Noticias de europa

El Gobierno español tiene un “compromiso absoluto” con el recorte presupuestario. Pero considera un suicidio pasar de un déficit del 8% del PIB en 2011 al 4,4% este año (lo que supone un tremendo tijeretazo, de unos 40.000 millones), tal y como marca el calendario aprobado por la Comisión Europea. Tras amagar varias veces con un golpe parecido, el Ejecutivo ha diseñado ya una estrategia encaminada a presionar para que esa cifra se renegocie: el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, pedirán a Bruselas una suavización de ese compromiso en el plazo máximo de 10 días. El objetivo es que el déficit de 2012 se sitúe unas décimas por encima del 5%, según explicaron fuentes del Gobierno.

Eso supondría recortes algo inferiores, de unos 30.000 millones, pero aún muy sustanciales: el primer ajuste de Rajoy ascendía a unos 15.000 millones entre rebaja de gasto y fuertes subidas de impuestos. Quedaría por delante un recorte equivalente en un ambiente de agitación social por la reforma laboral aprobada hace unos días y con la economía camino de una profunda recesión. La alternativa es inquietante: aún más ajuste y, como consecuencia, mayor caída del PIB y más paro.

El calendario apremia. La Comisión presentará mañana sus previsiones de crecimiento para España, que a buen seguro van a ser “más pesimistas” que las del pasado otoño, según explicó el propio Guindos a los periodistas en Bruselas. En octubre, Bruselas vaticinó que España crecería el 0,7% este año, pero el horizonte ha cambiado radicalmente —para mal— desde entonces, con la economía en caída libre, el mercado laboral camino de los 5,5 millones de parados y la demanda interna hundida. El Banco de España pronostica una recesión del 1,5% para 2011; el FMI, del 1,7%. En sus declaraciones públicas, Guindos fue cauto y aseguró que el Ejecutivo tiene previsto “iniciar el proceso de análisis” para debatir “las implicaciones de estas nuevas proyecciones”.

Pese a esa cautela, España tiene claro que debe frenar la senda de rebaja del déficit ante la constatación de que la sangría económica no haría más que agravarse. Y cuenta con que en el resto de Europa el problema es parecido. El viento ha cambiado: los recortes eran y son la primera prioridad, pero gana peso la opinión de que un exceso de austeridad condena a Europa a un largo estancamiento. No se trata de una pelea en la que España esté sola: 12 países, entre los que están Italia, Reino Unido y España —pero no Alemania y Francia—, suscribieron el lunes una carta que supone una especie de desafío a la posición alemana respecto a que los recortes deben anteponerse a la reactivación económica. Monti, el inspirador de esa misiva, ha asegurado que si incumple sus objetivos de déficit como consecuencia de una recesión más profunda no planteará un nuevo paquete de austeridad. España parece interesada en que esa línea acabe minando el fundamentalismo por los recortes que defiende Berlín y que ha calado en Bruselas.

“España ha hecho reformas y recortes sustanciales en 2011; los de 2012 serán aún más notables”, según un portavoz de Economía. Esa será la principal arma de negociación en Bruselas. El tiempo apremia: España debe presentar el techo de gasto en los primeros días de marzo, y para ello debe saber, o al menos entrever, si Bruselas acepta o no una flexibilización del déficit. Tras el techo de gasto, hay que elaborar los Presupuestos y enviarlos al Congreso la última semana de marzo. Antes de finales de abril, España deberá remitir el programa de estabilidad 2012- 2014 a Bruselas. Y en junio la Comisión dictaminará acerca de los Presupuestos de 2012 y del programa de estabilidad: lo habitual es que no se hagan excepciones y que si se modera la senda de reducción del déficit, eso beneficie a la mayoría de los países. Pero para entonces ya sería tarde para España, que debe cerrar antes los Presupuestos.

Rajoy tiene previsto contactar con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, con quien ya abrió fuego en la última cumbre: obtuvo esperanzadores insinuaciones como respuesta acerca de una posible flexibilización. Paralelamente, Guindos propondrá esa medida al comisario Olli Rehn, a pesar del encontronazo de los últimos días. Rehn recordó a España la semana pasada que el objetivo del déficit sigue siendo el 4,4% del PIB y que se está retrasando en la presentación de los presupuestos a causa de las elecciones en Andalucía y Asturias. Las aspiraciones de España pasan por atacar con éxito ese enroque de Bruselas.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, se ha mostrado hoy a favor de la “dación en pago” -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, solo en el caso de que la medida sea acatada por una entidad de forma voluntaria. El presidente de la patronal cree que las entidades podrían actuar “por razones humanitarias o las que quieran”, aunque ha pedido que se distinga entre el plano asistencial y social y el inmobiliario. “No es lógico que para ayudar a una familia haya que modificar el marco legislativo que ha funcionado bien para el 85% de las familias durante muchos años”, ha indicado el presidente de la AEB.

En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Martín ha explicado que la “dación en pago de forma retroactiva” sería una opción “muy dañina para la organización del mercado inmobiliario y para la cotización de las titulizaciones hipotecarias” y con la que “no podría estar de acuerdo”.  Martín admitió que el sector está dispuesto  a realizar “esfuerzos adicionales” en este campo, aunque no concretó cuáles eran exactamente. Mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, responde a una pregunta en el Congreso sobre los avances que ha hecho el Gobierno con el sector financiero en este campo y se espera que “anuncie sus líneas maestras al respecto”. Ante la pregunta de si la AEB ha mantenido contacto con el Ejecutivo, Martín ha precisado que tanto los bancos, como el mismo han “hablado de la orientación del mercado hipotecario, pero no de este asunto en concreto”.

Por otro lado, Miguel Martín dijo que esperaba que el Banco de Valencia “desaparezca. No me avergüenza, pero es lo que le debe pasar a todas las entidades no viables, como siempre hemos pedido”. Criticó al Gobierno anterior por haber mantenido entidades inviables con dinero público. “Algunas han recibido recursos del FROB 1 y del FROB 2 y siguen sin pasar los examen”, se lamentó. 

Por otro lado valoró positivamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque “abre una oportunidad” para la creación de empleo. “Yo no sé si es una reforma suficientemente profunda porque no soy experto, pero lo que sí sé es que se abre una oportunidad para que el sistema laboral español se aproxime a los sistemas laborales europeos, sobre todo al alemán, y tengamos una oportunidad para acelerar la creación de empleo”, insistió.

El Gobierno ha salido al paso del escándalo social que están provocando los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la banca entre las que existen recomendaciones al sector y medidas legales. Entre las peticiones están que se retrase dos años el desalojo de las familias sin ingresos, que se admita la dación en pago “para quienes la vivienda sea su único bien en propiedad” y para quienes “exigirles algo más allá es excesivo”, dijo Guindos, y que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses. La reforma legal que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios “que son claramente excesivos”.

El Gobierno respondió a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Izquierda Unida-Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó. Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela ha criticado que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen “muchas condiciones” para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el “código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron”, ha propuesto que quien “cobre el 10% del presidente de la entidad” que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

Dos días después de que la reforma laboral entrara en vigor, Antonio Vega la sufrió en primera persona. A las ocho menos diez del martes 14 de febrero, su empresa le entregó una carta justificando su despido por registrar una caída de ingresos durante tres trimestres seguidos. Redur Transporte, que ha declinado dar su versión tras dos llamadas telefónicas, ya llevaba un tiempo intentado prescindir de Antonio, según explica. En diciembre, le habían ofrecido una indemnización de poco más de 20 días por año trabajado. Él no aceptó. Quería 45, los que le correspondían en caso de despido improcedente.

“Cuando vi a la ministra [Fátima Báñez] explicar la reforma en la tele, supe lo que iba a pasar”, lamenta. Redur pudo despedir con bastante certeza a Antonio, de 36 años, porque la reforma permite justificar el despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades, si encadena una caída de ingresos durante tres trimestres. Además, a partir de ahora, la empresa no tendrá que justificar que lo hace para ser viable o mantener empleo. Se trata de un cambio que busca limitar el margen de actuación de los tribunales, que antes solían fallar en favor del trabajador, aunque desde la reforma de 2010 están cambiando de criterio.

No es el único cambio profundo. También lo es la supresión del despido exprés, que permitía despedir evitando los tribunales si asumía que no estaba justificado. Por este camino, fácil y rápido, aunque muy caro, llegaron el 60% de los despidos en 2011.

“Antes había un 90% de posibilidades de que un juez no le diera la razón al empresario. Ahora eso está más claro. Pero al desaparecer el despido exprés hay más incertidumbre y se incentiva la negociación”, explica Alberto Nadal, de CEOE. “Con la definición del despido económico, la tutela judicial queda muy reducida”, discrepa José Luis Aramburu, de UGT.

En la misma línea se expresa un magistrado con experiencia en temas laborales: “Nos han convertido en notarios. Ahora, si los ingresos de una empresa caen un euro, pese a que tenga ganancias y sea sólida, no se diferenciará de otra en pérdidas. Ya no podemos entrar en si la decisión es razonable o no”.

La supresión del despido exprés, que casi no dejaba margen para recurrir a los tribunales, hace pensar que la reforma laboral va a llevar más litigios a los tribunales. “Sí, porque va a haber más despidos”, explica otro juez de lo social. Abunda en esta tesis Martín Godino, del bufete laboralista Sagardoy Abogados: “Va a subir la judicialización, sobre todo porque se suprime la autorización administrativa de los despidos colectivos”. Precisamente, este cambio lleva a todas las fuentes consultadas para este reportaje a opinar que, a partir de ahora, el despido colectivo con 20 días de indemnización será la opción mayoritaria a la hora de rescindir contratos.

Discrepa de que este cambio y los otros supongan una mayor judicialización, el primer juez —ambos piden el anonimato— discrepa: “Sí que la habrá en la primera fase, pero luego cuando la gente vea que no hay mucho que hacer, no va a ser una opción”.

Antonio Vega recurrirá a los tribunales para pedir más indemnización. “Lo estoy preparando, tengo 20 días laborales”, explica. Quiere que se reconozca la improcedencia de su despido. Si lo logra, su indemnización se calculará a razón de 45 días por año trabajado hasta el día que se aprobó la reforma; para el resto del tiempo (dos días) se calculará a razón de 33 días por año.

Pero Antonio ya no podrá recibir los salarios de tramitación (el dinero que antes cobraba un trabajador cuando era despedido hasta que el juez fallaba en su favor). O, al menos, no estará en su mano. Solo los podrá recibir si la empresa pierde la demanda y acepta que Antonio vuelva a su antiguo puesto.

Este cambio es uno de los elementos que más atacan los detractores de la reforma para acusarla de desequilibrada. “Es uno de los mecanismos más perjudiciales para los trabajadores de la reforma”, analiza Aramburu, de UGT.

“Los salarios de tramitación desaparecen porque se acaba el despido exprés. Antes el tiempo jugaba en favor del trabajador, de ahí el despido exprés. Ahora, en cambio, juega en favor de los empresarios”, admite Godino, que forma parte de un bufete que suele defender a las empresas.

La desaparición de los salarios de tramitación es uno de los elementos que abaratarán las indemnizaciones por despido. Y además evitará que trabajadores y empresarios negocien y lleguen a un pacto antes de acabar en los tribunales. Así lo defiende el laboralista Luis Zumalacárregui, muy crítico con la reforma.

“Se puede pronosticar que las mediaciones van a bajar. Si es más fácil despedir por la clarificación de las causas del despido y no hay salario de tramitación, el empresario puede estar seguro de que va a ganar. ¿Para qué va a negociar?”, se interroga Julián Lobete, inspector de Trabajo y exdirector del Servicio de Mediación de Arbitraje.

El Banco Popular ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que emitirá hasta 1.128,2 millones de euros en bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones dirigidos exclusivamente a una oferta de canje para los titulares de las participaciones preferentes que tanto Banco Popular como Banco Pastor tienen colocadas entre inversores minoristas. Los bonos son contingentes convertibles, conocidos como cocos en el argot financiero. Aunque puede que se conviertan en acciones del Popular antes, en principio la conversión total no está prevista hasta pasados seis años desde su emisión. Ese es el plazo en que los que tienen preferentes podrían recuperar su dinero vendiendo sus acciones.

La oferta de canje se llevará a cabo por el 100% del valor nominal o efectivo de las participaciones preferentes. La emisión se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 11.282.279 bonos.

“La remuneración, los supuestos de conversión, la relación de conversión y el procedimiento de conversión se determinarán junto con los restantes términos y condiciones de la Emisión en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV. La conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, de acuerdo con los términos y condiciones que finalmente se determinen en la nota de valores”, ha explicado la entidad.

El Popular señala que sin perjuicio de la facultad del banco para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración, “está previsto que la conversión total de la emisión se produzca en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso”.

El banco explica que estos bonos incluirán determinados eventos en los que será posible su conversión total o parcial, por los que se consideraran parte del capital de máxima calidad que la EBA (Autoridad Bancaria Europea) exige. De esta forma, Banco Popular realiza una de las medidas ya anunciadas, que, según la entidad, le permitirán superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9% definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que Popular prevé superar con holgura dicho nivel y situarlo por encima del 10%.

Los bancos han aprovechado instrumentos híbridos como las participaciones preferentes para convertirlos en capital de primera calidad con diversas fórmulas. El Santander, el BBVA, el Sabadell, La Caixa o Bankia están entre las entidades que han realizado este tipo de operaciones, que en ocasiones han provocado la protesta de los inversores por las condiciones.

Las participaciones preferentes son un tipo de deuda subordinada que tiene carácter perpetuo. El problema es que a muchos inversores se les comercializó como una inversión segura, pero finalmente se han visto atrapados sin la posibilidad de rescatar su dinero o de hacerlo solo asumiendo fuertes pérdidas.

La matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), está considerado un banco malo porque es propietario de grandes superficies de suelo y de proyectos inmobiliarios en construcción, la mayoría adjudicados después de que sus dueños no pagaran los créditos. Además, posee el 28% en el Banco de Valencia, una entidad intervenida por su insolvencia. Todos estos activos se han deteriorado en el último año, por lo que la entidad ha propuesto a los auditores y al Banco de España sanearlos, es decir, realizar unas provisiones que no son otra cosa que anticipar pérdidas futuras. No obstante, responsables de BFA han dado por hecho a algunos expertos que la medida será aceptada.

El problema es que esta operación es de una enorme cuantía, ya que se eleva a 4.000 millones brutos, que se quedan en 2.800 millones netos. Además de estas cifras, el grupo deberá realizar cargas contra capital y provisiones por otros 5.000 millones en 2012, lo que le convierte en la entidad más afectada por la reforma.

Como la entidad no puede cargar contra beneficios (BFA ganó 193 millones hasta noviembre) los 2.800 millones, lo ha hecho contra sus recursos propios, es decir, contra su capital. Así, los fondos propios menguarán desde los 3.900 millones actuales hasta 1.100 millones, pero no entra en pérdidas, un asunto casi tabú en España. Tras esta caída, el core capital (el de más calidad), bajará hasta el mínimo establecido del 8% y la cobertura de los adjudicados sube al 68%.

La decisión tomada por la entidad presidida por Rodrigo Rato es polémica porque va contra el espíritu del real decreto de reforma financiera. La ley defendida por el ministro Luis de Guindos especificaba que las entidades no pueden cargar las nuevas provisiones contra capital. El objetivo es que no se escapen por esta vía las que tengan que realizar grandes provisiones y así eviten fusionarse con otras entidades.

“Lo que quiere la reforma es que se creen entidades fuertes y solventes y las que no cumplan lo marcado, que busquen las uniones para afrontar el futuro, que será complicado”, explicaron en el Ministerio de Economía cuando dieron a conocer la reforma. De hecho, para conseguir una prórroga de un año en el calendario de las provisiones era necesario realizar una fusión.

El hecho cierto es que Bankia ha esquivado el real decreto acogiéndose a la normativa contable internacional. Responsables de BFA y Bankia han explicado a los expertos que las normas internacionales de contabilidad permiten realizar ajustes contra capital un año después de realizar una fusión si cae el valor de los activos. La consolidación de BFA y Bankia se realizó en 2010 por lo que, según sus argumentos, lo pueden hacer en 2011. Una de las participaciones cuyo valor ha ido en picado ha sido el 28% del Banco de Valencia. BFA lo tiene valorado a cero, tras provisionar unos 425 millones.

El 16 de febrero pasado terminó la consulta del cambio en la circular del Banco de España sobre esta cuestión. Entonces, fuentes del Gobierno explicaron que los ajustes que se pueden hacer contra patrimonio por las normas contables son escasos y deben estar justificados, uno a uno, ante el supervisor. En el ministerio comentaron que el saneamiento contra capital debía ser de poca cuantía, aunque los de BFA son muy altos.

La única excepción para realizar provisones en dos años será para las entidades que hayan iniciado una fusión tras el 1 de septiembre de 2012. Este es el caso del Popular y el Pastor, así como la protagonizada por Sabadell y CAM.

Bancaja ha enviado un comunicado en el que anuncia que impugnará el acuerdo del consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia, conglomerado bancario al que pertenece. El consejo de administración de la entidad valenciana, en su reunión ordinaria celebrada esta tarde en Valencia, ha rechazado el acuerdo del consejo de administración de la matriz de Bankia, del 7 de febrero, ya que “supondría lesionar los intereses de Bancaja en el banco por un supuesto incumplimiento del contrato de integración”, explica la entidad. Banco Financiero y de Ahorros (BFA) solicitó el nombramiento de un perito que revisara la valoración del Banco de Valencia efectuada en el momento de la fusión con Caja Madrid. La iniciativa creó un fuerte malestar dentro del consejo de Bancaja, ya que interpretaron la maniobra como una operación de BFA para reducir el porcentaje de la entidad valenciana en Bankia.

Este acuerdo tomado hoy por Bancaja, señala el comunicado, se ha alcanzado tras recibir Bancaja el pasado 9 de febrero comunicación de BFA sobre la puesta en marcha de un procedimiento que contempla el nombramiento de un auditor. La entidad expresa “su posición firme de defensa de sus intereses en BFA al haberse realizado en su día, julio de 2010, todo el proceso de valoración y auditoría de todos los activos integrados en BFA con las máximas y mismas garantías”. Si se realizara la revisión y se determinara que banco de Valencia fue sobrevalorado, Bancaja podría perder peso en el conglomerado Bankia a favor de otros socios.

En el consejo de BFA donde se tomó la decisión de exigir la nueva valoración, según fuentes financieras, cinco de los seis representantes de Bancaja en el consejo  votaron a favor de la auditoría. En este sentido, Bancaja ha apuntado hoy que remitirá a los consejeros presentes en el consejo de BFA una comunicación, “exigiéndoles” que cumplan “las obligaciones inherentes a su condición de representantes de Bancaja en el órgano de gobierno del banco, y que subsanen cualquier situación de conflicto de intereses”. Además, la entidad ha aprobado también, en su reunión de esta tarde, la reincorporación de Aurelio Izquierdo a la entidad, como director financiero con la responsabilidad de la gestión y control del patrimonio de Bancaja.

La debilidad de la economía de la eurozona ha barrido las pocas ganancias con las que algunos mercados europeos han iniciado la jornada, un día después de cerrarse el segundo rescate a Grecia, que permitirá liberar 130.000 millones de euros que irán destinados a evitar la suspensión del pago de su deuda.

Los sectores industrial y de servicios de las economías que comparten divisa se contraen, de forma inesperada, en febrero, y confirman que la región está aún lejos de estar fuera de peligro. La lectura de febrero del índice compuesto PMI de gestores de compras, que elabora la firma de análisis económico Markit Economics, se situó en 49,7 puntos (frente a los 50,4 de febrero), lo que refleja una ligera contracción de la actividad empresarial, frente a la mínima expansión del mes anterior. Las expectativas apuntaban a un nivel de 50,4 puntos en este indicador, que por debajo de los 50 debe interpretarse como recesivo.

Todas las plazas europeas reflejaron con caídas el anuncio de este índice. El Ibex 35 confirmaba la tendencia bajista de la apertura, con una caída del 0,75%, igual que la Bolsa de Fráncfort, que cedía un 0,67% tras conocerse el último sensor de la actividad empresarial en la eurozona. Londres, París y Milán invirtieron su tendencia y borraron las ganancias de sus principales índices, convirtiéndose en pérdidas del 0,29%, el 0,36% y 0,51%.

Las primas de riesgo de las economías europeas más sacudidas por la crisis de la deuda pública encajaron inmediatamente el dato con alzas. El diferencial de la rentabilidad la deuda española a 10 años respecto a la alemana se disparaba a 318 puntos básicos, tras iniciar en 312 y el de la italiana escalaba a 356 puntos básicos, desde 345. La prima de riesgo portuguesa, llegó a subir a 1.058 puntos básicos, tras iniciar el día en 1.045, para luego quedarse en 1.050.

El euro sigue acusando la inestabilidad de la eurozona, con oscilaciones en el entorno de los 1,32 dólares. Poco después de la apertura de las Bolsas europeas llegó a cotizar a 1,3264 dólares (tras inicial la sesión en 1,3234 dólares), para caer hasta 1,3236 tras conocerse el indicador PMI.

El mercado de crudo sigue recogiendo la tensión geopolítica con Irán, que a partir de julio sufrirá el veto a sus exportaciones decretado por la Unión Europea. El barril de Brent se llegó a pagar en las primeras horas del día a 121,92 dólares, con lo que tocaba niveles de mayo del año pasado. Sin embargo, la constatación de la debilidad de las economías de la eurozona relajó la cotización del crudo de referencia en Europa hasta los 121,15 dólares.

También se ha conocido hoy los índices PMI de Alemania y Francia. En el caso de la primera economía europea, este indicador cayó a 52,9 puntos, frente a los 53,9 de enero (su máximo nivel en siete meses). Según el economista de Markit Tim Moore, este informe anticipa un “modesto” repunte del crecimiento del PIB tras la contracción experimentada en el último trimestre de 2011. Sin embargo, el sector industrial todavía sufre la debilidad de la demanda y se apoya en el trabajo pendiente para estimular la producción: “Los nuevos pedidos no toman impulso fundamentalmente a causa de la debilidad de la demanda externa, dado que las exportaciones han caído por octavo mes consecutivo”.

En Francia, el indicador PMI se situó en 50,6 puntos (frente a los 51,2 de enero), con un retroceso en la actividad de servicios, compensada por un tirón en el sector industrial, que creció por primera vez desde julio de 2011. Según el también economista de la citada firma de análisis Jack Kennedy, la economía gala parece asentar su crecimiento en el presente trimestre, tras un inesperado avance del 0,2% en los tres últimos meses de 2011.

La agencia de calificación Fitch ha recortado en dos escalones la nota de solvencia de Grecia tras el acuerdo de la UE para su segundo rescate y que incorpora a los acreedores privados. Según ha comunicado esta sociedad en un comunicado, el rating de la deuda del país mediterráneo pasa de CCC a C, lo que supone que hunde su calificación en el bono basura, un nivel solo apto para especuladores. De hecho, la nueva nota es la penúltima de la lista de esta agencia sin tener en cuenta los pasos intermedios, lo que supone que la deja a un paso del impago efectivo.

“La calificación de Bonos del Gobierno Griego (GGB) afectados por el canje, incluidos aquellos reestructurados bajo las CAC (…) será también reducida a D (de impago) en su momento”, añade el comunicado de Fitch que, con esta opinión, se suma a sus colegas de Standard & Poor’s, que a finales de enero daba por hecho que la quita iba a suponer un impago.

La banca deberá arrimar más el hombro de lo que esperaba en la reestructuración “voluntaria” de la deuda de Grecia. La quita asciende a un 53,5% del valor nominal, algo superior a lo previsto, y conducirá a una reducción de más de 100.000 millones del endeudamiento de Grecia. Al final, el sector financiero deberá rascarse el bolsillo: esas cifras suponen renunciar a un 75% del valor teórico actual de las inversiones en bonos griegos, al quedarse con deuda a plazos más largos e intereses más bajos.

Esta especie de suspensión de pagos pactada y encubierta, que debe formalizarse en los próximos días, es una pieza clave en los planes de Bruselas para reconducir la deuda pública griega a niveles sostenibles. Se espera una alta aceptación por parte de la gran banca, pero por si acaso Grecia aprobará con efecto retroactivo las denominadas cláusulas de acción colectiva, que obligarían a todos los inversores, voluntariamente o no, a acudir al canje de deuda: con ello, lo lógico es que en algunos casos se activen los seguros de impago contra la deuda (los bautizados como credit default swaps, o CDS). Ese era uno de los grandes temores, hace unos meses, al poner en marcha el efecto contagio en el sector financiero.

Satisfacción pese a todo

Y aun así la banca parece satisfecha. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que representa a los grandes bancos y ha negociado en su nombre la quita de deuda griega, avaló el acuerdo alcanzado en Bruselas, más exigente para los inversores privados. “Si concluye con éxito, el canje de bonos será la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia y podría llevar a la reducción de 107.000 millones de euros de la deuda griega”, señaló en un comunicado el IIF, que dirige Charles Dallara.

La propuesta de Grecia incluirá cupones “muy por debajo” de los habituales en el mercado, por lo que mejorará aún más la sostenibilidad de la deuda griega, señaló Dallara. Los nuevos bonos pagarán un tipo de interés del 2% de 2012 a 2015, del 3% de 2015 a 2020 y del 4,3% de 2020 a 2042. Los analistas consideran que intereses mayores hubieran impedido a Grecia volver al crecimiento. Pero el acuerdo es una especie de laberinto: por cada bono griego se condonará el 53,5% del importe principal; el 31,5% será canjeado por nuevos bonos griegos con vencimientos de entre 11 y 30 años, y el restante 15% serán títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) con un vencimiento de 24 meses.

Louka Katseli se encendía este martes en la silla de su despacho. Recién expulsada de su grupo parlamentario, el socialista Pasok, tras ser una de las parlamentarias rebeldes que votó contra el plan del segundo rescate a Grecia aquel domingo de discursos, disturbios y hogueras en Atenas, ayer no daba crédito: “Es un acuerdo sin sentido político ni económico, con unas medidas draconianas que agravan la recesión y van en contra del objetivo que se persigue y erosiona nuestra soberanía”, recalcaba Katseli, también exministra de Economía. El plan, asegura quien fuera la ministra de Trabajo hasta julio, “levanta la inmunidad sobre los activos y ahora, si hay un impago, los acreedores tiene derechos sobre los activos del Banco de Grecia, incluso del oro”.

Grecia entra en una suerte de minoría de edad económica dentro del hogar europeo. Los griegos supieron ayer que, finalmente, su Gobierno interino aceptó de madrugada que la troika formada por los inspectores de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) tendrá una representación permanente en el país para comprobar que los recortes sociales que acompañan al salvamento financiero se cumplen. Además, Atenas aceptó también tener una cuenta bloqueada para que el dinero recaudado se sirva para pagar los intereses y el principal de su deuda ante de sufragar cualquiera de sus gastos corrientes.

La política griega, ya propensa al drama, entró en ebullición. Al margen del Pasok y los conservadores de Nueva Democracia (ND), los dos grandes partidos que apoyaron el plan y siguen en el Gobierno de coalición, todas las formaciones políticas arremetieron contra el pacto. Como muestra a un lado y otro del espectro ideológico, para los comunistas se trata de “una quiebra ordenada para el país; una desordenada para la sociedad”, mientras que para los derechistas de Laos supone una “humillación”. Los sindicatos del sector público y privado, Adedy y GSEE, también reaccionaron y convocaron una manifestación, coincidiendo con el debate en el Parlamento para votar las últimas medidas de ajuste, los últimos tijeretazos en las pensiones y los sueldos que han desbloqueado el rescate. Es una segunda ronda de ayudas: créditos 130.000 millones de euros y una quita de unos 100.000 millones de la deuda en manos de la banca, pero los griegos rechazan frontalmente las condiciones.

La crisis griega da para mucho, incluso para oír al presidente de la Cámara de Comercio de Atenas, Constantine Michalos, bramar contra la rebaja del salario mínimo un 22% (superior al 30% en el caso de los menores de 30 años). “¿Cómo le dice a un joven que va a ganar menos de 500 euros?”, se preguntaba ayer en su despacho, al tiempo que alertaba de una fractura en la paz social. Michalos, ex secretario general del Ministerio de Finanzas, lamentaba que el acuerdo “se ha hecho con una pistola en la sien” y se mostró seguro de que “es un mal acuerdo, como el anterior, y fallará, como el anterior”.

En este ambiente, el líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, llamó a la convocatoria de comicios en abril. El Ejecutivo actual nació sin elecciones, en un acuerdo nacional de noviembre, tras la caída del socialista Yorgos Papandreu. A su juicio, el acuerdo alcanzado con Europa aleja el riesgo de bancarrota y “despeja el camino para las elecciones”, algo que preocupa mucho en Europa. Tanto Pasok como los conservadores de Samaras firmaron por petición de Bruselas el compromiso de que, gane quien gane, aplicarían las reformas y recortes sociales a los que está supeditado el rescate.

Hay un pero muy delicado: ambos partidos se han hundido en las encuestas realizadas después de ese domingo 11 de febrero en el que se votó el programa, aún a pesar de la deserción de decenas de sus parlamentarios. El descalabro mayúsculo es para Pasok, que pasa de una mayoría absoluta lograda con el 43% de los votos en 2009 a una estimación del 13,9% en el sondeo publicado en Ethnos, y del 11%, en el del Proto Thema. Nueva Democracia mengua del 33% de los votos al 24% y 18,3%, respectivamente. La matemática es clara y dice que no suman mayoría absoluta, mientras que las formaciones pequeñas contrarias al acuerdo crecen. Por eso gusta tan poco en Europa, sobre todo Alemania, que Grecia celebre elecciones en abril.

El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, insistió en que las condiciones del rescate no son “para festejar”, pero recordó que la “situación del país” no dejaba lugar a otra salida. “¿Qué habría pasado con los salarios y las pensiones si no hubiese habido acuerdo?”, se preguntó.

Katseli, hoy parlamentaria independiente, discrepa. “Si había margen para la negociación. Estoy segura de que nuestros socios no nos querían expulsar de la Eurozona y además, no hay bases legales para ello. Hay que revisar ese acuerdo para poder hacerlo creíble. “El Gobierno no ha sido capaz de presentar un plan alternativo propio”, añade.

El profesor de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini que este martes dio una conferencia en Atenas, aseguró que la permanencia de Grecia en el euro hará que la recesión se convierta en una depresión que empujará al país a la inestabilidad social y política. De momento, la gente volverá a la calle.

Grecia y el euro han ganado tiempo. Por el momento, se ha evitado la temida suspensión de pagos descontrolada del Gobierno de Atenas y/o su abandono del euro. El proyecto de la moneda única ha vuelto a lograr un respiro temporal. Después de una noche entera de intensas negociaciones, especialmente con los financieros privados, los ministros de Economía de la zona euro, la banca y el Gobierno griego alcanzaron un amplio acuerdo para estabilizar su economía. Grecia recibirá un nuevo paquete de ayudas públicas en un programa sometido a una rigurosa condicionalidad cuya ejecución será controlada por la permanente presencia de un equipo de funcionarios de la Comisión sobre el terreno que será aumentado y contará con el apoyo de expertos de los Estados miembros, según el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.

Grecia deberá asumir una pérdida de soberanía en materia presupuestaria. El dinero de las ayudas europeas se ingresará en una cuenta bloqueada que deberá dedicarse de forma prioritaria al pago de la deuda, lo que impedirá atender otros usos como el pago de salarios o pensiones. También deberá destinar de forma prioritaria al pago de su deuda los recursos obtenidos en su recaudación fiscal.

Para el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, el plan de salvación de Grecia tiene como objetivo “garantizar” su mantenimiento dentro de la zona euro. Para el primer ministro italiano, Mario Monti, el acuerdo “es un resultado importante que elimina los inmediatos riesgos de contagio”.

Los principales elementos del pacto son: un segundo paquete de ayudas de un volumen total de 130.000 millones de euros en nuevos créditos, que se suma al primer paquete de mayo de 2010 de 110.000 millones (de los que se han concedido un 70%); una renuncia “voluntaria” de la banca al 53,5% del valor nominal de los bonos griegos en su poder, lo que supone una reducción de la deuda de 107.000 millones y una aportación del sector público de 3.200 millones. De éstos, 1.400 millones proceden de la rebaja de los tipos de interés, con efectos retroactivos, de los préstamos concedidos hasta ahora por los Estados miembros. El resto, 1.800 millones, proceden de la renuncia de los beneficios obtenidos por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales en sus compras de bonos públicos griegos a bajo precio y que se venderán a su valor nominal.

De los 130.000 millones, España aportará unos 14.000 millones, algo menos del 12%. Las mayores partidas de este paquete se destinarán a concretar la operación de canje de bonos acordada con la banca (30.000 millones); a la recapitalización de la banca griega (30.000 millones) y 35.000 millones a la sustitución de bonos antiguos a corto plazo por otros nuevos, a plazos de hasta 30 años y menos interés. Los recursos para estimular el crecimiento y el empleo serán apenas perceptibles.

Guntram B. Wolff, investigador del centro de estudios Bruegel, destaca como principal ventaja del acuerdo que “una suspensión de pagos desordenada de Grecia se ha evitado y que la amenaza de Grecia de salir del euro ha desaparecido por ahora”. Pero señala con preocupación que “a Grecia todavía le falta una perspectiva de crecimiento. Mientras el acuerdo ha evitado un escenario catastrófico, la prioridad mayor ahora es ofrecer oportunidades de crecimiento”. En su opinión, “en última instancia este crecimiento tendrá que venir de las exportaciones”.

El objetivo del paquete de ayudas es rebajar el actual nivel de deuda del 160% al 120,5% en 2020. Hasta ahora, las cifras que se manejaban sólo permitían una reducción hasta el 129%. Pero un mayor sacrificio de la banca, aumentando sus pérdidas nominales del 50% al 53,5%, y el compromiso de rebaja de intereses de los Estados y las renuncias de las ganancias de los bancos centrales ha permitido llegar al 120,5%, aunque supeditado a todas las incertidumbres.

La posible participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el primer plan de ayuda se comprometió con 30.000 millones, está todavía pendiente de decidir por la dirección de la institución.

La UE cree que este acuerdo sobre un segundo plan de ayuda es más viable que los intentos fallidos en los meses de julio, octubre y diciembre pasados. Lo creen porque el recién aprobado está basado en previsiones más realistas y cuenta con más amortiguadores ante posibles incumplimientos. Como ejemplo de este mayor realismo cabe señalar que el plan de privatizaciones de bienes públicos griegos de 50.000 millones de euros, previsto en el programa anterior, se ha rebajado a 19.000 millones.

Las proyecciones de la Comisión Europea sobre crecimiento y empleo son también muy moderadas. Según Bruselas, la economía griega continuará en recesión en el año 2012 por quinto año consecutivo, con una contracción del 4,5%, lo que supondrá una reducción acumulada de actividad económica del 17%. Se prevé su estancamiento en el ejercicio 2013 y la vuelta al crecimiento en el año 2014.

En la misma previsión se pronostica un mantenimiento del desempleo en porcentajes elevados, del 18% este año y el siguiente, frente al 9% registrado en 2009. La tasa de paro empezará a descender lentamente para situarse en el 17% en torno al año 2015.

Los sindicatos de Spanair han firmado esta mañana el expediente de extinción de sus empleos. El ERE afecta a 2.597 trabajadores, que estarán formalmente despedidos el próximo lunes, cinco semanas después de la quiebra de la aerolínea. El ERE lo han firmado una veintena de representantes de siete sindicatos diferentes (administración, mecánicos, tripulantes, etc.), el administrador concursal y Eliseu Oriol, representante del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, que ha actuado como mediador. Solo los pilotos representados por el Sepla se han descolgado del acuerdo. Más allá del ERE, el Gobierno catalán se ha comprometido a poner en marcha una comisión de seguimiento durante un año, que velará tanto porque los empleados cobren cuanto antes las indemnizaciones del Fogasa como para que el Servicio de Ocupación canalice todas las ofertas de empleo del sector.

“Un máximo de 27.000 euros de indemnización que no cobraremos antes de seis meses…, el acuerdo es una basura, pero es lo que hay”, ha valorado el presidente del comité de Empresa y representante de los tripulantes de cabina, Ricardo Oso (USO). La firma, con todo, obedece a la necesidad que tienen los empleados de cobrar cuanto antes las nóminas que les deben (parte de la de enero y febrero entero). “O firmábamos hoy o nos hubieran pasado otros acreedores delante, como Hacienda o la Seguridad Social”, asegura Oso. Según los términos previstos, los ya ex empleados de Spanair comenzarán a cobrar el subsidio del paro a partir del mes de abril.

Oso ha explicado que los administradores han encontrado unos cuatro millones de euros en los números de Spanair. A la suma se llega entre lo poco que había en caja, el retorno de los aviones y una cuenta con 700.000 euros, explica. Sobre el cobro de enero (cuando los trabajadores solo ingresaron mil euros) y febrero, se hará un pago lineal, proporcional a los salarios de cada colectivo.

Spanair dejó de operar súbitamente el pasado 27 de enero al no poder hacer frente a sus problemas financieros. El lunes 31 presentó concurso de acreedores con una deuda de 474 millones. Además de los 2.500 empleados de la aerolínea, la quiebra ha arrastrado también a buena parte de la plantilla de Newco (1.150 de un total de 1.400), que prestaba los servicios de tierra a la aerolínea catalana.

France Télécom comienza a recoger rendimiento de su fuerte inversión en España tras la compra de Retevisión (Auna y Amena) en 2005. Orange, su marca comercial, mejoró en 2011 su rentabilidad pese a la crisis económica, ha superado a la filial polaca -la más poderosa del grupo francés- en ingresos y ha conseguido aumentar en casi 700.000 abonados su base de clientes.

Así, los ingresos en España durante el año 2011 ascendieron a 3.993 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. La filial española de France Telecom obtuvo un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 839 millones de euros, un 9,8% más que en el año anterior con una mejora de un punto en el margen sobre ingresos sobre el del año pasado (21% contra 20%).

La compañía ha conseguido cerrar el año 2011 con más de 13,7 millones de clientes, de los cuales, más de 12,478 millones son de telefonía móvil y 1,265 millones de banda ancha. En el segmento móvil, los ingresos ascendieron a 3.286 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior, debido, principalmente, al aumento en la base de clientes, a los ingresos por servicios de datos y a los que provienen de los operadores móviles virtuales que operan en la red de Orange. El Ebitda ascendió a 796 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior, mientras que el margen sobre Ebitda alcanzó el 24,2%.

Durante 2011, Orange consiguió 537.000 nuevos clientes de móvil, de los cuales, 477.000 son de contrato, lo que le ha permitido cerrar 2.011 con una base total de 12.478.000. Los clientes de contrato representan ya más del 61% de la base total y han aumentado un 6,7% respecto al año pasado. El pasado ejercicio, alcanzó un saldo neto positivo en el mercado de la portabilidad de más de 329.000 clientes netos, liderando este mercado en el último semestre del año.

Orange cuenta con un total de 3.190.000 clientes de banda ancha móvil que acceden a Internet a través de sus smartphones mediante las nuevas tarifas que incluyen voz y navegación; o de dispositivos USB, multiplicando por 2,3 la cifra del año anterior.

En la unidad de negocio fijo (llamadas e Internet), los ingresos alcanzaron los 707 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior y el Ebitda alcanzó los 43 millones de euros, un 167% más que el año anterior. Durante 2011, ha alcanzado un total de 150.000 nuevas altas de ADSL, de las cuales, más de 41.000 correspondieron al último trimestre. A final del año pasado, Orange contaba con 1.265.000 clientes de ADSL, un 13,5% más que el año anterior.

845 personas pasean por Facebook. Hablan, miran, oyen, recomiendan, pero no compran. Facebook es una red social sin igual, pero, de momento, un mal centro comercial. En un año, las principales cadenas de ropa de Estados Unidos han abierto tienda en la red y la han cerrado. El fenómeno recuerda aquel visto y no visto de Second Life.

“Nada que ver”, sentencia José Luis Zimmermann, director general de Adigital. “Second Life era difícil hasta de usar. No es el caso de Facebook, que es una gran vía de comunicación con los clientes; lo que está por ver es que también sea un lugar de venta directa”.

Privalia, un outlet de ropa en Internet, abrió escaparate en Facebook para desarrollar lo que se denomina social shopping. En la primera semana sus seguidores aumentaron de 22.000 a 70.000. Pero una cosa son seguidores y otra compradores. A la cadena norteamericana Gap le siguen en la red social casi seis millones de personas, pero acaba de cerrar en Facebook. Para pasarse la voz, sin duda Facebook es un vehículo imprescindible, para comprar, está por comprobar.

El director general de Vente-privée, Jacques-Antoine Granjon, no cree en las tiendas colocadas en las redes sociales. “Es cierto que son plataformas con mucho tráfico”, dice la portavoz de la compañía. “Es importante estar presente, pero a las marcas debe interesarles el tráfico propio a la tienda, no a través de terceros. Estamos en redes sociales con presencia de la marca, pero no tenemos fan-shops ni venta a través de estas plataformas. Cuidamos nuestro propio tráfico”.

Es el caso de Burberry. En septiembre de 2010, el 1,9% del tráfico a esa marca procedía de Facebook, un año después el porcentaje ha subido al 29,1%, según explica a Mashable Maureen Mullen, de la consultoría L2. Pero se desconoce las ventas realizadas en la re social.

Los vendedores quieren ir donde están los consumidores. Facebook permite hacer eso, pero el consumidor ha reaccionado como si Avon llamara a su parte cuando está viendo un Barca-Madrid. El lugar puede ser el mismo, pero el momento no. Y parece que la red social funciona como transmisor de información, como recomendador más que como centro comercial.

A comienzos de 2010 la rienda de ropa J.C. Penney abrió en Facebook. Hace dos meses que cerró. En abril abrió Gamestop  animada por sus 3,5 millones de seguidores. En octubre, la mayor cadena mundial de juegos, cerró su tienda en Facebook, confirmando que no es un problema de la ropa, sino de actitud, pues también ha decidido cerrar el quiosco de flores 1-800-flowers begin_of_the_skype_highlighting            1-800-flowers      end_of_the_skype_highlighting.

Un centro comercial por donde transitan 845 millones de personas, la web más visitada de Internet, es el sueño de cualquier comerciante; pero parece que el llamado F-commerce no funciona como destino de compras. No será un Amazon. “Muy poca gente visita una tienda en Facebook aunque sea un seguidor suyo”, explica Sucharita Mulpuru, analista comercial de Forrester Research.

Nordstrom también ha cerrado. “Un estudio realizado con GSI nos mostró que menos del 1% de los ingresos de los comerciantes era atribuible a las redes sociales”, escribe Mulpuru. Según un estudio de la consultora, el comercio electrónico de las redes sociales pasará de los 5.000 millones de dólares del pasado año a los 30.000 en 2015, la mayoría de la cantidad procedente de Facebook; una mínima cantidad, en cualquier caso, de la publicidad que esas marcas van a insertar en Facebook para que la gente vaya a sus tiendas.

Zimmermann, director general la Asociación Española de la Economía Digital, cree que hay que esperar a sacar conclusiones: “Hay que probar por si acaso, y ver”. Al parecer es lo que han hecho firmas norteamericanas de ropa como Old Navy o Banana Republic, que, además, han dado el siguiente paso: irse. “Al día de hoy yo no veo que Facebook sea un sitio de compras. Lo veo como un lugar de recomendaciones”, añade Zimmermann. “Creo que el mero traslado de la tienda de Internet a Facebook no va a funcionar. Hay que emplear otras estrategias. Hay que trabajar a esos seguidores, a los followers, para que se conviertan en compradores”, dice Zimmermann. “Ofrecerle descuentos, fidelizarlos de alguna manera; hay que darles algo más. Yo veo a Facebook como una vía de comunicación con los clientes, pero de momento, no una vía para vender”.

El director de Adigital, sin embargo, sí ve en la red social de moda, Pinterest, un componente más comercial que Facebook. “la gente coloca fotos de lo que compra o de lo que compran sus amigos. Han dado un paso más”.

La reforma laboral ha creado un consenso para calificarla como profunda. Se han modificado aspectos de la extinción del contrato de trabajo, lo que ha llevado a decir que se elimina el despido exprés, expresión que no existía en nuestro derecho, aunque paradójicamente la exposición de motivos del real decreto ley lo utiliza cinco veces.

El decreto modifica las consecuencias del despido. La indemnización derivada de la improcedencia ya no será de 45 días por año de servicio con el tope de 42 mensualidades, sino de 33 días con un máximo de 24 mensualidades para todo tipo de despido, objetivo o disciplinario (sin perjuicio del régimen transitorio para proteger expectativas indemnizatorias de trabajadores con contrato en vigor a la fecha de entrada en vigor).

Además, se eliminan los salarios de tramitación en el despido improcedente cuando la empresa opta por la indemnización. Si un despido es improcedente, la empresa debe readmitir o indemnizar al trabajador en cinco días. En caso de silencio, la opción es readmisión. Si se opta por esta (o si el despido es nulo, en cuyo caso solo cabe la readmisión) la empresa estará obligada a abonar los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. Tras la reforma, si opta por la indemnización, la empresa no deberá abonar salarios de tramitación. Antes del decreto, la improcedencia siempre conllevaba el abono de salarios de tramitación (independientemente de la opción).

Los salarios de tramitación tienen una naturaleza indemnizatoria compensatoria del periodo en que un trabajador despedido ha dejado de cobrar hasta la fecha de la sentencia. Naturaleza no exenta de complejidad porque se atribuye cierto carácter salarial que implica, por ejemplo, que estén sujetos a cotización a la Seguridad Social.

Hasta la entrada en vigor del decreto, la empresa, tras el despido y en 48 horas, podía reconocer la improcedencia del despido y consignar la indemnización en el juzgado, lo que paralizaba los salarios de tramitación. Esta figura dio lugar a que muchas empresas, ante el resultado incierto del juicio, reconociesen la improcedencia y consignasen la indemnización. Aunque, todo hay que decirlo, en numerosos casos también estaba motivado por la mera voluntad extintiva de la empresa sin fundamentarse en causa legal alguna.

Esta figura, coloquialmente denominada despido exprés, ha sido utilizada de forma exagerada. Y la exposición de motivos critica el uso que se ha dado a esa figura. La reforma, con la explícita pretensión de que las vías extintivas que decida la empresa respondan a causas reales y ciertas, facilita el despido aligerando el juego de las causas en el objetivo (artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores) y reduciendo el impacto de su coste con la eliminación de los salarios de tramitación y con la reducción de la indemnización.

En cualquier caso, conviene recordar que todo despido es exprés. En términos generales surte efecto desde el mismo momento de su comunicación. Por ello, tras la reforma surgen dudas sobre las posibilidades de llegar a acuerdos privados (y sobre sus efectos fiscales) sin esperar a la conciliación administrativa previa o en su caso a juicio, dudas que quizá deberían dar lugar a alguna modificación sobre este respecto en el trámite parlamentario.

Antonio Bermúdez es socio del área laboral de Cuatrecasas, Gonçálvez Pereira.

La contracción de la economía española puede ser más intensa aún este trimestre que en los meses de cierre de 2011, cuando el PIB bajó un 0,3%. Y la recesión se extenderá durante todo este año. Esas son las principales conclusiones del nuevo informe de predicciones distribuido ayer por el Instituto Flores de Lemus.

La estimación central de este centro, adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid, sitúa en el -0,8% la variación del PIB prevista para este año. Y apunta a un magro crecimiento del 0,1% para 2013. En ambos casos, el nuevo pronóstico del Instituto Flores de Lemus es consecuencia de revisar a la baja las anteriores predicciones.

Entre las causas de esa revisión, Flores de Lemus destaca “el empeoramiento de las previsiones hechas para todas las partidas de la demanda interna”, consecuencia de la mala evolución de consumo privado y gasto público en el cuarto trimestre de 2011. Y también, de lo que anticipan las encuestas de confianza de la Comisión Europea.

El informe desglosa por primera vez la evolución de la actividad económica por comunidades desde 1995. Y, de vuelta al terreno de las predicciones, prevé que solo Madrid y Canarias logren crecimientos interanuales positivos este trimestre.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto a Endesa Distribución Eléctrica dos multas por abuso de posición de dominio. El importe de las dos sanciones asciende a 23 millones de euros.El expediente que ha culminado en estas multas tiene su origen en una denuncia presentada por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, según el organismo supervisor. Como resultado de esta denuncia, la CNC ha declarado a la compañía “responsable de dos infracciones de abuso de posición de dominio”, una sancionada con 14,9 millones y otra con 8,1 millones.

El organismo señala en una nota que ambas infracciones tienen que ver con el mercado de las instalaciones eléctricas. Este mercado comprende la realización de las obras necesarias (acometida, enganche, extensiones o conexión) para la conexión de la red de distribución con las instalaciones receptoras de los usuarios finales. La normativa distingue entre las actividades de instalación que están reservadas a los distribuidores y las que no, indicaron desde Competencia, que agregó que la ejecución de las instalaciones no reservadas al distribuidor puede llevarse a cabo en libre competencia por cualquier instalador autorizado.

Respecto a la primera infracción, la CNC considera que Endesa “habría aprovechado su posición en el mercado de la distribución para distorsionar la competencia en el mercado conexo de las instalaciones no reservadas, en el que también opera”. “Endesa ha utilizado la información sobre las solicitudes de suministro a la que tenía acceso privilegiado por su condición de distribuidor para ofertar la ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas a los clientes de mayor tamaño del mercado”, agregó. Esta conducta dificulta que el resto de operadores presentes en el mercado de instalaciones pueda competir con Endesa Distribución en situación de mínima igualdad de condiciones en sus zonas de distribución por la parte más atractiva del mercado. Por esta infracción se ha impuesto a Endesa una multa de 14.967.960 euros.

Desde la CNC recordaron que no es la primera vez que las autoridades de competencia imponen multas por conductas como esta. En el año 2011, las distribuidoras de los grupos empresariales E.On, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico fueron multadas por un comportamiento similar, como también lo fue la propia Endesa en 2006 por realizar una conducta parecida en la Isla de Mallorca.

Respecto a la segunda conducta, el organismo subraya que Endesa ha abusado de su posición de dominio por cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de dos entronque y conexión de la instalación. La norma prevé que estos trabajos deben ser realizados por el distribuidor a su costa. Sin embargo, durante un determinado periodo la distribuidora cobró a los clientes por ello, lo que ha sido considerado un “abuso explotativo”. Por esta infracción se ha impuesto a Endesa una multa de 8.158.000 euros.

El empresario José María Ruiz-Mateos no ha acudido a su cita en los juzgados de Palma, donde estaba citado esta mañana por una querella de estafa en la compra de un hotel en Mallorca. Aunque su abogado ha alegado motivos médicos para justificar su enésima ausencia, la juez Ana San José ha advertido de que, al no personarse en la próxima sesión del juicio, ordenará su detención.

La defensa del encausado, sin embargo, no ha presentado formalmente la alegación por la falta de un documento. El hijo del empresario jerezano, Alvaro Ruiz-Mateos, implicado en el caso con otros cinco hermanos, se ha presentado ante los magistrados para prestar declaración.

La familia Hoz, quien vendió el hotel Samoa de Calas de Mallorca en 2006 al empresario y sus hijos, les acusa de no haber cumplido con el pago de los 21 millones de euros estipulados. Los presuntos afectados sostienen haber cobrado solo alrededor de 12 millones.

El patriarca y sus seis vástagos, que actuaron en calidad de avalistas solidarios en la compraventa, dejaron de pagar en 2010 y constituyeron una hipoteca de 16 millones sobre el inmueble, según las acusaciones.

Otras causas pendientes

José María Ruiz-Mateos compareció en los juzgados en enero por otros casos de estafa, aunque se negó a declarar. La causa de hoy es la tercera presentada en Baleares contra el fundador de Nueva Rumasa.

Los miembros de la familia encausados tienen prohibido salir del territorio nacional por decisión del juez Enrique Morell y están obligados en comparecer periódicamente en los juzgados. El patrimonio del clan Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, un centenar de obras de arte y vehículos de lujo, se encuentra actualmente embargado.

La Comisión Europea ha propuesto hoy suspender 495 millones de los fondos de cohesión para Hungría por no haber reducido su déficit excesivo, ha informado hoy el Ejecutivo comunitario.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha explicado en rueda de prensa que el colegio de comisarios ha tomado esta decisión después de que Hungría no tomará ninguna medida correctiva pese a las reiteradas advertencias de la Comisión.

En 2011, el déficit húngaro se situó oficialmente en el 3,6 %, pero la Comisión considera que la cifra responde a la inclusión de elementos excepcionales en el cálculo y de medidas puntuales que esconden que el porcentaje pudo alcanzar el 6%.

Rehn ha explicado que las suspensiones de fondos tendrán efecto en enero del año próximo y ha defendido que la medida “es proporcional,  justificada y preventiva”. “El objetivo es restaurar la confianza en la economía húngara”, ha apuntado el comisario económico.

En la misma línea, el comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, ha destacado que el objetivo de las medidas tomadas hoy “no es castigar, sino ser un incentivo para que Budapest ponga su casa en orden”. “La pelota está ahora en el campo de los húngaros”, ha añadido. El Ejecutivo comunitario también analizó recientemente los déficit de Bélgica, Chipre, Malta y Polonia, si bien concluyó que las autoridades habían tomado las medidas necesarias para reducirlos por debajo del 3% y, por tanto, consideraba que no son necesarias nuevas medidas.

Solo cuatro países miembros de la Unión Europea -Luxemburgo, Estonia, Suecia y Finlandia- no son objeto de un procedimiento por déficit excesivo. Por otro lado, la Comisión ha dejado claro que la propuesta de suspender las ayudas de cohesión “son un tema aparte” respecto a los expedientes que abrió el mes pasado contra Hungría por su nueva legislación constitucional, sospechosa de no respetar el acervo comunitario.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha desestimado “íntegramente” la demanda de responsabilidad social que Martinsa Fadesa presentó contra Manuel Jove, expresidente y primer accionista de la inmobiliaria, por la que le reclamaba 1.500 millones de euros.

En la sentencia, el juez titular, Pablo González-Carrero, “desestima íntegramente” la denuncia de Martinsa, que también se dirigía al exconsejero delegado de Fadesa Antonio de la Morena, y “absuelve” a éste y a Manuel Jove “de las peticiones que contra ellos se dirigieron”.

El magistrado argumenta que jamás hubo un plan previo a la venta de Fadesa para sobrevalorar los activos y que las fichas de 2006 de la compañía contenían información correcta y ajustada a la normativa urbanística del momento. González-Carrero sostiene además que el precio unitario de las acciones de Fadesa quedó “contractualmente fijado” en la fecha de venta, que se cerró en septiembre de 2006.

El juez apunta a que Martín encargó a la consultora inmobiliaria CBRE valoraciones posteriores, que demostraban que no había irregularidades. 

Martinsa Fadesa, grupo inmobiliario controlado y presidido por Fernando Martín, presentó en marzo de 2011, después de emerger del concurso de acreedores, una demanda de responsabilidad social contra los antiguos gestores de Fadesa por las “decisiones y actuaciones presuntamente dolosas o negligentes” que tomaron.

El fallo, que condena a Fenando Martín a pagar la costas del juicio, recuerda que contra este sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Para los abogados de Manuel Jove y Antonio de la Morena, la decisión de los magistrados significa que la demanda era “un enorme fraude procesal”, ya que no se basaba en “hechos, ni pruebas, ni tampoco fundamentos de derecho”.

Entre ellas, la demanda señalaba a la “incorrecta valoración de los activos inmobiliarios de Fadesa y otras irregularidades relacionadas con la situación patrimonial financiera de la compañía en diciembre de 2006″.