera más grande de España y que ahora está en manos del Estado por su insolvencia.

Los problemas de Rato comenzaron desde su llegada a Caja Madrid, en enero de 2010. La entidad se encontraba en una situación financiera complicada y con su reputación afectada por las luchas políticas del PP. En 2009 protagonizó uno de los más bochornosos espectáculos de injerencia política descarnada en las cajas de ahorros, por parte del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. La líder del PP madrileño peleó sin tapujos por quitar al presidente, Miguel Blesa, para poner a su número dos, Ignacio González. En el fragor de la batalla, Aguirre llegó a decir aquello de “le hemos dado un puesto más a Izquierda Unida y se lo hemos quitado al hijo puta”, en referencia al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que apoyaba a Rato. Al final, Rato se hizo con el triunfo y fue presentado en sociedad como la despolitización de Caja Madrid, pese a que ambos tienen una larga militancia en el PP.

La tensión política agudizó los problemas que ya tenía la caja: fuerte caída del margen financiero, gran endeudamiento en los mercados internacionales, importante volumen de negocio hipotecario y con inmigrantes y alta financiación a empresas de construcción y promoción. Tiempo después, estos créditos trajeron muchas pérdidas. Caja Madrid había vivido años con el balón de oxígeno del enorme beneficio obtenido con la inversión en Telefónica y luego con la venta de Endesa en la OPA de Enel. También disfrutó de rentables operaciones con Mapfre y los dividendos de sus participaciones industriales.

Además, el negocio en los mercados financieros iba viento en popa. “En aquellos años, las operaciones financieras y de tesorería daban más beneficios que la red de oficinas. En la época de Blesa, a las sucursales se les pedía volumen de negocio. Durante 10 años fue bien, pero cuando llegó la crisis esta estrategia significó morosidad”, dice un veterano ejecutivo de la casa que pide el anonimato.

Los beneficios de Caja Madrid en 2009 cayeron un 68%, hasta 266 millones, por los 500 millones que le obligó a provisionar el Banco de España. El trámite aguó la despedida de Blesa. Pero no solo la cuenta de resultados tenía las luces rojas encendidas. Había otras señales de peligro: en mayo de 2009, Moody’s rebajó la calificación de una emisión de 3.000 millones de las (hoy tan famosas) participaciones preferentes hasta B2. La colocó en bono basura “ante la gran probabilidad de que la entidad no pueda pagar los intereses”.

“Me hubiera gustado seguir”, dijo Blesa en su despedida después de 13 años en el cargo. Blesa, abogado y amigo personal de José María Aznar, llegó a la entidad sin experiencia previa en instituciones financieras y también con polémica política. En 1996, con el PP en el Gobierno y Rodrigo Rato como ministro de Economía, Jaime Terceiro (Pontevedra, 1946), fue desalojado de la presidencia de la entidad, donde había llegado aupado por los socialistas. Bajo el mandato de Terceiro —1988 a 1996— la entidad madrileña se modernizó y elevó su solvencia y rentabilidad. Entonces ganó más dinero que La Caixa, el eterno rival, que invertía en su gigantesco grupo industrial. No obstante, Caja Madrid sufrió la crisis económica de 1993 y 1994 y registró una alta morosidad del 7%. Con el viento a favor de la recuperación económica, Blesa emprendió el crecimiento sano de la caja hasta que en los últimos años de su mandato, en los que el aumento desmedido del tamaño y la burbuja hundieron los ratios.

Esta es la que herencia recibió Rato, que deja otra enormemente complicada a su sucesor. La ventaja es que, por primera vez desde los años ochenta, el presidente de la entidad madrileña, José Ignacio Goirigolzarri (Bilbao, 1957), no tiene relación con el partido que gobierna y cuenta con 30 años de trayectoria profesional. “La novedad es que no le han hecho un favor al que han nombrado, sino al revés. Eso le dará independencia a Goirigolzarri”, dice un ejecutivo.

Nadie cuestiona que Rato llegó cuando el barco estaba en plena tormenta y con agujeros. Los peores, la falta de ingresos, las necesidades de provisiones por el ladrillo y el escaso capital de la entidad. ¿Era consciente de la situación a la que se enfrentaba? ¿Actuó con celeridad? No ha sido fácil encontrar expertos que pudieran opinar sobre la labor de Rato que no hubieran trabajado para Bankia o que no sean competidores suyos. Tomás Eguren, profesor de Finanzas de la Pompeu Fabra y la escuela de negocios EADA, considera que no era difícil saber lo que ocurría en 2010 “porque ya existían informes del FMI y del BCE que permitían entrever” la burbuja inmobiliaria que tenía España. Rato, que procedía del banco de inversión Lazard y el FMI, era considerado un ejecutivo con un alto nivel de información nacional e internacional.

Los hechos demuestran que Rato era consciente de la caía de la economía española y de los problemas de la caja. El primer ejercicio al frente de Caja Madrid, Rato cargó 4.000 millones de saneamientos contra capital, para evitar que se reflejen pérdidas en la cuenta de resultados, con silencio y permiso del Banco de España. Era necesario, pero empezó a volar con plomo en las alas y por ahí, por la falta de capital, ha muerto Bankia. A la vez, el exvicepresidente de Gobierno pacificó el consejo de la caja, gracias a sus dotes personales y políticas, contentando a todos. Blesa se multiplicó por 18 el sueldo de Terceiro y Rato se subió más de un millón el de Blesa. A la vez, disparó sueldos de ejecutivos y duplicó las dietas del consejo.

Pero Rato no hizo lo que hubiera sido clave: nombrar rápidamente un experto como consejero delegado, un bombero capaz de apagar el fuego que ardía en el edificio teniendo en cuenta que él no era especialista financiero. Fuentes de la entidad comentan que habló con Goirigolzarri, pero no logró convencerle para ir de número dos. Otros dicen que las limitaciones salariales frenaron a algunos candidatos. Tardó un año y medio en poner a Francisco Verdú al frente de la organización. Y lo hizo un mes antes de la salida a Bolsa, cuando todo el proyecto (y todos los problemas) ya estaba cocinado. Verdú era vicepresidente no ejecutivo de la Banca March, una entidad veinte veces más pequeña que Bankia.

Además de no contar con un asesor experto, Rato formó lo que se ha conocido internamente como el sanedrín del poder. Estaba formado por José Manuel Fernández Norniella, expresidente de la Cámaras de Comercio y considerado, dicho por el mismo, “el más fiel escudero de Rato”; Luis Maldonado, que estuvo en el ministerio de Economía y en el FMI con el expresidente de Bankia y Miguel Crespo, secretario del consejo, procedente de ING Direct y también excolaborador de Rato en el ministerio. Este centro de poder, donde no había nadie de las entidades originales ni experto financiero, levantó suspicacias en la organización.

Rato tampoco confió mucho en el consejo de administración, como demostró en su salida. Prácticamente todos sus miembros se enteraron por la radio de su dimisión (presentada ante el presidente del Gobierno, no en el Banco de España) y se negó en principio a celebrar un consejo extraordinario, como le pidieron. Luego, los problemas con los 10 millones de clientes aceleraron el recambio. Tampoco explicó nunca al consejo que la auditora Deloitte iba a poner dos salvedades en la auditoría que hacían imposible afrontar un nuevo plan de saneamiento, lo que se convirtió en la espoleta que precipitó su final.

Pero sin duda fue la fusión de Bancaja el error definitivo de Rato y de Bankia. A los seis meses de llegar, anuncia la unión con la entidad valenciana y cinco pequeñas cajas más. Rato se enorgulleció de pilotar “el tercer grupo financiero más grande de España”, que había sobrepasado a La Caixa. Caja Madrid, con sus problemas inmobiliarios se unió a Bancaja “que estaba peor que la CAM”, según algunos analistas, repleta de créditos al ladrillo y de activos adjudicados y no provisionados. Fuentes internas de Bankia dicen que el 65% de la morosidad del grupo procede de Valencia.

¿Por qué hizo Rato este movimiento equivocado? En el entorno del expresidente destacan dos argumentos: el primero que el supervisor obligó a José Luis Olivas, presidente de Bancaja, y a él mismo a llevar adelante la operación “porque lo necesitaba el sistema, que entonces lo único que buscaba era entidades grandes”. El segundo, que los informes del Banco de España no determinaban la gravedad de la situación de Bancaja. Dicen estas fuentes que cuando Rato le transmitió este problema al gobernador, Miguel Fernández Ordóñez, éste le respondió que podía haber profundizado con otros análisis. Lo cierto es que los informes de las Bancaja y Banco de Valencia lo hizo Deloitte, auditor de ambas entidades y Caja Madrid. “Es un error que las valoraciones de la fusión las haga tu propio auditor porque es parte interesada, pero Rato lo aceptó. Luego se quejó y ha encargado un informe a KPMG”, dice un ejecutivo. “Nunca debía haberse fusionado. De dos bancos malos nunca sale uno bueno”, señala Luis Garicano, de la London School of Economics y consejero de Liberbank.

Ahora todo el mundo critica la fusión, pero entonces hubo pocas voces discordantes. “El Gobierno hablaba de brotes verdes; el PIB parecía que podía remontar y el supervisor quería ganar tiempo y creía que la recuperación de otros negocios bancarios podría ayudar a sanear el ladrillo”, explica un consejero. “Los análisis eran exclusivamente políticos”, añade un experto, “por eso se hizo. El PP quería un gran banco y Rato nunca dejó de ser un animal político durante su mandato, como demuestra su continua presencia en actos del partido mientras era presidente de Bankia. Esta operación le encumbraba a él como alternativa de poder frente a Rajoy”. Jordi Palafox, catedrático de la Universidad de Valencia, cree que “desde su nombramiento hasta su dimisión, todo lo que ha hecho Rato ha estado dominado por los tiempos políticos”. Juan Ignacio Crespo, analista y autor del libro Las dos próximas recesiones, no elude la responsabilidad de Rato, pero recuerda que entonces las Comunidades Autónomas “eran un poder absoluto y nadie quería hablar de necesidad de provisiones en la banca”.

Mientras, los problemas crecían en Bankia. En marzo de 2011 pidió 4.465 millones al fondo de rescate (FROB) y se inicia el recorte de gastos en oficinas y plantilla. Luego surge la posible quiebra del Banco de Valencia, que se tapa para lograr el éxito de la salida a Bolsa de Bankia. Está considerada el tercer gran error de Rato. En su entorno se dice que fue una operación obligada por la reforma financiera socialista, que exigía menos capital a las cotizadas. Sin embargo, en el libro Rodrigo Rato, el gran artífice, escrito por la periodista de La Razón, Carmen Gurruchaga y basado en “sinceras” conversaciones entre ambos, se cuenta otra teoría. Rato estaba convencido de que Zapatero quería perjudicarle por ser del PP “y reúne a su comité de dirección y le informa de que no va a esperar a las exigencias del Gobierno y que ha optado por ser independiente saliendo a Bolsa, aunque lo tenía previsto para más tarde. Rato se la jugaba porque la entidad estaba todavía en proceso de fusión”, se dice en el libro.

Se la jugó y perdió. El estreno bursátil de Bankia fue forzado y ruinoso económicamente. Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y autor del libro Los errores de las cajas, dice: “El Gobierno presionó a los pesos pesados de la economía para que compraran títulos de Bankia para evitar un fracaso para la imagen exterior de España. Y lo hicieron”.

Tras la salida a Bolsa llegó la intervención de su antigua filial, el Banco de Valencia, y el consiguiente enfrentamiento con su presidente, Olivas. En libro de Gurruchaga se dice que no se conocieron los problemas del Banco de Valencia hasta un mes antes de su intervención. Sin embargo, en prensa habían aparecido informaciones sobre los problemas de capital y era un secreto a voces. El Banco de España le permitió algo nunca visto: que un banco filial quiebre y la matriz no lo rescate y lo pase al Fondo de Garantía.

Arrancó 2012 con problemas para Rato; la negativa a fusionarse con La Caixa, las nuevas provisiones que agobiaron más, la crisis y, por fin, su dimisión forzada y la nacionalización. En su despedida ante el consejo, Rato destacó el fuerte recorte de gastos realizado, más de 550 millones, que nadie discute como uno de sus mayores logros. Pero no fue suficiente. El barco tenía demasiados agujeros y el armador quería otro patrón. Quien pone, quita. Así ha sido siempre en las cajas, para su desgracia. Además, nadie puede dirigir un banco contra el Gobierno. “Todos los dirigentes financieros que han llevado a las cajas a la situación en la que están deben asumir sus responsabilidades”, dijo Rato tras expulsar a Olivas de Bankia. Ahora algunos se acuerdan ahora de esta frase.


El FMI aplaude las medidas “para fortalecer” la banca

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha manifestado su apoyo a las medidas opara el sector bancario aprobadas hoy por el Gobierno de España. En un comunicado ha señalado que quería mostrar su “profunda satisfacción por el amplio conjunto de medidas anunciadas por las autoridades españolas”. Estas medidas, señala Lagarde, “ofrecen una respuesta eficaz a las vulnerabilidades del sistema bancario, a la vez que en forma adecuada proporcionan una mayor transparencia y diferencian las necesidades de las distintas instituciones financieras”.

El espaldarazo del FMI es rotundo, ya que señala que, además del fondo de las medidas, apoyan “el enfoque adoptado por las autoridades de elevar considerablemente las provisiones como mecanismo de protección ante posibles pérdidas futuras, de brindar respaldo gubernamental a aquellas instituciones que necesiten más tiempo, de reestructurar y resolver los bancos con participación del Estado, y de implementar un examen de diagnóstico independiente de los activos de todos los bancos para definir adecuadamente futuros pasos”.

“Estas medidas, que son coherentes con las recomendaciones formuladas por la misión del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), que visitó Madrid recientemente, son congruentes con las mejores prácticas internacionales y ponen de manifiesto la determinación de las autoridades de garantizar la estabilidad del sistema bancario”, señala la directora general del FMI, que cree que el plan responderá a los objetivos que ha dicho perseguir el Ejecutivo español. “La aplicación integral de estas medidas ayudará a reforzar la confianza y respaldará la reactivación del crecimiento de la economía”, termina señalando el comunicado.


Miles de millones en ayudas públicas que “no son ayuda pública”

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

El Gobierno ha elevado el listón de las provisiones en los créditos a las promociones inmobiliarias. Y da por hecho que habrá varias entidades cuyas cuentas de resultados no darán para cubrir esas nuevas exigencias. Y aquí, como ya ha ocurrido en fases anteriores de la reforma financiera, volverá a acudir el Estado en su auxilio. “Nuestro cálculo es que será bastante menos de 15.000 millones de euros que inyectó el FROB en la primera ronda de ayudas”, aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien rechazó una y otra vez que se califique de públicas estas ayudas. Usó argumentos similares a los que ya utilizó el Gobierno anterior, los mismos que esgrime el PSOE para mantener su apoyo a la reforma.

“No es ayuda pública”, afirmó Guindos, quien recalcó que las inyecciones, mediante bonos convertibles en acciones, son préstamos que los bancos deben devolver y por los que pagan un interés. Y reforzó su tesis al recordar que la nueva reforma acorta los plazos —cinco años para devolver el préstamo, cuando antes podía estirarse hasta siete años—, y encarece el tipo de interés —del 8% al 10%—, respecto a anteriores inyecciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

“Esto no cuesta un euro a los contribuyentes españoles. No hay coste. Hay una disponibilidad de recursos que se pagan a un tipo de interés muy superior a los que fija el mercado, el doble de lo que le cuesta al Tesoro colocar deuda a esos plazos, y que se reembolsan al Estado”, defendió Guindos. Con su referencia a la a “disponibilidad de recusos”, el ministro de Economía evidencia que, al priorizar la reforma financiera, el Gobierno elige destinar dinero público a asegurar la solvencia de los bancos, y no a otros fines.

La propia Asociación Española de la Banca, además, acude a la calificación de ayudas públicas, precisamente al referirse al hecho de que tratarán de no recurrir ellas. En un comunicado, la AEB ha señalado que el sector “va a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir los nuevos y extraordinarios requerimientos acordados por el Gobierno. En este sentido quieren subrayar que, una vez más, se proponen hacerlo sin solicitar ayudas públicas, de forma que no se perjudique al contribuyente”.

Algunas cuestiones más avalan la calificación de ayuda pública. Muchas de esas entidades no podrían ahora acceder a préstamos similares (incluso pagando el 10% de intereses) en el mercado privado. Y las nuevas aportaciones que se prevén ahora en la reforma financiera deben pasar todavía el examen de la Comisión Europea como ayudas de Estado autorizadas. Además, el FROB se nutre básicamente de recursos logrados a través de emisiones de deuda pública. Tiene disponibles 5.000 millones de euros que ya engrosaron el nivel de deuda pública y en febrero se autorizaron otros 6.000 millones, también a cargo de emisiones del Tesoro. Un aumento de deuda pública ya incluida en las previsiones presupuestarias de 2012, ejercicio en el que la deuda pública española alcanzará el 80%.

El planteamiento de Guindos parte de la premisa de que las entidades podrán devolver esos préstamos al 10%. Si eso no ocurre, los préstamos se convertirían en acciones y el Estado pasaría a controlar una parte sustancial del capital de los bancos, que acabarían así nacionalizados. Es algo muy similar a lo que acaba de ocurrir con Bankia y su matriz BFA, donde la conversión de participaciones preferentes en acciones ha dado al Estado el control del 100% de BFA y del 48% de Bankia.

Aún en ese supuesto, Guindos mantuvo que “tampoco hay un coste explícito para los contribuyentes”. “Los poderes públicos controla una participación de una institución que tiene un valor muy positivo. Cuando sea conveniente, se privatizará, y estoy convencido de que eso generará recursos para las arcas públicas”, añadió el ministro.

El Gobierno insiste en que sólo anotará la ayuda a Bankia, unos 4.500 millones, como déficit si en la futura “privatización” de la participación pública el precio de venta está por debajo de lo inyectado. Siguiendo su propio criterio, también debería hacerlo si asume que esas acciones pierden valor, aún sin sacarlas a la venta, como consecuencia de la actividad de la entidad. Es lo que ocurrió con la participación en Unnim, cuyo deterioro llevó al Gobierno a anotar una provisión (aumentó el gasto público y el déficit) de 594 millones en 2011. El Ejecutivo traspasó esa pérdida al Fondo de Garantía de Depósitos (dotado por la banca) en abril, lo que se traducirá en un aumento de ingresos públicos este año y contrarrestaría el aumento del déficit de 2011. Pero no está nada claro que pueda repetir esa operación, dada la escasez de recursos, poco más de 2.000 millones, con los que cuenta el fondo de la banca.


JP Morgan admite un error que generó pérdidas de 1.500 millones

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan Chase, también comete errores. Y el último fue, según sus propias palabras, “mayúsculo”. El mayor grupo financiero por volumen de activos en Estados Unidos admitió el jueves que durante las últimas seis semanas acumuló pérdidas de 2.000 millones de dólares (1.500 millones de euros) por su apuestas equivocadas en una cartera con derivados. Y el agujero puede ser aún mayor si se le suman otros 1.000 millones que calcula tendrá si continúa la volatilidad en el mercado.

Dimon no se corta al calificar a su banco como “la fortaleza”. Y eso fue lo que durante la crisis financiera le permitió atraer el dinero que buscaba puerto seguro en pleno caos. Además, era hasta ahora el ejecutivo más crítico con algunas disposiciones de la reforma financiera y criticó el persistente ataque del presidente Barack Obama a Wall Street. El último episodio, sin embargo, va a poner todos sus argumentos en cuestión.

El reputado banquero lo admitió en una inusual conferencia telefónica con analistas financieros para explicar lo sucedido. El error, que achacó a un agente bursátil apodado la ballena de Londres, lo calificó de “mayúsculo” y dijo que es “una vergüenza” para la entidad. Los títulos de JP Morgan Chase caían un 8,5% en la apertura de la sesión del viernes y arrastraron a otras entidades, por el temor de que otros bancos tengan el mismo problema.

La presidenta del regulador del mercado de valores, Mary Schapiro, dijo que es “prematuro” valorar lo sucedido en JP Morgan Chase y que antes deben examinarlo. El momento en el que Dimon anuncia las pérdidas, en todo caso, no puede ser peor. Los títulos de las grandes compañías financiera sufren por las turbulencias en los mercados por la crisis de la deuda soberana en Europa. Y, en paralelo, se dan las últimas pinceladas en EE UU a la normativa para limitar las operaciones con recursos propios de los bancos. Una medida que meterá más presión a la industria y que dañará su rentabilidad.

El caso vuelve a poner en evidencia la poca visibilidad y la complejidad que tienen ciertas operaciones de inversión de los bancos. Y eso hace muy difícil predecir su comportamiento. También cuestiona la validez de las pruebas de resistencia que se hacen en EE UU y en Europa a los grandes grupos financieros. Pero en el caso de JP Morgan Chase estas pérdidas no suponen un riesgo mayor para las finanzas de la entidad.

El ejecutivo de JP Morgan dejó claro que no cree tampoco que la operación vaya contra la controvertida regla Volcker, que restringe las actividades de riesgo con recursos propios de la entidad. “No la viola, pero sí viola el principio Dimon”. En esencia, la estrategia de inversión fallida pretendía mitigar el riesgo de una cartera con derivados. Pero como señaló, se les fue de las manos mientras los fondos de alto riesgo jugaban a la contra. “Es una vergüenza para nosotros”, dijo Dimon, y acto seguido pidió perdón.

“Es bastante sorprendente que una compañía que presume de sus sistemas de gestión del riesgo y la fortaleza de su balance admita un error como este”, apunta Todd Hagerman, analista de Sterne Agee, a la agencia Reuters. La semana pasada Dimon y los otros grandes banqueros de Wall Street se reunieron en la Reserva Federal para hablar de cómo los reguladores llevan a cabo las pruebas de resistencia a la banca para asegurarse de que las entidades tienen suficiente capital para soportar eventuales pérdidas. Los banqueros criticaron las restricciones de las operaciones en los mercados financieros.


El Ejecutivo endurece las penas de cárcel para los defraudadores

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal para reforzar la lucha contra el fraude y endurecer las penas contra los evasores con el paro, con la Seguridad Social o en materia tributaria. “Se agravan algunas de las figuras del delito fiscal y un incremento de la pena hasta seis años”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria.

Para ello, el Gobierno eleva de cinco a diez años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, según ha publicado hoy Expansión. Asimismo, eleva las penas de cárcel. Hasta el momento la ley establece prisión de uno a cinco años para importes defraudados superiores a 120.000 euros. Pero el Gobierno prevé elevar estas penas de prisión a seis años al incluir un tipo agravado del delito actual.

El Gobierno también “mejora la regulación de los delitos contra los derechos de los trabajadores”, ha asegurado la vicepresidenta. Ha reducido el importe del tipo delictivo contra la Seguridad Social de 120.000 euros a 50.000 euros. De esta forma se rebaja el umbral de lo que constituye delito.

Esta reforma del Código Penal se suma a los anteproyectos de lucha contra el fraude que han presentado los ministerios de Hacienda y Empleo.

El anteproyecto de lucha contra el fraude fiscal permite a Hacienda adoptar medidas cautelares para evitar que los defraudadores que no pague a Hacienda se declaren en insolvencia o traten de llevar a cabo un alzamiento de bienes con vistas a eludir su responsabilidad con la Agencia Tributaria y la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Según explican en el Gobierno, en la actualidad hay expedientes abiertos en los tribunales por importe de 6.000 millones de euros. Por eso, se prevé la posibilidad de realizar embargos preventivos sobre los supuestos defraudadores y todas rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último ejercicio fiscal de entre los no prescritos.

Con esta normativa, el Ejecutivo refuerza la función del inspector de Hacienda al establecer sanciones de entre 1.000 a 100.000 euros para los particulares que traten de “obstaculizar, frenar o negarse a inspección”. En el caso de las empresas, el rango se amplía a entre 3.000 y 600.000 euros. Con el plan de lucha contra el fraude el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones que servirán para reducir el déficit público.

Otras de las medidas que incluye el plan de lucha contra el fraude fiscal consiste en la prohibición de operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para empresarios y autónomos y la obligación de declarar las cuentas bancarias abiertas en el extranjero. Para los turistas, sin embargo, se establece un mínimo más alto en 15.000 euros.

Además, el plan irá acompañado de la primera amnistía fiscal aprobada en España desde comienzos de los años noventa. Los defraudadores que saquen a la luz su dinero negro podrán hacerlo pagando como sanción un 10% de lo regularizado. El Gobierno está ultimando el modelo de declaración. Expertos fiscales aseguran que están recibiendo multitud de consultas dirigidas fundamentalmente a cómo podrá regularizarse el dinero en efectivo y qué garantías jurídicas establecerá Hacienda para evitar persecuciones y sanciones posteriores. La reforma del Código Penal incluye medidas para blindar a los evasores que regularicen su situación con la amnistía fiscal.

Además, el Gobierno modifica el Código Penal para poder castigar a los cargos públicos que “oculten, manipulen o falseen las cuentas públicas”. Para ello se tipifica este comportamiento como delito penal y se fija una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de hasta diez años.


Las rentas por venta de viviendas estarán exentas al 50% este año

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

Es ya una tradición que los Gobiernos anuncien su intención de impulsar el raquítico mercado del alquiler en España, tradición que no piensa romper el equipo de Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros ha examinado en primera lectura un anteproyecto de ley que trata de flexibilizar y agilizar el arrendamiento de viviendas, que en España tan solo usa el 17% de la población.

Pero la mayor novedad para el sector inmobiliario viene desde el lado fiscal: a partir de hoy mismo y hasta finales de año las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos estarán exentas en un 50% de pagar impuestos. Esta medida, que trata de dinamizar el sector inmobiliario, se aplicará, siempre que no haya vinculación entre las partes, en el IRPF, el impuesto sobre la renta de los no residentes y el de sociedades.

El anteproyecto de ley que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil trata de liberalizar las relaciones entre propietario e inquilino. Si hasta ahora los contratos establecían una estancia de cinco años, este plazo se reduce ahora a tres. Y si la prórroga tácita está ahora en tres años, con la nueva ley será de uno. Con independencia de estos plazos, el arrendatario siempre podrá cancelar el contrato cuando avise con un mes de antelación. Así, se pasa de un plazo estándar de ocho años a cuatro.

Otra de las novedades es que el IPC ya no será la referencia única para actualizar la renta que se paga por el piso. El Gobierno apuesta por la liberalización de las relaciones entre arrendador y arrendatario, y por lo tanto deja a las partes que elijan cómo se actualizan las rentas.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado también la que considera la medida estrella: la posibilidad de que el propietario pueda recuperar la vivienda con un aviso de un mes de antelación siempre que la vaya a destinar a residencia habitual para sí mismo o para familiares de primer grado o cónyuges. Ya no habrá que pactar esta decisión, como ocurría hasta ahora, con el inquilino. La nueva norma agilizará además el proceso de desahucio. La idea del Gobierno es dar más seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas.

El Gobierno usará la política fiscal para fomentar la salida al alquiler de los tres millones de viviendas vacías que hay en España. Entre otras medidas, Pastor ha anunciado exenciones del 70% en la tributación del IRPF para propietarios no residentes que pongan sus pisos en alquiler y de hasta el 100% si estos residen en la UE y nos son mayores de 30 años.

Además, se atiende una de las reclamaciones tradicionales del sector al favorecer la regulación de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis), entidades dedicadas a la gestión de carteras de viviendas en alquiler.


El Gobierno aprueba una limpieza de 28.000 millones en el ladrillo

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la segunda reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy en poco más de tres meses. Mientras que el decreto de febrero se centró en provisionar los activos del sector del ladrillo declarados problemáticos, en esta el foco se pone en el crédito teóricamente sano, para el que se exigen también fuertes provisiones. Las entidades que no puedan afrontar ese saneamiento podrán recibir dinero público al 10%. Además, se obliga a que los bancos aporten antes de fin de año los inmuebles que se han quedado por el impago de créditos a sociedades anónimas y tras una tasación independiente. El Gobierno ha decidido también encargar a dos entidades independientes que valoren toda la cartera de los bancos, en respuesta a las dudas internacionales sobre las cuentas de la banca española. Esas entidades aún no están decididas, según Guindos, aunque Blackrock suena como una de ellas.

La reforma ha sido pésimamente recibida por los mercados en primera instancia. Desde que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha empezado a exponerla, la Bolsa se ha desplomado hasta pérdidas superiores al 3% y la prima de riesgo se ha disparado, con la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 6%. Para los bancos la reforma tendrá un fuerte impacto en su cuenta de resultados, pero la cantidad de dinero público que como máximo se prevé inyectar en el sector (15.000 millones) parece insuficiente a la mayoría de los expertos.

“Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil”, ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque a los bancos les cuesta financiarse y se corta el crédito a la economía. Guindos pretende la “ausencia total de dudas” sobre el sector. Para ello se ha aprobado esa tasación independiente y la nueva reforma financiera a través de un decreto ley. Como en la reforma de febrero, Guindos ha prometido que se producirá la “venta de viviendas a precios reducidos”.

Tras barajar diversas alternativas, Economía ha decidido exigir a los bancos provisiones sobre el crédito promotor teóricamente sano o normal (que no es dudoso ni subestándar). La reforma de febrero afectó sobre todo a los activos tóxicos del ladrillo y solo parcialmente a la cartera que en teoría no era problemática. En su nueva norma, aunque inicialmente barajó una cobertura única para todo el crédito promotor, finalmente se ha decidido por exigir diferentes niveles de provisiones (el colchón con el que los bancos se protegen de las pérdidas) dependiendo del activo que haya como garantía.

Se incrementa del 7% al 30% de media la cobertura de los créditos sanos, según ha anunciado Luis de Guindos, en lo que supone un saneamiento que el ministro ha cifrado en 28.000 millones de euros. La reforma exige provisiones del 45% para el crédito promotor sin garantía hipotecaria o con suelo como garantía; del 22% para el que tiene como garantía promociones sin terminar y del 7% para las promociones terminadas, según ha señalado el ministro. Eso se sumaría al 7% exigido ya con carácter general para todo el crédito promotor sano en la reforma de febrero. Con ello, las provisiones serían de hasta el 52% para créditos al corriente de pago.

El Gobierno dará un mes de plazo para presentar un plan en que se detallen las medidas que van a tomar las entidades para cumplir con el decreto. Cuando del plan resulte que las entidades incurrirán en un déficit de capital principal, también deberán detallarse medidas para solucionarlo en un plazo máximo de cinco meses, según ha confirmado Guindos.

El plan deberá ser aprobado por el Banco de España en un plazo de 15 días y se podrá solicitar dinero público para cumplirlo sin necesidad de una fusión. Las ayudas públicas se darán a las entidades prioritariamente mediante la forma de bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos, en el argot financiero). Estos bonos funcionan como un préstamo retribuido a tipos de interés del 10%, según ha anunciado la vicepresidenta el Gobierno, pero se convierten en acciones en caso de dificultades. Son muy similares a las participaciones preferentes convertibles como las que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, ha solicitado que se conviertan en capital en lo que supondrá su nacionalización.

Guindos rechaza que esa ayuda pública sea una ayuda pública por ese tipo de interés próximo al 10%, que es el doble de lo que el Tesoro paga para financiarse a largo plazo. El dinero deberá reembolsarse a un plazo de cinco años. Guindos ha señalado que además de la fórmula de los cocos, cabe la opción de que las ayudas públicas se instrumenten mediante acciones. El Gobierno ha calculado que la cantidad de dinero público a inyectar con estas ayudas no supere los 15.000 millones de euros.

Además, en una disposición final, el Gobierno ha decidido ampliar en un mes el plazo para que las entidades presenten proyectos de fusión ante el Ministerio de Economía para beneficiarse de unas mejores condiciones con que hacer el saneamiento. ese plazo acabará ahora el 30 de junio.

Creación de inmobiliarias ‘malas’

Con la refroma se obliga a que los bancos aporten  a unas soceidades antes de fin de año los inmuebles que se han quedado por el impago de créditos a sociedades anónimas y tras una tasación independiente. El borrador del Gobierno prevé imponer a esas inmobiliarias, una especie de bancos malos o de inmobiliarias malas, la obligación de vender anualmente un 5% de sus activos. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, había confirmado esta mañana que se exigirán provisiones adicionales al sector y que se crearán varios vehículos para dar salida a los activos tóxicos.

La transferencia de los inmuebles “será obligatoria para todas las entidades”, ha subrayado Luis de Guindos. Muchos bancos ya tienen en realidad sociedades que son las que gestionan sus activos inmobiliarios. Ahora, las transferencias de activos se realizarán al valor contable minorado por las provisiones o coberturas constituidas. Pero no se obliga a que entren inversores privados, con lo que en la práctica no tiene por qué cambiar nada para las grandes entidades. Guindos solo dice que sería “deseable”. En algunos borradores se contemplaba que Economía pueda establecer instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital en dichas sociedades.

Con las provisiones sobre créditos sanos se trata de combatir la morosidad oculta de que alertó el FMI recientemente, aunque esa advertencia pasó inicialmente inadvertida porque Economía suavizó el mensaje del organismo en la traducción española de las conclusiones preliminares del informe. Y se trata también de intentar vencer la desconfianza que se ha instalado en los mercados hacia la banca española.

Los bancos y cajas de ahorros tienen algo más de 300.000 millones de euros en crédito promotor y activos inmobiliarios adjudicados por el impago de deudas. De esa cifra, el Banco de España tenía clasificados como problemáticos  a cierre de 2011 unos 184.000 millones de euros, bien por ser créditos morosos, subestándar (en riesgo de impago) o inmuebles que se ha quedado la banca por impago de los créditos que dio para financiar su compra.

Pero las nuevas exigencias se centran en el crédito sano, que sumaba a cierre de 2011 los restantes 120.000 millones de euros, si bien la cifra se ha ido reduciendo en el arranque de este año.Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor teóricamente sano en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones) y el Banco Santander (con 12.800 millones). En proporción a su tamaño, tomando como referencia el volumen de la inversión crediticia en España, las entidades con mayor crédito promotor en situación normal son algunas de las que ya han sido absorbidas.

Guindos ha dicho que “el prestigio del Banco de España se va a recuperar seguro”, dando por hecho que se ha perdido al menos en parte. Pero no cree que el encargo a firmas independientes para que valoren los activos de la banca sea una desautorización a la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.


Tres años, cuatro reformas y varios cadáveres por el camino

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

“El sector se sitúa en una buena posición de partida, y además el Banco de España cuenta con la capacidad y tradición de saber resolver las situaciones más complejas sin traumas para los ahorradores, ni para la economía en su conjunto”. Era octubre de 2008, ya había caído la gran banca americana y Reino Unido, Alemania o Bélgica habían tenido ya que intervenir, rescatar o inyecaor dinero público a sus principales bancos. Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, explicaba en una conferencia en Barcelona las virtudes del sistema financiero español, aunque también advertía que estaban llegando “unas mayores necesidades de saneamientos crediticios que han de pasar por las cuentas de resultados, siendo éste el tercer factor por el que los beneficios se verán presionados a la baja en el sector bancario”.

Las autopsias de la economía son más sencillas que los diagnósticos. Los análisis resultan más certeros sobre el pasado que sobre el futuro. Pero más de tres años después, el gran pero del análisis aparece al final de aquel discurso del gobernador: “Estoy convencido de que nuestras entidades, que supieron gestionar la expansión, sabrán también adoptar las medidas de gestión y las estrategias adecuadas que les permitan afrontar esas dificultades con éxito”.

Porque no supieron. El Gobierno del PSOE tampoco: hizo corto en cada uno de los decretos, a medida que aquel “sólido” sistema financiero español se presentaba más endeble. Y el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha fallado a la primera, su gran reforma financiera ha quedado pequeña en apenas tres meses.

Han tenido que ser los inversores internacionales, por una parte, y Bruselas y el Fondo Monetario internacional (FMI), por otro los que hayan encendido las alarmas. Hoy se ha aprobado otra normativa: crea una sociedad inmobiliaria (o banco malo, según la jerga del sector) que agrupe los activos inmobiliarios tóxicos, una opción descartada hasta ahora. Cuatro días antes, la crisis bancaria española conoció su último cadáver: la nacionalización de Bankia.

 España ha aprobado cuatro reformas financieras en tres años. Ha vivido dos olas de fusiones y va por la tercera. Se ha acabado el tiempo de los ensayos.

JUNIO DE 2009

Nace el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) y las primeras fusiones frías

El Gobierno aprueba este fondo dotado de 9.000 millones para sanear las cuentas de las entidades más empachadas de activos inmobiliarios de dudoso cobro y ayudar a financiar una ola de fusiones que lograse entidades más fuertes ante la crisis. El FROB, pilotado por el Banco de España pero controlado por el Gobierno y el Congreso, entregaba recursos a cambio de participaciones preferentes (como las que ahora Bankia ha convertido en capital) a devolver en cinco años. Siete grupos de cajas fusionadas piden ayudas en esta primera fase, con Bankia (4.465 millones) y CatalunyaCaixa (1.250 millones) a la cabeza.

Más de una treintena de cajas se involucraron en hasta una docena de operaciones de fusión, una primera ola de concentraciones que redujo el número de cajas de ahorros de 45 a 22. Se dice, o se escribe, rápido. Pero en aquel momento era tal la resistencia que presentaban la cajas -con una gestión muy politizada- a perder su independencia que se buscó una manera de convencerlas de que no perderían su poder o arraigo al territorio. Es entonces cuando se habla de aquellas fusiones frías o virtuales o, técnicamente, Sistemas Institucionales del Protección (SIP): mantienen elementos sensibles que dificultaban las alianzas (los consejos de administración, la obra social y las oficinas con la marca comercial), pero se une en un banco el corazón del negocio (los riesgos y al menos el 40% de los beneficios), con un compromiso de permanencia mínimo de 10 años. El Banco de España buscaba que fueron los más irreversible posible y, de hecho, el modelo ha quedado totalmente superado por la realidad. Significó un punto de inflexión en la historia de las cajas de ahorros, la bancarización de las cajas, la privatización de su negocio.

FEBRERO DE 2011

Hace falta más capital

El Gobierno aprueba un decreto que eleva las necesidades de capital (por un máximo de 20.000 millones, según sostiene el Gobierno en ese momento) para todas las entidades que superan el 20% de su financiación en el mercado y no hayan sacado al menos un 20% de sus títulos entre inversores privados. El sector debe alcanzar en otoño un nivel de capital del 8%, aunque se eleva al 10% para las entidades (del 10% España se está anticipando. España se está anticipando a la normativa internacional de Basilea III, que est6ablece estos requisitos, debido a las presiones de los mercados, ya muy recelosos de la salud financiera española y de que aquella primera reforma hubiese surtido efecto.

Las exigencias entraban en vigor en marzo y las entidades que no cumplían tenían dos semanas para presentar al Banco de España un plan de capitalización: o lograban socios inversores o debían salir a bolsa. Y entonces, el sector asistió a otros giro histórico: cajas de ahorros saliendo a Bolsa (en realidad, los bancos que agrupaban su negocios). En julio, Bankia y Banca Cívica debutan en el parqué, un en entorno financiero tremendamente hostil, pero la primera ha acabado nacionalizada esta semana y la segundo fue absorbida por Caixabank (La Caixa) en marzo.  Es fruto de este proceso cuando se produce una segunda ola de fusiones y la intervención o nacionalización de la CAM (que acaba en manos del Banco Sabadell), Unnim (ahora absorbida por BBVA) y Catalunyacaixa y Novacaixa Galicia, en proceso de subasta. Estos tres grupos toman 4.700 millones del FROB, que se hace con el control de las entidades. El número de cajas se reduce ya a nueve y es una incógnita el futuro de Bankia.

FEBRERO 2012

La reforma del PP

El del nuevo Gobierno exigía unas provisiones adicionales de 50.000 millones teóricos para sanear la cartera de activos inmobiliarios tóxicos (el Banco de España calcula que el sector acumula 184.000 millones en estos activos).  Es la cifra resultante de elevar hasta el 80%, el porcentaje de crédito de suelo cubiertos ante un posible impago, hasta el 65% los de viviendas por terminar y el 35% para las finalizadas. El Ejecutivo, que daba de plazo hasta el final de este año, buscaba acelerar los procesos de fusión.

Varios bancos de inversión y firmas de análisis calculan de esos 50.000 millones son una cifra corta. Además, parte de este montante ya se había provisionado bajo otros epígrafes. También reforzó el FROB los 9.000 a los 15.000 millones y acotó a 600.000 euros el sueldo máximo de los directivos de entidades que habían recibido ayudas y en 300.000 de los aquellos grupos controlados por el FROB.


Dos valoradoras tasarán toda la cartera de créditos de la banca

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

El Gobierno ha anunciado hoy que encargará a dos valoradoras independientes y externas la tasación de toda la cartera de créditos de la banca con vistas a atajar las crecientes dudas sobre el sector financiero español, según ha anunciado hoy la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta medida, el Ejecutivo responde a la petición lanzada desde sus socios europeos, que tras la nacionalización de Bankia han instado al Gabinete de Mariano Rajoy a aumentar la transparencia sobre la situación real de las entidades y su exposición al ladrillo.

Este ejercicio de realismo contable, ha defendido el ministro de Economía, Luis de Guindos, es “fundamental” para devolver la “certidumbre” sobre los balances bancarios. Según ha destacado antes de señalar que el objetivo de la medida es alcanzar una “transparencia absoluta”, sin confianza en el sector financiero, no habrá forma de superar la crisis. Según fuentes financieras, las firmas que se barajan para llevar a cabo la evaluación son dos sociedades internacionales de prestigio: el banco de inversión Blackrock y la consultora Oliver Wyman.

No obstante, el ministro ha asegurado que aún no decidido cuáles serán. Eso sí, ha garantizado que no deberán tener ningún tipo de conflicto de intereses, como sería el caso de una firma internacional con muchos clientes en España, y que deberán tener capacidad para concluir el proceso en “tres o cuatro meses”. A lo largo del mismo, según ha añadido el ministro, contarán con la colaboración del Banco de España, que es quien en realidad ostenta las competencias sobre la supervisión y, más importante, la inspección del sector.

Según explica la analista de IG Markets Soledad Pellón, la clave de estas valoraciones estará en concretar “qué bancos necesitarán dinero público y por qué cuantía”. Sin embargo, el análisis, teniendo en cuenta los plazos que maneja el Gobierno de que esté concluido a finales de verano, llegará demasiado tarde para poder contrastarlo con los planes de saneamiento de las entidades, que tienen hasta el 11 de junio para presentarlos ante el Banco de España. El organismo, por su parte, debe concluirá la valoración de estas cuentas en 15 días.

Atentos a la cartera inmobiliaria

Aunque el análisis abarca a toda la cartera de activos, serán las conclusiones sobre el crédito inmobiliario las que centren la mayor expectación, ya que es aquí donde se concentra el principal problema del sector. Según las cifras aportadas por las propias entidades, el sistema financiero español acumula 184.000 millones en activos tóxicos frente a una cartera total de créditos al sector inmobiliario de más de 300.000 millones. Del total, más de 100.000 (entre impagados y los que están en riesgo de acabar como morosos) son créditos problemáticos y unos 85.000 millones son pisos, oficinas, solares, promociones y otros activos recibidos por impago de deudas.

El futuro de estos inmuebles, que en términos bancarios se denominan activos adjudicados, será acabar en sociedades no financieras de nueva creación antes de fin de año, tal y como consta en el decreto sobre la reforma financiera aprobado hoy. No obstante, muchas entidades ya tienen en realidad filiales a través de las que gestionan sus activos inmobiliarios. De hecho, los problemas económicos que han sufrido los promotores y constructores por culpa de la crisis del ladrillo y el incremento de las familias que no pueden pagar sus hipotecas tras quedarse en paro han convertido a los bancos y cajas en las principales inmobiliarias del país, aunque ese, obviamente, no es su negocio.

Por otra parte, para hacer frente a los créditos con problemas, el Gobierno aprobó en febrero un decreto que obligaba al sector a sanear 54.000 millones y ahora ha dado una nueva vuelta de tuerca a la banca. Con la reforma que hoy empieza a andar, espera reforzar la cobertura del conjunto de su cartera inmobiliaria entre 28.000 y 30.000 millones por si la situación sigue deteriorándose en el futuro, según cálculos del Gobierno.


Bankia será la que necesite más provisiones con el nuevo decreto

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

La segunda reforma financiera del Gobierno en poco más de tres meses tendrá un fuerte impacto en la cuenta de resultados de la mayoría de bancos y cajas. La reforma exige que se provisione el crédito promotor teóricamente sano, con coberturas que van desde el 10% para los préstamos que financian promociones terminadas hasta el 40% para los créditos promotores sin garantía hipotecaria o que tengan como garantía el suelo, pasando por un 20% para las promociones en curso. A esas cifras se suma un 7% que ya se exigía en la reforma de febrero, que ha fracasado en su intento de devolver la confianza internacional en el sistema financiero español.

Las nuevas coberturas serán, por tanto, de hasta el 47% para parte del crédito que antes se consideraba sano. Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor teóricamente sano en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones) y el Banco Santander (con 12.800 millones).

La entidad presidida desde esta semana por José Ignacio Goirigolzarri ya era la que tenía un mayor volumen de activos tóxicos del ladrillo, pero también era la que tenía más créditos considerados teóricamente sanos, que ahora deberá provisionar. Esas nuevas necesidades obligarán al Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, a solicitar más ayudas públicas para mantener su solvencia.

En el caso del crédito teóricamente sano, además, el problema no está en la matriz, que actuaba como banco malo, sino en la propia Bankia, cotizada en Bolsa. Con Rodrigo Rato como presidente, los planes de la entidad pasaban por recapitalizarse con la conversión de preferentes en acciones.

Esfuerzo menor

Aunque La Caixa y Banco Santander son las dos entidades con más crédito promotor teóricamente sano, en proporción a su volumen el esfuerzo es mucho menor que en el caso de BFA-Bankia.

En proporción a su tamaño, tomando como referencia el volumen de la inversión crediticia en España, las entidades con mayor crédito promotor en situación normal son algunas de las que ya han sido absorbidas o nacionalizadas. Con cifras de cierre de 2011, en este grupo se encuentran Caja Duero-España, Caja 3, Banco CAM o NCG Banco.

Entre los bancos, los que tenían a cierre de año un mayor volumen de crédito teóricamente sano en relación a su inversión crediticia total son, sin contar el intervenido Banco de Valencia, el Banco Popular y el Pastor, ambos en proceso de fusión, una operación que pueden aprovechar para sanear en parte su balance.


Bruselas pronostica que el déficit público llegará al 6,4% este año

Posteado por on Viernes, 11 mayo, 2012

Ni los drásticos recortes de gasto, ni las fuertes subidas de impuestos, ni la reforma financiera ni la laboral. España incumplirá este año la meta de déficit público, según las previsiones que ha presentado la Comisión Europea. El agujero se irá en 2012 hasta el 6,4% del PIB, más de un punto por encima del objetivo fijado por Bruselas, y al 6,3% en 2013, lo que duplica el 3% esperado. Ante este desfase, el Ejecutivo comunitario se ha emplazado a final de mes para confirmar si harán falta más recortes para cumplir con el déficit o si accederá a ampliar los plazos para recuperar la consolidación presupuestaria. O ambas cosas a la vez.

“Tenemos confianza en España, pero quedan asuntos por afrontar, como los ajustes que deben presentar las comunidades autónomas, y el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que acabarán en déficit”, ha señalado en conferencia de prensa Rehn tras las presentación de las líneas maestras del informe. Las comunidades presentarán los ajustes a los que hizo referencia Rehn este mes de mayo. En la Seguridad Social, el Gobierno mantiene contra viento y marea que acabarán en equilibrio, pese al desfase creciente en cotizaciones sociales, pensiones y prestaciones por desempleo sobre lo presupuestado.

Con los planes de ajuste de las regiones ya sobre la mesa, el responsable de Economía de la Comisión ha aplazado al 30 de mayo, cuando el Ejecutivo europeo ofrecerá sus propuestas por países para el próximo semestre, la respuesta a cuál será el camino a seguir para España. “Es en ese momento cuando podremos decir si hacen falta y en qué medida se necesitan más medidas de carácter presupuestario”, ha afirmado Rehn al ser preguntado sobre si, ante el nuevo cuadro de previsiones, optarán por retrasar un año los objetivos de déficit.

Las proyeccciones económicas conocidas esta mañana son aún peor que las que dio la Comisión en noviembre pasado, cuando vaticinaba un desfase del 5,9% para 2012. Entonces no se tuvo en cuenta ni la notable desviación presupuestaria de 2011 ni el inicio de otra recesión. Pero tampoco el enorme ajuste que ha planteado el Gobierno, a través del Presupuesto de 2012 y de recortes en sanidad y educación, para contrarrestar esa situación y llegar este año a la meta fijada del 5,3%.

“Tiempos difíciles por delante”. Así es como abre Bruselas su informe sobre España, que le arma de razones para ampliar los plazos de reducción del déficit al sacrosanto 3% del PIB pese a que esta mañana Rehn no ha querido ni mencionar esta posibilidad. Para el año próximo el déficit será del 6,3% del PIB, aunque ese dato es menos importante: las previsiones de la Unión no reflejan la anunciada subida del IVA, ni el calendario de reformas y recortes, ni las líneas maestraas del presupuesto para ese año que ya dispone Bruselas. En la evolución del PIB (-1,8%) y de la tasa de paro (24,4%) este año hay una coincidencia casi absoluta con las previsiones del Gobierno. No ocurre así con los vaticinios para 2013, más pesimistas: el paro escalaría, según Bruselas, al 25,1%. Y el PIB caería otro 0,3%, aún sin incluir el efecto de nuevos ajustes. La deuda pública se irá en 2013 hasta el 87% del PIB, muy cerca ya de la media europea, en lo que supone el final de una de las únicas ventajas comparativas de las que ha disfrutado España desde que arrancó la crisis.

Los datos son demoledores y demuestran que la austeridad a rajatabla provoca los mismos efectos en Grecia que en Portugal o España. La recesión es peor de lo esperado.  El desempleo se acerca a toda velocidad a los seis millones de parados. La desconfianza en la banca española está en máximos. Y la gran bandera del Gobierno del PP, el rigor fiscal, ni siquiera da los frutos esperados: frente al objetivo del 5,3% para este año, el déficit se irá hasta el 6,4%; en 2013, el objetivo del 3% es prácticamente inalcanzable. Sin ajustes adicionales, se marcharía, según Bruselas, hasta el 6,3%. Y si el Gobierno hace todo lo que está en su mano para bajar a ese 3%, sería una especie de suicidio económico, según muchos analistas. “La contracción de la economía española alcanzará su máximo nivel en el segundo semestre de 2012, al reflejar el impacto de los esfuerzos de consolidación. La tasa trimestral del PIB podría volver a ser positiva en 2013, pero eso  [la salida de la recesión] está sujeto a las futuras medidas de ajuste”, reza el informe de la Comisión. Bruselas advierte además que la reforma laboral, bien recibida por los funcionarios europeos, añade incertidumbre en los próximos meses: “Provocará un crecimiento más moderado, incluso reducción de salarios y más destrucción de empleo a corto plazo”.

La Comisión Europea ya ha dado a entender que España, al igual que otros países, podría obtener un año más de margen para suavizar la senda de reducción del déficit a la vista de que parece inalcanzable. De esa manera, el 3% para 2013 se retrasaría hasta 2014. España cumple todas las condiciones que exige la UE (básicamente, una recesión profunda y duradera y la adopción de medidas de recortes y de reformas), pero eso no lo es todo: Bruselas exige un quid pro quo para que eso ocurra, con varias condiciones necesarias. A saber: auditorías independientes para todo el proceso de reestructuración bancaria; rapidez en todo ese proceso, empezando por Bankia; un control férreo de las cuentas de las comunidades. Y lo más importante: la Comisión exige que haya voluntad política por parte de España y de sus socios, y ni siquiera el Gobierno español ha dado muestras de querer esa flexibilidad. Rehn aseguró en la conferencia de prensa que a finales de este mes se decidirá si se amplía el plazo para cumplir el objetivo de déficit o se requieren nuevas medidas de ajuste

“¿A qué espera España para pedir esa flexibilización ahora que también otros países van a necesitarla? ¿A qué espera para presentar todas las medidas que ha anunciado en un solo paquete que demuestra que encara los problemas con contundencia?”, se pregunta una alta fuente comunitaria. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a este diario el pasado sábado, cuando Bruselas dio muestras de una posible flexibilización, que España “va a cumplir con el 5,3% este año y con el 3% el año próximo, aunque la Comisión flexibilice los objetivos de déficit”.